NUEVA YORK – Ya pasaron más de dos años desde que los líderes del G7 anunciaron un innovador acuerdo para repartir los impuestos sobre los beneficios de las corporaciones multinacionales. Fue un gran avance después de años de tensas negociaciones bajo los auspicios del Marco inclusivo de la OCDE y el G20, que luego adoptaron ese mismo acuerdo un año después.
El acuerdo, que establece un impuesto mundial mínimo del 15 % a las empresas independientemente de dónde funcionen, busca evitar el traslado de ganancias a través de paraísos fiscales y limitar las políticas de empobrecer al vecino para atraer inversión extranjera. Además creó un impuesto adicional para «cerca de 100 de las multinacionales más grandes y rentables para los países, garantizando que [esas empresas] tributen de manera justa dondequiera que funcionen y generen beneficios». El objetivo era obligar a los gigantes tecnológicos como Amazon y Google a pagar más impuestos a los países de acuerdo con dónde venden sus productos y servicios, tengan o no presencia física en ellos.
Pero parece que el consenso del acuerdo se va erosionando. Mientras la Unión Europea y otros miembros de la OCDE han comenzado a implementar el impuesto mundial mínimo acordado, el Congreso estadounidense rechazó ese enfoque el año pasado por temor a dejar a las empresas de su país en desventaja competitiva. De acuerdo con la Ley de Reducción de la Inflación, Estados Unidos optó en cambio por una tasa mínima alternativa del 15 % para las empresas que registren ingresos de más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos, un criterio que solo incluye a una pequeña cohorte de multinacionales estadounidenses.
NUEVA YORK – Ya pasaron más de dos años desde que los líderes del G7 anunciaron un innovador acuerdo para repartir los impuestos sobre los beneficios de las corporaciones multinacionales. Fue un gran avance después de años de tensas negociaciones bajo los auspicios del Marco inclusivo de la OCDE y el G20, que luego adoptaron ese mismo acuerdo un año después.
El acuerdo, que establece un impuesto mundial mínimo del 15 % a las empresas independientemente de dónde funcionen, busca evitar el traslado de ganancias a través de paraísos fiscales y limitar las políticas de empobrecer al vecino para atraer inversión extranjera. Además creó un impuesto adicional para «cerca de 100 de las multinacionales más grandes y rentables para los países, garantizando que [esas empresas] tributen de manera justa dondequiera que funcionen y generen beneficios». El objetivo era obligar a los gigantes tecnológicos como Amazon y Google a pagar más impuestos a los países de acuerdo con dónde venden sus productos y servicios, tengan o no presencia física en ellos.
Pero parece que el consenso del acuerdo se va erosionando. Mientras la Unión Europea y otros miembros de la OCDE han comenzado a implementar el impuesto mundial mínimo acordado, el Congreso estadounidense rechazó ese enfoque el año pasado por temor a dejar a las empresas de su país en desventaja competitiva. De acuerdo con la Ley de Reducción de la Inflación, Estados Unidos optó en cambio por una tasa mínima alternativa del 15 % para las empresas que registren ingresos de más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos, un criterio que solo incluye a una pequeña cohorte de multinacionales estadounidenses.