LONDRES – Luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en Colombia (COP16) y en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29) en Azerbaiyán, nos encontramos en una encrucijada. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad no son solo amenazas inminentes; ya están aquí, exacerbando las desigualdades sociales, la inestabilidad económica y la degradación ambiental frente a nuestros ojos.
Si bien estos problemas nos afectan a todos, son causados, desproporcionadamente, por los países más ricos y perjudican más a los países más pobres. En su encuentro en Río de Janeiro esta semana, los líderes del G20 harían bien en recordar que sus países son responsables de alrededor del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero tanto actuales como pasadas y, por ende, deberían ser responsables de al menos el 80% de la acción climática. Los países necesitan un nuevo marco global, guiado por objetivos climáticos claros, que gobierne las políticas industriales y financieras, tal como recomendó el Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G20 para una Movilización Global contra el Cambio Climático.
Dada la persistente dificultad a la hora de movilizar fondos para combatir los desafíos relacionados con el clima, parte de este nuevo marco debe ser una nueva estrategia en cuanto a las finanzas globales. Para liberar los vastos recursos financieros necesarios para abordar las crisis climática, de biodiversidad y del agua, hace falta un modelo sólido de inversión pública global (GPI por su sigla en inglés).
Tenemos que empezar a pensar en la cooperación internacional como un esfuerzo colectivo en el que todos los países salgan beneficiados, contribuyan y tomen decisiones guiados por misiones compartidas. Las misiones desarrolladas en torno a objetivos claros y ambiciosos pueden galvanizar la inversión pública y privada y ofrecer una hoja de ruta para superar las barreras financieras que nos han venido obstaculizando el progreso.
La arquitectura financiera existente no está a la altura de la tarea de suministrar la financiación necesaria para el clima y la biodiversidad, que alcanzará una suma estimada de 2,4 billones de dólares por año de aquí a 2030. Los países ricos han incumplido repetidas veces sus compromisos de financiación, y las finanzas climáticas, en general, han sido fragmentadas e impredecibles, y han estado dominadas por inversiones privadas de corto plazo que priorizan las ganancias por sobre la estabilidad ambiental a largo plazo. Por su parte, los países en desarrollo han enfrentado costos de endeudamiento elevados y deudas crecientes que hacen que les resulte prácticamente imposible invertir en su propio futuro.
El resultado es un ciclo de inacción. Sin suficiente financiación pública, es difícil movilizar inversión privada para proyectos transformadores como la reforestación de paisajes degradados, la protección de arrecifes de coral o la construcción de infraestructura resiliente al clima. Los países más ricos siguen dando largas, tratando a menudo las finanzas climáticas como un acto de beneficencia y no como una inversión necesaria.
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Una estrategia basada en misiones y GPI puede cambiar esta dinámica. Las misiones son objetivos ambiciosos, claramente articulados y con plazos determinados que movilizan soluciones intersectoriales para problemas específicos, haciendo hincapié en los resultados, no en los rendimientos. Son ideales para abordar los desafíos que no necesariamente tienen soluciones tecnológicas predefinidas o ya conocidas. Generar las soluciones necesarias requiere de un enfoque ascendente que explore muchas opciones y movilice innovación, inversión y alianzas en toda la economía.
Las políticas orientadas a misiones pueden ayudarnos a virar la atención y el financiamiento de industrias, tecnologías o empresas específicas hacia desafíos compartidos, definidos por el sector público. De esta manera, todas las industrias y tipos de empresas con posibles soluciones pueden contribuir a un esfuerzo mayor. Por ejemplo, los responsables de las políticas podrían lanzar una misión para reducir la contaminación por plástico en los océanos el 90% para 2040, poner fin a la deforestación en el Amazonas para 2030, o recuperar al menos el 30% de los bosques y ecosistemas de aguas continentales degradados de aquí a 2030.
La idea es fijar objetivos audaces y claros que centren las mentes y los recursos en resolver los mayores desafíos de nuestro tiempo, y no en proyectos pequeños y fragmentados. Los gobiernos no deberían solo solucionar los fallos de mercado; deberían moldear activamente los mercados y guiar la inversión hacia áreas que beneficien a la sociedad y al planeta. Pero como esto no sucederá por sí solo, necesitamos aplicar un nuevo “marco de bien común” para los debates sobre políticas, particularmente en el contexto global.
Con este objetivo, la estrategia de GPI reinventa la manera en que financiamos las misiones públicas. En el sistema de hoy, las finanzas internacionales están movilizadas, en gran medida, por un modelo de donante-receptor. Los países ricos deciden cuánto dinero dar y los países más pobres deben competir por esos fondos. Es un sistema que refuerza los desequilibrios de poder y hace que a los países en desarrollo les resulte más difícil planificar para el largo plazo.
