NUEVA DELHI – En la cumbre del G7 el mes pasado, la India se sumó a otros 11 firmantes —desde Canadá hasta Corea del Sur y la Unión Europea— en una declaración conjunta que afirma la «convicción que comparten sobre las sociedades abiertas, los valores democráticos y el multilateralismo». La declaración promociona el compromiso de los firmantes con las reglas internacionales y normas relacionadas con, entre otras cosas, «la libertad de expresión, tanto en línea como por otros medios» e identifica los «cortes de Internet con motivaciones políticas» como amenazas contra la libertad y la democracia. Según esta definición, ya no se puede considerar a la India como un modelo de los valores democráticos.
Conocemos el potencial de Internet para lograr el bien y los ciudadanos de la India no son la excepción: durante la devastadora segunda ola de la pandemia de la COVID-19, cuando fallaron los servicios públicos, los indios usaron las plataformas de redes sociales como Twitter y WhatsApp para hacer convocatorias abiertas de colaboración.
Los indios también usaron esas plataformas para organizar y movilizar el apoyo a protestas contra controvertidas reformas agrícolas y la enmienda a la Ley de Ciudadanía, que era discriminatoria. Pero el Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP), actualmente en el poder, consideró esto inaceptable y el gobierno del primer ministro Narendra Modi suspendió el acceso en línea reiteradamente, con la excusa de «mantener la seguridad pública».
Las normas, promulgadas en febrero sin consulta pública adecuada ni debate parlamentario, otorgan al gobierno indio vastos poderes para suprimir contenidos en línea. Entre ellos se cuenta la potestad de obligar a las plataformas tecnológicas a eliminar publicaciones o videos que se consideren difamatorios, que inciten al odio, engañosos, o que infrinjan la soberanía e integridad del país.
Las normas también ordenan a las empresas de redes sociales que nombren ejecutivos con sede en India, quienes podrían ser penalmente responsables por las infracciones. Y tal vez lo más polémico sea que los servicios de mensajería deben implementar la «trazabilidad» de todos los mensajes, poniendo fin a la encriptación de extremo a extremo que las plataformas como WhatsApp y Signal brindan a sus usuarios.
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Por supuesto, el gobierno indio insiste en que actúa con la mejor de las intenciones: poner freno al crimen, y proteger la seguridad de las mujeres y los niños en línea. De hecho, está haciendo exactamente lo opuesto, con su ataque a la encriptación de extremo a extremo, amenaza la seguridad de la gente en la India, incluidos los más vulnerables.
La encriptación es el mecanismo más sólido y difundido para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios de Internet. Esta tecnología, que garantiza que nadie más que el emisario y el destinatario puedan desencriptarla, es la opción de referencia para la seguridad en línea. Cuando se la debilita o inutiliza, aumentan los riesgos de explotación criminal, vigilancia ilegal y abuso, que amenazan tanto la seguridad personal como la nacional. No es simplemente un debate para optar entre la privacidad y la seguridad, el gobierno está sacrificando a ambas.
No sorprende que las nuevas normas hayan sido rotundamente criticadas. Twitter, cuyas oficinas en la India fueron objeto de una redada de la policía en mayo —después de que esa plataforma etiquetara un tuit oficial del gobierno como «información manipulada»— describió las normas como un «peligroso exceso».
WhatsApp, por su parte, inició acciones legales contra el gobierno indio argumentando que el requisito de trazabilidad es incompatible con la encriptación de extremo a extremo. Debido que la empresa no puede predecir cuáles serán los mensajes sujetos a un pedido de seguimiento, afirma la demanda, se verá obligada a identificar al remitente de cada uno de ellos, para siempre.
En última instancia, las normas son inconstitucionales, dice la demanda, porque infringen la privacidad sin cumplir la prueba de tres criterios establecida en un dictamen de la Corte Suprema en 2017: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Otras demandas que se oponen a la cláusula de trazabilidad replican estos argumentos.
Las empresas de tecnología no son, con mucho, las únicas en oponerse a esas normas informáticas. Tres relatores especiales de las Naciones Unidas —sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre los derechos de libre reunión y asociación pacífica, y sobre el derecho a la privacidad— instaron al gobierno indio a eliminar, revisar o reconsiderar aspectos de las normas. Como están redactadas, afirman los relatores especiales, las normas son contrarias a los derechos humanos internacionales consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado que la India ratificó en 1979.
La carta de los relatores destaca, además, que la formulación ambigua de las normas permitiría que se produzcan abusos y los expertos señalan que, encima de todos los riesgos que implica el requisito de trazabilidad para la seguridad y la privacidad, es muy poco probable que sea eficaz.
La India es la mayor democracia del mundo y es, para muchos, uno de los «decisores digitales» en los debates sobre normas cibernéticas, pero las decisiones del gobierno de Modi sobre Internet se oponen frontalmente a la declaración que firmó el mes pasado. La India debe recordar que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo.
Las opiniones aquí expresadas son personales y no reflejan la posición de la Internet Society.
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US Vice President J.D. Vance's speech at this year's Munich Security Conference made it clear that the long postwar era of Atlanticism is over, and that Europeans now must take their sovereignty into their own hands. With ample resources to do so, all that is required is the collective political will.
explains what the European Union must do now that America has walked away from the transatlantic relationship.
Donald Trump has upended seven decades of US foreign policy in a matter of weeks, leaving global leaders aghast and bewildered. But while his actions may seem unparalleled, there is a precedent for his political blitzkrieg: Mao Zedong, who had an even more impressive penchant for chaos and disruption.
sees obvious and troubling parallels between the US president and Mao Zedong.
