SAN PAULO – En medio de una creciente crisis climática, el mundo ya no puede depender únicamente en los viejos modelos de desarrollo económico. En este contexto, va ganando cada vez más peso el concepto de una bioeconomía, es decir, actividades que producen relativamente pocas emisiones de carbono mediante la utilización de procesos de alto valor añadido. Sin embargo, los gobiernos y los actores de la sociedad civil enfrentan distintos obstáculos institucionales y económicos en el camino a una verdadera bioeconomía.
Considerando las tendencias de consumo energético globales históricas y de la actualidad, algunos países europeos y norteamericanos han decidido asumir seriamente la meta de desarrollar fuentes de energía renovables. Por otra parte, algunos países del Sur Global, donde la agricultura representa la principal fuente de emisiones con efecto invernadero y pérdida de la biodiversidad, enfrentan el reto de crear una bioeconomía basada en nuevos modelos agrícolas.
En este respecto, Brasil tiene un importante papel que desempeñar en la mitigación de los efectos del cambio climático, en particular la conservación de la gran biodiversidad que existe en los seis vastos biomas que cruzan su territorio. Entre ellos se encuentra la mayor parte de la selva amazónica, que es crucial para la estabilización de los ciclos pluviales y la producción de oxígeno global, entre otros beneficios. En vista de los alarmantes niveles de deforestación en el Amazonas en 2019, así como en la actual pandemia de COVID-19, se está haciendo cada vez más evidente un importante riesgo sistémico para el equilibrio climático mundial.
Para entender la historia del desarrollo agrario brasileño y las perspectivas del país de establecer un sistema agrícola sostenible para el siglo veintiuno, antes hay que comprender el papel que el estado ha asumido en la institucionalización de las normas, reglas y protocolos que contribuyen al ascenso y declive de las cadenas de valor agrícolas. Por ejemplo, los sectores de la soya y el ganado que se han expandido por grandes partes del Amazonas y el Cerrado (otro importante bioma brasileño) desde mediados del siglo veinte se han beneficiado directamente de los incentivos tributarios, subsidios a fertilizantes, acceso al crédito y apoyo de investigación para la producción de granos y carnes a gran escala.
Por desgracia, las políticas gubernamentales siguen ofreciendo incentivos para las cadenas de valor agrícolas predatorias del medio ambiente, y las cada vez más irresponsables medidas ambientales del actual gobierno brasileño hacen muy probable que la deforestación de las áreas protegidas aumente en los próximos años.
Estudios académicos y organizaciones no gubernamentales han establecido que la rápida tasa de deforestación del Amazonas en las últimas décadas corresponde principalmente a especuladores que se apropian de vastos terrenos públicos. Ayudados por documentos falsos y autoridades corruptas, estos usurpadores son capaces de reclamar la propiedad de esos recursos y venderlos más adelante con enormes ganancias. En 2019, cerca de 176 millones de hectáreas de propiedad privada se crearon sobre esos territorios. Está claro que la creación de un nuevo modelo de agricultura y producción rural requerirá un estricto control estatal sobre las áreas protegidas y la prevención de la ocupación ilegal de tierras públicas.
Pero para estimular el uso económico de los biomas y sus recursos, como se plantea en el Plan Nacional Brasileño de 2009 para la Promoción de Cadenas de Valor Socio-Biodiversas, no bastará con mejores mecanismos para controlar y castigar las actividades ilegales en áreas protegidas y públicas. También es preciso crear y promover los términos legales, incentivos, protocolos y emprendimientos conjuntos tecnológicos y comerciales relacionados con la bioeconomía. Si el capitalismo se basa en las expectativas, entonces la expansión deseada de la bioeconomía dependerá de la existencia y funcionamiento de una amplia gama de entidades capaces de satisfacer las expectativas de altas rentabilidades de los diferentes agentes de las cadenas de valor de la biodiversidad brasileña.
La creación de valor para bosques y otros recursos biológicos incluye la activación de protocolos de comercio justo entre firmas privadas y emprendimientos comunitarios, facilitar el acceso a información sobre políticas agrarias importantes como las garantías de precio mínimo para productos de la biodiversidad, implementar un mejor marco legal para cooperativas rurales, y desarrollar innovaciones tecnológicas que sean apropiadas para el contexto sociocultural y productivo de las comunidades tradicionales.
Otras prioridades son reducir la cantidad de trámites necesarios para la concesión de créditos rurales a productores de recursos biodiversos como las castañas amazónicas, los frutos del baru y la copaiba: mientras los productores de soja del estado de Pará (uno de los más extensos de la cuenca del Amazonas) recibieron más de R$6,5 millones ($1,2 millón) en 2018-19 de la línea de crédito público para agricultura familiar, los productores de castañas amazónicas recibieron apenas R$260.000. Para mejorar las utilidades económicas y generar ingresos, resulta esencial que existan emprendimientos comunitarios con un mejor acceso al crédito y el microcrédito.
Para desarrollar una bioeconomía duradera en Brasil se necesitarán vínculos estratégicos entre emprendimientos comunitarios, inversionistas, compañías y desarrolladores de tecnología, en un sólido marco institucional. Las importantes inversiones de capital humano y financiero necesarias para crear cadenas de valor sostenibles solo se materializarán cuando la actual incertidumbre sobre su viabilidad económica futura dé paso a expectativas positivas al respecto. Mediante el establecimiento de sólidos cimientos de “incentivos virtuosos”, Brasil podría ofrecer al mundo un innovador modelo agrícola para ayudar a enfrentar el cambio climático.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
SAN PAULO – En medio de una creciente crisis climática, el mundo ya no puede depender únicamente en los viejos modelos de desarrollo económico. En este contexto, va ganando cada vez más peso el concepto de una bioeconomía, es decir, actividades que producen relativamente pocas emisiones de carbono mediante la utilización de procesos de alto valor añadido. Sin embargo, los gobiernos y los actores de la sociedad civil enfrentan distintos obstáculos institucionales y económicos en el camino a una verdadera bioeconomía.