La estrategia de GPI pone patas para arriba este modelo. No solo propone que todos los países -más allá del nivel de ingresos- contribuyan a los bienes públicos globales como la estabilidad climática y la protección de la biodiversidad. De manera crucial, también involucra a todos los países en la toma de decisiones sobre dónde se invierte el dinero y cómo se lo distribuye, lo que permite que el Sur Global tenga una poderosa influencia en la asignación de recursos.
Esta estrategia se basa en tres principios. Primero, todos los países se benefician de un clima estable y de ecosistemas protegidos. Segundo, todos deberían contribuir en base a su capacidad, para que todos arriesguen algo en el juego. Tercero, todos deberían decidir, para que no sean solo los más ricos los que controlen cómo se gasta el dinero.
Al asociar las estrategias de GPI y basadas en misiones, podemos destrabar los fondos necesarios para cumplir con los objetivos globales de sostenibilidad. Mientras que una misión fija una meta audaz -como reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono en diez años-, el modelo de GPI ofrece el marco financiero -un sistema construido en base a una responsabilidad compartida y un beneficio mutuo- para que esto suceda.
La magnitud de la crisis climática y de biodiversidad suele compararse con los desafíos enfrentados después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan Marshall financiado por Estados Unidos ayudó a reconstruir la economía de Europa. Lo que el mundo necesita hoy es un Plan Marshall para el planeta: un esfuerzo coordinado e internacional para movilizar los fondos, el conocimiento y la tecnología necesarios para abordar las amenazas existenciales de nuestro tiempo.
El mundo tiene suficiente dinero; solo necesita estar mejor alineado. Solamente los bancos públicos de desarrollo tienen 22,4 billones de dólares en activos en gestión (de los cuales 20,3 billones de dólares están en bancos nacionales de desarrollo). Si los bancos multilaterales y nacionales de desarrollo cooperan para alcanzar objetivos compartidos, podrían brindar el estímulo que necesitamos para movilizar capital del sector privado en una escala mucho mayor.
No se trata solamente de salvar al planeta. Se trata de crear un mundo más justo y resiliente para todos. Estamos en esto todos juntos. Es hora de empezar a actuar en consecuencia.
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At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
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LONDRES – Luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en Colombia (COP16) y en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29) en Azerbaiyán, nos encontramos en una encrucijada. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad no son solo amenazas inminentes; ya están aquí, exacerbando las desigualdades sociales, la inestabilidad económica y la degradación ambiental frente a nuestros ojos.
Si bien estos problemas nos afectan a todos, son causados, desproporcionadamente, por los países más ricos y perjudican más a los países más pobres. En su encuentro en Río de Janeiro esta semana, los líderes del G20 harían bien en recordar que sus países son responsables de alrededor del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero tanto actuales como pasadas y, por ende, deberían ser responsables de al menos el 80% de la acción climática. Los países necesitan un nuevo marco global, guiado por objetivos climáticos claros, que gobierne las políticas industriales y financieras, tal como recomendó el Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G20 para una Movilización Global contra el Cambio Climático.
Dada la persistente dificultad a la hora de movilizar fondos para combatir los desafíos relacionados con el clima, parte de este nuevo marco debe ser una nueva estrategia en cuanto a las finanzas globales. Para liberar los vastos recursos financieros necesarios para abordar las crisis climática, de biodiversidad y del agua, hace falta un modelo sólido de inversión pública global (GPI por su sigla en inglés).
Tenemos que empezar a pensar en la cooperación internacional como un esfuerzo colectivo en el que todos los países salgan beneficiados, contribuyan y tomen decisiones guiados por misiones compartidas. Las misiones desarrolladas en torno a objetivos claros y ambiciosos pueden galvanizar la inversión pública y privada y ofrecer una hoja de ruta para superar las barreras financieras que nos han venido obstaculizando el progreso.
La arquitectura financiera existente no está a la altura de la tarea de suministrar la financiación necesaria para el clima y la biodiversidad, que alcanzará una suma estimada de 2,4 billones de dólares por año de aquí a 2030. Los países ricos han incumplido repetidas veces sus compromisos de financiación, y las finanzas climáticas, en general, han sido fragmentadas e impredecibles, y han estado dominadas por inversiones privadas de corto plazo que priorizan las ganancias por sobre la estabilidad ambiental a largo plazo. Por su parte, los países en desarrollo han enfrentado costos de endeudamiento elevados y deudas crecientes que hacen que les resulte prácticamente imposible invertir en su propio futuro.
