El Presidente Bush ha pedido a los estadounidenses que no "jueguen a hacer política" en este momento de terrible desastre nacional. Sin embargo, hacer preguntas difíciles a los líderes de nuestra nación es exactamente lo que exige la democracia cuando la respuesta del gobierno al huracán Katrina es vista ampliamente como una "desgracia nacional".
Katrina llegó con al menos dos días de advertencia, pero las autoridades esperaron hasta el último momento para dar la orden de evacuar. No había transporte para la gente sin automóviles o dinero, las instalaciones para albergar y atender a los refugiados eran insuficientes, no había fuerzas desplegadas para entregar provisiones que se necesitaban desesperadamente o para asegurar el orden, y no había una cantidad siquiera lejanamente suficiente de botes, helicópteros y otros aparatos necesarios para rescatar a quienes habían quedado atrapados.
Limitado por una Guardia Nacional con el 40% de sus efectivos en Irak, el ritmo de llegada del personal militar a las áreas más afectadas fue inusualmente lento. Durante cuatro días, sencillamente no hubo un centro claro de comando y control. Como resultado, innumerables personas sufrieron y murieron.
Gran parte de este fracaso es el resultado de las políticas de la administración Bush, que en la práctica erosionaron las capacidades de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la agencia de gobierno con la responsabilidad principal de enfrentar desastres. Obsesionado con la guerra contra el terrorismo y una ideología de privatización de las funciones del gobierno, la administración socavó sistemáticamente la capacidad de largo plazo de la FEMA para prevenir desastres o al menos aminorar su impacto cuando no es posible prevenir.
Se redujo su tamaño y categoría desde un puesto ministerial a estar bajo las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional. Su misión de planeamiento y preparación ante desastres fue abandonada por completo, y se cambió su foco para luchar contra los terroristas. Sus autoridades máximas no tenían experiencia en el manejo de desastres. El último director fue uno de los amigos políticos de Bush en Texas, y entre las calificaciones del actual director están sus funciones como comisionado de jueces y ayudantes de la Asociación Internacional de Caballos Árabes, donde se le pidió la renuncia por "fallas de supervisión".
Desde 2001, miles de millones de dólares fueron traspasados desde los fondos para manejo de desastres hacia seguridad interior y la guerra en Irak. Se aplicó una drástica reducción a programas claves de respuesta a desastres, y se cortó a la mitad el financiamiento federal para ayuda posterior a los desastres. También se redujo de manera importante el presupuesto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de diques en Nueva Orleans, incluidos los fondos dirigidos específicamente al Proyecto de Control de Inundaciones Urbanas del Sudeste de Louisiana. No se llevaron a cabo medidas preventivas para proteger a las personas y la propiedad, a pesar de la conclusión de la propia FEMA en 2001 de que un huracán de alta intensidad que azotara Nueva Orleans era uno de los "tres desastres más probables y catastróficos que puede enfrentar este país".
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Creyendo que la FEMA es un "programa con atribuciones sobredimensionadas" y que "no corresponde al gobierno proporcionar servicios", el primer director de la FEMA nombrado por Bush instituyó nuevos requisitos de subcontratación como parte de un importante plan de privatización. Esto causó una fuga de cerebros, ya que el personal de la FEMA con más experiencia pasó al sector privado.
La privatización también dejó a los estados y comunidades más pobres en una posición particularmente vulnerable. A medida que el dinero se restringía y los programas federales eran subcontratados a empresas privadas a tarifas más altas, sólo las comunidades y los estados más ricos y políticamente más importantes podían competir con éxito por los escasos subsidios federales para pagar los servicios.
Por ejemplo, Florida (con 16 más votos electorales que Louisiana y estado donde gobierna el hermano del presidente) recibió los fondos para proteger sus pantanales, como lo había solicitado. En contraste, se rechazó el pedido de fondos para paliar las inundaciones para una Louisiana más necesitada (con su asombroso índice de pobreza del 24%). Al haberse socavado la capacidad de Louisiana de protegerse a si misma y con un centro de socorro ante desastres profundamente debilitado, eran casi inevitables una respuesta gubernamental inadecuada y una destrucción innecesaria cuyo precio terminaron pagando los pobres.