NUEVA DELHI – En la cumbre del G7 el mes pasado, la India se sumó a otros 11 firmantes —desde Canadá hasta Corea del Sur y la Unión Europea— en una declaración conjunta que afirma la «convicción que comparten sobre las sociedades abiertas, los valores democráticos y el multilateralismo». La declaración promociona el compromiso de los firmantes con las reglas internacionales y normas relacionadas con, entre otras cosas, «la libertad de expresión, tanto en línea como por otros medios» e identifica los «cortes de Internet con motivaciones políticas» como amenazas contra la libertad y la democracia. Según esta definición, ya no se puede considerar a la India como un modelo de los valores democráticos.
Conocemos el potencial de Internet para lograr el bien y los ciudadanos de la India no son la excepción: durante la devastadora segunda ola de la pandemia de la COVID-19, cuando fallaron los servicios públicos, los indios usaron las plataformas de redes sociales como Twitter y WhatsApp para hacer convocatorias abiertas de colaboración.
Los indios también usaron esas plataformas para organizar y movilizar el apoyo a protestas contra controvertidas reformas agrícolas y la enmienda a la Ley de Ciudadanía, que era discriminatoria. Pero el Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP), actualmente en el poder, consideró esto inaceptable y el gobierno del primer ministro Narendra Modi suspendió el acceso en línea reiteradamente, con la excusa de «mantener la seguridad pública».
De hecho, desde que el BJP llegó al poder en 2014, bloqueó el acceso a Internet 521 veces. Pero, debido a que los cortes de Internet son un instrumento burdo, el gobierno está intentando establecer un control más continuo sobre la forma en que Internet funciona en el país, a través de las Normas sobre Tecnologías de la Información (Lineamientos para Intermediarios y Código de Ética para Medios Digitales), 2021.
Las normas, promulgadas en febrero sin consulta pública adecuada ni debate parlamentario, otorgan al gobierno indio vastos poderes para suprimir contenidos en línea. Entre ellos se cuenta la potestad de obligar a las plataformas tecnológicas a eliminar publicaciones o videos que se consideren difamatorios, que inciten al odio, engañosos, o que infrinjan la soberanía e integridad del país.
Las normas también ordenan a las empresas de redes sociales que nombren ejecutivos con sede en India, quienes podrían ser penalmente responsables por las infracciones. Y tal vez lo más polémico sea que los servicios de mensajería deben implementar la «trazabilidad» de todos los mensajes, poniendo fin a la encriptación de extremo a extremo que las plataformas como WhatsApp y Signal brindan a sus usuarios.
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Por supuesto, el gobierno indio insiste en que actúa con la mejor de las intenciones: poner freno al crimen, y proteger la seguridad de las mujeres y los niños en línea. De hecho, está haciendo exactamente lo opuesto, con su ataque a la encriptación de extremo a extremo, amenaza la seguridad de la gente en la India, incluidos los más vulnerables.
La encriptación es el mecanismo más sólido y difundido para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios de Internet. Esta tecnología, que garantiza que nadie más que el emisario y el destinatario puedan desencriptarla, es la opción de referencia para la seguridad en línea. Cuando se la debilita o inutiliza, aumentan los riesgos de explotación criminal, vigilancia ilegal y abuso, que amenazan tanto la seguridad personal como la nacional. No es simplemente un debate para optar entre la privacidad y la seguridad, el gobierno está sacrificando a ambas.
No sorprende que las nuevas normas hayan sido rotundamente criticadas. Twitter, cuyas oficinas en la India fueron objeto de una redada de la policía en mayo —después de que esa plataforma etiquetara un tuit oficial del gobierno como «información manipulada»— describió las normas como un «peligroso exceso».
WhatsApp, por su parte, inició acciones legales contra el gobierno indio argumentando que el requisito de trazabilidad es incompatible con la encriptación de extremo a extremo. Debido que la empresa no puede predecir cuáles serán los mensajes sujetos a un pedido de seguimiento, afirma la demanda, se verá obligada a identificar al remitente de cada uno de ellos, para siempre.
En última instancia, las normas son inconstitucionales, dice la demanda, porque infringen la privacidad sin cumplir la prueba de tres criterios establecida en un dictamen de la Corte Suprema en 2017: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Otras demandas que se oponen a la cláusula de trazabilidad replican estos argumentos.
Las empresas de tecnología no son, con mucho, las únicas en oponerse a esas normas informáticas. Tres relatores especiales de las Naciones Unidas —sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre los derechos de libre reunión y asociación pacífica, y sobre el derecho a la privacidad— instaron al gobierno indio a eliminar, revisar o reconsiderar aspectos de las normas. Como están redactadas, afirman los relatores especiales, las normas son contrarias a los derechos humanos internacionales consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado que la India ratificó en 1979.
La carta de los relatores destaca, además, que la formulación ambigua de las normas permitiría que se produzcan abusos y los expertos señalan que, encima de todos los riesgos que implica el requisito de trazabilidad para la seguridad y la privacidad, es muy poco probable que sea eficaz.
La India es la mayor democracia del mundo y es, para muchos, uno de los «decisores digitales» en los debates sobre normas cibernéticas, pero las decisiones del gobierno de Modi sobre Internet se oponen frontalmente a la declaración que firmó el mes pasado. La India debe recordar que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo.
Las opiniones aquí expresadas son personales y no reflejan la posición de la Internet Society.
Traducción al español por Ant-Translation