WASHINGTON, DC – En Estados Unidos se acaba de promulgar una ley de reforma financiera de amplio alcance –una respuesta emblemática a la crisis financiera más devastadora en décadas, que toma medidas importantes y esperadas respecto de cómo abordar las muchas flaquezas del sistema regulatorio y financiero estadounidense que dejó al descubierto la crisis.
Mientras la administración Obama y el Congreso de Estados Unidos extraían lecciones de la crisis y deliberaban sobre las reformas, el Fondo Monetario Internacional también evaluaba el sistema financiero norteamericano bajo el Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por su sigla en inglés). El FSAP se introdujo tras la crisis asiática a mediados de los años 1990 para permitir una evaluación objetiva de las fortalezas y debilidades de los sistemas financieros de los países, incluyendo en qué medida se ajustaban a los estándares internacionales. La última crisis global instó al G-20 a reafirmar la importancia de estos “chequeos” del FSAP a fines de promover la estabilidad global, y hasta ha comprometido a sus miembros a realizarlos en forma regular.
Entonces, ahora que Estados Unidos se ha sometido a este examen, ¿qué información importante ofrece sobre la salud del sistema financiero estadounidense y las recientes reformas regulatorias?
La revisión contiene muchas conclusiones positivas. Elogia a las autoridades estadounidenses por su accionar audaz y decisivo para detener el riesgo de un colapso sistémico durante un período de extrema agitación de los mercados. Si bien la crisis ha impuesto costos devastadores a nivel nacional e internacional, aparentemente los errores que condujeron a la Gran Depresión se han evitado.
Las autoridades estadounidenses también actuaron rápidamente para introducir una legislación de reforma que aborda las deficiencias que derivaron en la crisis. La sanción de la Ley Dodd-Frank por parte del Congreso representa un hito significativo en la reforma del sector financiero norteamericano. Según la nueva ley, se ha establecido un regulador del riesgo sistémico, se ha fortalecido la supervisión del sector bancario en las sombras y se han creado nuevos mecanismos para encarar la quiebra de instituciones no bancarias sistémicamente importantes.
Estas reformas ofrecen la base para un sistema financiero más seguro y más sólido. No obstante, la evaluación del FSAP resalta que la tarea aún no ha terminado y que todavía existe un trabajo crítico por realizar.
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En primer lugar, si bien se ha restablecido una amplia estabilidad financiera, y se ha aumentado significativamente el capital bancario como resultado de las “pruebas de resistencia” del año pasado, todavía existen varios puntos débiles. Ya que, aunque el crecimiento continúe a su ritmo actual, hará falta más capital, especialmente para los bancos pequeños y medianos.
Estas necesidades parecen manejables, pero, como nos recordaron los datos recientes en Estados Unidos y lo que acaba de suceder en Europa, la recuperación y la confianza siguen siendo frágiles, especialmente en el contexto de la elevada deuda pública. Si la economía se debilitara, la necesidad de capital bancario adicional podría ser importante.
En segundo lugar, la Ley Dodd-Frank representa un paso gigantesco hacia adelante en cuanto a la mejora de la regulación, tanto de las instituciones financieras individuales como del sistema en su totalidad. Pero se perdió una oportunidad importante de reformar las agencias de control estadounidenses, a la vez que no quedó claro si las brechas de larga data y los mandatos contradictorios que contribuyeron a la crisis realmente se han resuelto. La legislación ofrece un esqueleto para la nueva arquitectura regulatoria, y quedará a criterio del nuevo Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera cubrir esos huesos de músculos de supervisión: una mejora de la cooperación entre agencias, un ajuste de las reglas que rigen las instituciones sistémicamente importantes y una respuesta rápida y convincente a los riesgos sistémicos.
En tercer lugar, la reducción de los riesgos sistémicos exigirá una acción resuelta para asegurar que las instituciones financieras no sean demasiado grandes para quebrar. La nueva legislación toma medidas importantes en esta dirección, al exigirles a las firmas capital adicional y otros cargos de acuerdo con sus riesgos sistémicos, al reclamarles a las empresas sistémicamente importantes “testamentos en vida” de manera que se las pueda liquidar fácilmente y al introducir un marco de resolución especial en caso de que efectivamente quebraran. Pero estas medidas no pueden sustituir una supervisión consolidada fuerte y preventiva; las reglas y las regulaciones no pueden ser un sustituto de la “voluntad de actuar”.
En cuarto lugar, la reforma de las finanzas inmobiliarias en Estados Unidos sigue siendo una cuestión inconclusa. Las políticas públicas para subsidiar el préstamo hipotecario en Estados Unidos han sido costosas e ineficientes, al tiempo que alentaron una toma de riesgos excesiva, lo que ayudó a empujar el sistema hacia la crisis. Hoy se están formulando propuestas concretas para resolver esta situación, pero no se puede decir que el sistema financiero está reparado sin una resolución decisiva de las agencias hipotecarias patrocinadas por el gobierno en Estados Unidos y recortes significativos en los subsidios estadounidenses a los empréstitos hipotecarios.
En suma, las autoridades estadounidenses han hecho mucho para fortalecer el sector financiero. Su participación en la evaluación del FSAP –y el hecho de que aceptaran que se publiquen los resultados- habla de su compromiso con los esfuerzos globales por asegurar que la crisis de los últimos tres años no se repita. La verdadera prueba, sin embargo, gira alrededor de cómo se implementen las reformas recientes fronteras adentro y de cómo se las coordine a nivel internacional.
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By choosing to side with the aggressor in the Ukraine war, President Donald Trump’s administration has effectively driven the final nail into the coffin of US global leadership. Unless Europe fills the void – first and foremost by supporting Ukraine – it faces the prospect of more chaos and conflict in the years to come.
For most of human history, economic scarcity was a constant – the condition that had to be escaped, mitigated, or rationalized. Why, then, is scarcity's opposite regarded as a problem?
asks why the absence of economic scarcity is viewed as a problem rather than a cause for celebration.
WASHINGTON, DC – En Estados Unidos se acaba de promulgar una ley de reforma financiera de amplio alcance –una respuesta emblemática a la crisis financiera más devastadora en décadas, que toma medidas importantes y esperadas respecto de cómo abordar las muchas flaquezas del sistema regulatorio y financiero estadounidense que dejó al descubierto la crisis.
Mientras la administración Obama y el Congreso de Estados Unidos extraían lecciones de la crisis y deliberaban sobre las reformas, el Fondo Monetario Internacional también evaluaba el sistema financiero norteamericano bajo el Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por su sigla en inglés). El FSAP se introdujo tras la crisis asiática a mediados de los años 1990 para permitir una evaluación objetiva de las fortalezas y debilidades de los sistemas financieros de los países, incluyendo en qué medida se ajustaban a los estándares internacionales. La última crisis global instó al G-20 a reafirmar la importancia de estos “chequeos” del FSAP a fines de promover la estabilidad global, y hasta ha comprometido a sus miembros a realizarlos en forma regular.
Entonces, ahora que Estados Unidos se ha sometido a este examen, ¿qué información importante ofrece sobre la salud del sistema financiero estadounidense y las recientes reformas regulatorias?
La revisión contiene muchas conclusiones positivas. Elogia a las autoridades estadounidenses por su accionar audaz y decisivo para detener el riesgo de un colapso sistémico durante un período de extrema agitación de los mercados. Si bien la crisis ha impuesto costos devastadores a nivel nacional e internacional, aparentemente los errores que condujeron a la Gran Depresión se han evitado.
Las autoridades estadounidenses también actuaron rápidamente para introducir una legislación de reforma que aborda las deficiencias que derivaron en la crisis. La sanción de la Ley Dodd-Frank por parte del Congreso representa un hito significativo en la reforma del sector financiero norteamericano. Según la nueva ley, se ha establecido un regulador del riesgo sistémico, se ha fortalecido la supervisión del sector bancario en las sombras y se han creado nuevos mecanismos para encarar la quiebra de instituciones no bancarias sistémicamente importantes.
Estas reformas ofrecen la base para un sistema financiero más seguro y más sólido. No obstante, la evaluación del FSAP resalta que la tarea aún no ha terminado y que todavía existe un trabajo crítico por realizar.
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Estas necesidades parecen manejables, pero, como nos recordaron los datos recientes en Estados Unidos y lo que acaba de suceder en Europa, la recuperación y la confianza siguen siendo frágiles, especialmente en el contexto de la elevada deuda pública. Si la economía se debilitara, la necesidad de capital bancario adicional podría ser importante.
En segundo lugar, la Ley Dodd-Frank representa un paso gigantesco hacia adelante en cuanto a la mejora de la regulación, tanto de las instituciones financieras individuales como del sistema en su totalidad. Pero se perdió una oportunidad importante de reformar las agencias de control estadounidenses, a la vez que no quedó claro si las brechas de larga data y los mandatos contradictorios que contribuyeron a la crisis realmente se han resuelto. La legislación ofrece un esqueleto para la nueva arquitectura regulatoria, y quedará a criterio del nuevo Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera cubrir esos huesos de músculos de supervisión: una mejora de la cooperación entre agencias, un ajuste de las reglas que rigen las instituciones sistémicamente importantes y una respuesta rápida y convincente a los riesgos sistémicos.
En tercer lugar, la reducción de los riesgos sistémicos exigirá una acción resuelta para asegurar que las instituciones financieras no sean demasiado grandes para quebrar. La nueva legislación toma medidas importantes en esta dirección, al exigirles a las firmas capital adicional y otros cargos de acuerdo con sus riesgos sistémicos, al reclamarles a las empresas sistémicamente importantes “testamentos en vida” de manera que se las pueda liquidar fácilmente y al introducir un marco de resolución especial en caso de que efectivamente quebraran. Pero estas medidas no pueden sustituir una supervisión consolidada fuerte y preventiva; las reglas y las regulaciones no pueden ser un sustituto de la “voluntad de actuar”.
En cuarto lugar, la reforma de las finanzas inmobiliarias en Estados Unidos sigue siendo una cuestión inconclusa. Las políticas públicas para subsidiar el préstamo hipotecario en Estados Unidos han sido costosas e ineficientes, al tiempo que alentaron una toma de riesgos excesiva, lo que ayudó a empujar el sistema hacia la crisis. Hoy se están formulando propuestas concretas para resolver esta situación, pero no se puede decir que el sistema financiero está reparado sin una resolución decisiva de las agencias hipotecarias patrocinadas por el gobierno en Estados Unidos y recortes significativos en los subsidios estadounidenses a los empréstitos hipotecarios.
En suma, las autoridades estadounidenses han hecho mucho para fortalecer el sector financiero. Su participación en la evaluación del FSAP –y el hecho de que aceptaran que se publiquen los resultados- habla de su compromiso con los esfuerzos globales por asegurar que la crisis de los últimos tres años no se repita. La verdadera prueba, sin embargo, gira alrededor de cómo se implementen las reformas recientes fronteras adentro y de cómo se las coordine a nivel internacional.