Sin embargo, el fracaso de esta administración va más allá del desvío crónico e intencional de los recursos fuera de los tipos de políticas que mantienen a la gente a salvo del desastre. A pesar de la evidencia científica que demuestra que la mayor intensidad y frecuencia de los huracanes tiene relación con el cambio climático, la administración Bush se niega sistemáticamente participar en acuerdos internacionales de protección climática. En lugar de dar continuidad a la prohibición de realizar desarrollos urbanos en pantanales, instituida por administraciones anteriores, la administración Bush la revocó. Puesto que la erosión causada por el desarrollo urbano ha hecho que el Golfo de México esté hoy 20 millas más cerca de la tierra firme de lo que estaba en 1965, los huracanes pueden conservar más fuerza, y sus vientos y olas tienen más velocidad y poder destructivo.
De manera similar, la pérdida de los pantanales amenazó los diques de Nueva Orleans, que fueron construidos en el supuesto de que habría 40 a 50 millas de pantanos protectores como barrera entre la ciudad y el Golfo de México. A pesar de que todos los principales estudios realizados sobre el tema han mostrado que para proteger Nueva Orleans se necesitaba un gran programa de restauración costera y diques más altos, la administración permitió que las agencias federales dejaran de proteger 20 millones de acres de pantanales, permitiendo que las constructoras drenaran miles de acres y cortando en 2004 en más de un 80% el financiamiento para contener las aguas del Lago Pontchartrain.
Nueva Orleans es el canario en el túnel de la mina de Estados Unidos. Hoy es necesario cuestionar ideologías de la privatización que incapacitan un gobierno eficaz y permiten que los privilegiados se salven, mientras dejan a los pobres aferrándose a sus techumbres. Este desastre es un escalofriante recordatorio de lo que ocurre cuando el gobierno deja de proteger a sus ciudadanos, y es imperativo que los estadounidenses exijan responsabilidades. Las autoridades que no hicieron su trabajo deben ser despedidas, y las autoridades electas cuyas políticas agravaron la devastación producida por Katrina deben ser sacadas de sus cargos. Se lo debemos a los muertos y a los sobrevivientes.
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For decades, an efficiency-centered “economic style” has dominated public policy, overriding the concerns for fairness that animated the New Deal and Lyndon B. Johnson’s Great Society. Now, Americans must brace for economic governance that delivers neither efficiency nor fairness, only chaos.
highlights the high cost of the single-minded focus on efficiency that has come to dominate the discipline.
While some observers doubt that US President-elect Donald Trump poses a grave threat to US democracy, others are bracing themselves for the destruction of the country’s constitutional order. With Trump’s inauguration just around the corner, we asked PS commentators how vulnerable US institutions really are.
El Presidente Bush ha pedido a los estadounidenses que no "jueguen a hacer política" en este momento de terrible desastre nacional. Sin embargo, hacer preguntas difíciles a los líderes de nuestra nación es exactamente lo que exige la democracia cuando la respuesta del gobierno al huracán Katrina es vista ampliamente como una "desgracia nacional".
Katrina llegó con al menos dos días de advertencia, pero las autoridades esperaron hasta el último momento para dar la orden de evacuar. No había transporte para la gente sin automóviles o dinero, las instalaciones para albergar y atender a los refugiados eran insuficientes, no había fuerzas desplegadas para entregar provisiones que se necesitaban desesperadamente o para asegurar el orden, y no había una cantidad siquiera lejanamente suficiente de botes, helicópteros y otros aparatos necesarios para rescatar a quienes habían quedado atrapados.
Limitado por una Guardia Nacional con el 40% de sus efectivos en Irak, el ritmo de llegada del personal militar a las áreas más afectadas fue inusualmente lento. Durante cuatro días, sencillamente no hubo un centro claro de comando y control. Como resultado, innumerables personas sufrieron y murieron.
Gran parte de este fracaso es el resultado de las políticas de la administración Bush, que en la práctica erosionaron las capacidades de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la agencia de gobierno con la responsabilidad principal de enfrentar desastres. Obsesionado con la guerra contra el terrorismo y una ideología de privatización de las funciones del gobierno, la administración socavó sistemáticamente la capacidad de largo plazo de la FEMA para prevenir desastres o al menos aminorar su impacto cuando no es posible prevenir.
