BERKELEY – Una nueva generación de políticas industriales está tomando arraigo en Estados Unidos. Con el liderazgo del presidente Joe Biden, el gobierno federal creó nuevos programas de gran importancia mediante la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura (USD 550 mil millones); la Ley de Semiconductores y Ciencia, o CHIPS (USD 280 mil millones); y la Ley de Reducción de la Inflación, o IRA (USD 394 mil millones). No se trata de medidas tradicionales que utilizan el gasto público para estimular la demanda sino, como explicó la secretaria del Tesoro Janet Yellen, de inversiones del lado de la oferta para impulsar la capacidad económica estadounidense, tanto en términos generales como en sectores clave, como los de semiconductores y energías renovables.
Aunque con disposiciones y procesos de financiamiento diversos, los tres programas se basan en un modelo público-privado que resultó fundamental para la competitividad estadounidense durante el último siglo. Están diseñados para atraer la inversión privada y acelerarla en vez de sustituirla. Así, una parte significativa del financiamiento —de hecho, la mayor, en el caso de las leyes IRA y CHIPS— se otorga como créditos fiscales para empresas.
Los programas fomentan además la implementación de cambios regulatorios más favorables —por ejemplo, para las autorizaciones y obras de proyectos de energía verde— por parte de los gobiernos estatales y locales, responsables de la mayor parte del desarrollo económico del país; y comparten diversas características que han definido un nuevo enfoque «sostenible y equitativo» para la política industrial. Entre ellas se cuentan el foco en el desarrollo económico regional basado en prioridades locales, con énfasis en el desarrollo de capacidades en comunidades marginadas; vínculos explícitos con la educación postsecundaria y el desarrollo de la fuerza de trabajo; y la integración intersectorial con servicios clave, como los de salud y educación.
BERKELEY – Una nueva generación de políticas industriales está tomando arraigo en Estados Unidos. Con el liderazgo del presidente Joe Biden, el gobierno federal creó nuevos programas de gran importancia mediante la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura (USD 550 mil millones); la Ley de Semiconductores y Ciencia, o CHIPS (USD 280 mil millones); y la Ley de Reducción de la Inflación, o IRA (USD 394 mil millones). No se trata de medidas tradicionales que utilizan el gasto público para estimular la demanda sino, como explicó la secretaria del Tesoro Janet Yellen, de inversiones del lado de la oferta para impulsar la capacidad económica estadounidense, tanto en términos generales como en sectores clave, como los de semiconductores y energías renovables.
Aunque con disposiciones y procesos de financiamiento diversos, los tres programas se basan en un modelo público-privado que resultó fundamental para la competitividad estadounidense durante el último siglo. Están diseñados para atraer la inversión privada y acelerarla en vez de sustituirla. Así, una parte significativa del financiamiento —de hecho, la mayor, en el caso de las leyes IRA y CHIPS— se otorga como créditos fiscales para empresas.
Los programas fomentan además la implementación de cambios regulatorios más favorables —por ejemplo, para las autorizaciones y obras de proyectos de energía verde— por parte de los gobiernos estatales y locales, responsables de la mayor parte del desarrollo económico del país; y comparten diversas características que han definido un nuevo enfoque «sostenible y equitativo» para la política industrial. Entre ellas se cuentan el foco en el desarrollo económico regional basado en prioridades locales, con énfasis en el desarrollo de capacidades en comunidades marginadas; vínculos explícitos con la educación postsecundaria y el desarrollo de la fuerza de trabajo; y la integración intersectorial con servicios clave, como los de salud y educación.