El resultado es un ciclo de inacción. Sin suficiente financiación pública, es difícil movilizar inversión privada para proyectos transformadores como la reforestación de paisajes degradados, la protección de arrecifes de coral o la construcción de infraestructura resiliente al clima. Los países más ricos siguen dando largas, tratando a menudo las finanzas climáticas como un acto de beneficencia y no como una inversión necesaria.
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Una estrategia basada en misiones y GPI puede cambiar esta dinámica. Las misiones son objetivos ambiciosos, claramente articulados y con plazos determinados que movilizan soluciones intersectoriales para problemas específicos, haciendo hincapié en los resultados, no en los rendimientos. Son ideales para abordar los desafíos que no necesariamente tienen soluciones tecnológicas predefinidas o ya conocidas. Generar las soluciones necesarias requiere de un enfoque ascendente que explore muchas opciones y movilice innovación, inversión y alianzas en toda la economía.
Las políticas orientadas a misiones pueden ayudarnos a virar la atención y el financiamiento de industrias, tecnologías o empresas específicas hacia desafíos compartidos, definidos por el sector público. De esta manera, todas las industrias y tipos de empresas con posibles soluciones pueden contribuir a un esfuerzo mayor. Por ejemplo, los responsables de las políticas podrían lanzar una misión para reducir la contaminación por plástico en los océanos el 90% para 2040, poner fin a la deforestación en el Amazonas para 2030, o recuperar al menos el 30% de los bosques y ecosistemas de aguas continentales degradados de aquí a 2030.
La idea es fijar objetivos audaces y claros que centren las mentes y los recursos en resolver los mayores desafíos de nuestro tiempo, y no en proyectos pequeños y fragmentados. Los gobiernos no deberían solo solucionar los fallos de mercado; deberían moldear activamente los mercados y guiar la inversión hacia áreas que beneficien a la sociedad y al planeta. Pero como esto no sucederá por sí solo, necesitamos aplicar un nuevo “marco de bien común” para los debates sobre políticas, particularmente en el contexto global.
Con este objetivo, la estrategia de GPI reinventa la manera en que financiamos las misiones públicas. En el sistema de hoy, las finanzas internacionales están movilizadas, en gran medida, por un modelo de donante-receptor. Los países ricos deciden cuánto dinero dar y los países más pobres deben competir por esos fondos. Es un sistema que refuerza los desequilibrios de poder y hace que a los países en desarrollo les resulte más difícil planificar para el largo plazo.
La estrategia de GPI pone patas para arriba este modelo. No solo propone que todos los países -más allá del nivel de ingresos- contribuyan a los bienes públicos globales como la estabilidad climática y la protección de la biodiversidad. De manera crucial, también involucra a todos los países en la toma de decisiones sobre dónde se invierte el dinero y cómo se lo distribuye, lo que permite que el Sur Global tenga una poderosa influencia en la asignación de recursos.
Esta estrategia se basa en tres principios. Primero, todos los países se benefician de un clima estable y de ecosistemas protegidos. Segundo, todos deberían contribuir en base a su capacidad, para que todos arriesguen algo en el juego. Tercero, todos deberían decidir, para que no sean solo los más ricos los que controlen cómo se gasta el dinero.
Al asociar las estrategias de GPI y basadas en misiones, podemos destrabar los fondos necesarios para cumplir con los objetivos globales de sostenibilidad. Mientras que una misión fija una meta audaz -como reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono en diez años-, el modelo de GPI ofrece el marco financiero -un sistema construido en base a una responsabilidad compartida y un beneficio mutuo- para que esto suceda.
La magnitud de la crisis climática y de biodiversidad suele compararse con los desafíos enfrentados después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan Marshall financiado por Estados Unidos ayudó a reconstruir la economía de Europa. Lo que el mundo necesita hoy es un Plan Marshall para el planeta: un esfuerzo coordinado e internacional para movilizar los fondos, el conocimiento y la tecnología necesarios para abordar las amenazas existenciales de nuestro tiempo.
El mundo tiene suficiente dinero; solo necesita estar mejor alineado. Solamente los bancos públicos de desarrollo tienen 22,4 billones de dólares en activos en gestión (de los cuales 20,3 billones de dólares están en bancos nacionales de desarrollo). Si los bancos multilaterales y nacionales de desarrollo cooperan para alcanzar objetivos compartidos, podrían brindar el estímulo que necesitamos para movilizar capital del sector privado en una escala mucho mayor.
No se trata solamente de salvar al planeta. Se trata de crear un mundo más justo y resiliente para todos. Estamos en esto todos juntos. Es hora de empezar a actuar en consecuencia.