Se redujo su tamaño y categoría desde un puesto ministerial a estar bajo las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional. Su misión de planeamiento y preparación ante desastres fue abandonada por completo, y se cambió su foco para luchar contra los terroristas. Sus autoridades máximas no tenían experiencia en el manejo de desastres. El último director fue uno de los amigos políticos de Bush en Texas, y entre las calificaciones del actual director están sus funciones como comisionado de jueces y ayudantes de la Asociación Internacional de Caballos Árabes, donde se le pidió la renuncia por "fallas de supervisión".
Desde 2001, miles de millones de dólares fueron traspasados desde los fondos para manejo de desastres hacia seguridad interior y la guerra en Irak. Se aplicó una drástica reducción a programas claves de respuesta a desastres, y se cortó a la mitad el financiamiento federal para ayuda posterior a los desastres. También se redujo de manera importante el presupuesto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de diques en Nueva Orleans, incluidos los fondos dirigidos específicamente al Proyecto de Control de Inundaciones Urbanas del Sudeste de Louisiana. No se llevaron a cabo medidas preventivas para proteger a las personas y la propiedad, a pesar de la conclusión de la propia FEMA en 2001 de que un huracán de alta intensidad que azotara Nueva Orleans era uno de los "tres desastres más probables y catastróficos que puede enfrentar este país".
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La privatización también dejó a los estados y comunidades más pobres en una posición particularmente vulnerable. A medida que el dinero se restringía y los programas federales eran subcontratados a empresas privadas a tarifas más altas, sólo las comunidades y los estados más ricos y políticamente más importantes podían competir con éxito por los escasos subsidios federales para pagar los servicios.
Por ejemplo, Florida (con 16 más votos electorales que Louisiana y estado donde gobierna el hermano del presidente) recibió los fondos para proteger sus pantanales, como lo había solicitado. En contraste, se rechazó el pedido de fondos para paliar las inundaciones para una Louisiana más necesitada (con su asombroso índice de pobreza del 24%). Al haberse socavado la capacidad de Louisiana de protegerse a si misma y con un centro de socorro ante desastres profundamente debilitado, eran casi inevitables una respuesta gubernamental inadecuada y una destrucción innecesaria cuyo precio terminaron pagando los pobres.
Sin embargo, el fracaso de esta administración va más allá del desvío crónico e intencional de los recursos fuera de los tipos de políticas que mantienen a la gente a salvo del desastre. A pesar de la evidencia científica que demuestra que la mayor intensidad y frecuencia de los huracanes tiene relación con el cambio climático, la administración Bush se niega sistemáticamente participar en acuerdos internacionales de protección climática. En lugar de dar continuidad a la prohibición de realizar desarrollos urbanos en pantanales, instituida por administraciones anteriores, la administración Bush la revocó. Puesto que la erosión causada por el desarrollo urbano ha hecho que el Golfo de México esté hoy 20 millas más cerca de la tierra firme de lo que estaba en 1965, los huracanes pueden conservar más fuerza, y sus vientos y olas tienen más velocidad y poder destructivo.
De manera similar, la pérdida de los pantanales amenazó los diques de Nueva Orleans, que fueron construidos en el supuesto de que habría 40 a 50 millas de pantanos protectores como barrera entre la ciudad y el Golfo de México. A pesar de que todos los principales estudios realizados sobre el tema han mostrado que para proteger Nueva Orleans se necesitaba un gran programa de restauración costera y diques más altos, la administración permitió que las agencias federales dejaran de proteger 20 millones de acres de pantanales, permitiendo que las constructoras drenaran miles de acres y cortando en 2004 en más de un 80% el financiamiento para contener las aguas del Lago Pontchartrain.
Nueva Orleans es el canario en el túnel de la mina de Estados Unidos. Hoy es necesario cuestionar ideologías de la privatización que incapacitan un gobierno eficaz y permiten que los privilegiados se salven, mientras dejan a los pobres aferrándose a sus techumbres. Este desastre es un escalofriante recordatorio de lo que ocurre cuando el gobierno deja de proteger a sus ciudadanos, y es imperativo que los estadounidenses exijan responsabilidades. Las autoridades que no hicieron su trabajo deben ser despedidas, y las autoridades electas cuyas políticas agravaron la devastación producida por Katrina deben ser sacadas de sus cargos. Se lo debemos a los muertos y a los sobrevivientes.