Considerando las tendencias de consumo energético globales históricas y de la actualidad, algunos países europeos y norteamericanos han decidido asumir seriamente la meta de desarrollar fuentes de energía renovables. Por otra parte, algunos países del Sur Global, donde la agricultura representa la principal fuente de emisiones con efecto invernadero y pérdida de la biodiversidad, enfrentan el reto de crear una bioeconomía basada en nuevos modelos agrícolas.
En este respecto, Brasil tiene un importante papel que desempeñar en la mitigación de los efectos del cambio climático, en particular la conservación de la gran biodiversidad que existe en los seis vastos biomas que cruzan su territorio. Entre ellos se encuentra la mayor parte de la selva amazónica, que es crucial para la estabilización de los ciclos pluviales y la producción de oxígeno global, entre otros beneficios. En vista de los alarmantes niveles de deforestación en el Amazonas en 2019, así como en la actual pandemia de COVID-19, se está haciendo cada vez más evidente un importante riesgo sistémico para el equilibrio climático mundial.
Para entender la historia del desarrollo agrario brasileño y las perspectivas del país de establecer un sistema agrícola sostenible para el siglo veintiuno, antes hay que comprender el papel que el estado ha asumido en la institucionalización de las normas, reglas y protocolos que contribuyen al ascenso y declive de las cadenas de valor agrícolas. Por ejemplo, los sectores de la soya y el ganado que se han expandido por grandes partes del Amazonas y el Cerrado (otro importante bioma brasileño) desde mediados del siglo veinte se han beneficiado directamente de los incentivos tributarios, subsidios a fertilizantes, acceso al crédito y apoyo de investigación para la producción de granos y carnes a gran escala.
Por desgracia, las políticas gubernamentales siguen ofreciendo incentivos para las cadenas de valor agrícolas predatorias del medio ambiente, y las cada vez más irresponsables medidas ambientales del actual gobierno brasileño hacen muy probable que la deforestación de las áreas protegidas aumente en los próximos años.
Estudios académicos y organizaciones no gubernamentales han establecido que la rápida tasa de deforestación del Amazonas en las últimas décadas corresponde principalmente a especuladores que se apropian de vastos terrenos públicos. Ayudados por documentos falsos y autoridades corruptas, estos usurpadores son capaces de reclamar la propiedad de esos recursos y venderlos más adelante con enormes ganancias. En 2019, cerca de 176 millones de hectáreas de propiedad privada se crearon sobre esos territorios. Está claro que la creación de un nuevo modelo de agricultura y producción rural requerirá un estricto control estatal sobre las áreas protegidas y la prevención de la ocupación ilegal de tierras públicas.
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Pero para estimular el uso económico de los biomas y sus recursos, como se plantea en el Plan Nacional Brasileño de 2009 para la Promoción de Cadenas de Valor Socio-Biodiversas, no bastará con mejores mecanismos para controlar y castigar las actividades ilegales en áreas protegidas y públicas. También es preciso crear y promover los términos legales, incentivos, protocolos y emprendimientos conjuntos tecnológicos y comerciales relacionados con la bioeconomía. Si el capitalismo se basa en las expectativas, entonces la expansión deseada de la bioeconomía dependerá de la existencia y funcionamiento de una amplia gama de entidades capaces de satisfacer las expectativas de altas rentabilidades de los diferentes agentes de las cadenas de valor de la biodiversidad brasileña.
La creación de valor para bosques y otros recursos biológicos incluye la activación de protocolos de comercio justo entre firmas privadas y emprendimientos comunitarios, facilitar el acceso a información sobre políticas agrarias importantes como las garantías de precio mínimo para productos de la biodiversidad, implementar un mejor marco legal para cooperativas rurales, y desarrollar innovaciones tecnológicas que sean apropiadas para el contexto sociocultural y productivo de las comunidades tradicionales.
Otras prioridades son reducir la cantidad de trámites necesarios para la concesión de créditos rurales a productores de recursos biodiversos como las castañas amazónicas, los frutos del baru y la copaiba: mientras los productores de soja del estado de Pará (uno de los más extensos de la cuenca del Amazonas) recibieron más de R$6,5 millones ($1,2 millón) en 2018-19 de la línea de crédito público para agricultura familiar, los productores de castañas amazónicas recibieron apenas R$260.000. Para mejorar las utilidades económicas y generar ingresos, resulta esencial que existan emprendimientos comunitarios con un mejor acceso al crédito y el microcrédito.
Para desarrollar una bioeconomía duradera en Brasil se necesitarán vínculos estratégicos entre emprendimientos comunitarios, inversionistas, compañías y desarrolladores de tecnología, en un sólido marco institucional. Las importantes inversiones de capital humano y financiero necesarias para crear cadenas de valor sostenibles solo se materializarán cuando la actual incertidumbre sobre su viabilidad económica futura dé paso a expectativas positivas al respecto. Mediante el establecimiento de sólidos cimientos de “incentivos virtuosos”, Brasil podría ofrecer al mundo un innovador modelo agrícola para ayudar a enfrentar el cambio climático.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen