CAMBRIDGE – La pandemia del COVID-19 ha puesto en relieve las importantes falencias de nuestra infraestructura urbana y resaltado nuestra falta de atención al modo en que interactúan la salud humana, los sistemas naturales y el entorno edificado para determinar la salud del planeta. Ahora que es evidente que nuestro sistema económico eleva la inseguridad alimentaria, nuestras calles priorizan el tráfico motorizado por sobre el ejercicio físico y nuestras casas aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades, podríamos lanzar un ambicioso programa de nuevas inversiones que garanticen la salud en todo el planeta.
El enfoque casi universal que la pandemia ha motivado nos da una oportunidad para movilizar a todos los sectores de la sociedad para adoptar métodos proactivos que permitan alcanzar un bienestar inclusivo. Para ello será clave el desarrollo de sistemas sanitarios resilientes y sostenibles, particularmente en el contexto de las ciudades y el desarrollo urbano.
Mirado desde una perspectiva optimista, el hecho de no haber abordado plenamente las implicaciones adversas de los entornos edificados actuales representa una ventana de oportunidad para desarrollar comunidades sanas. Desde un ángulo negativo, esa omisión contribuye activamente al riesgo de contagio y desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, en el Reino Unido el que la mayor mortalidad por COVID-19 ocurra en la población más pobre ilustra la miopía de las políticas de vivienda que no pusieron como prioridad central las consideraciones sanitarias y ambientales.
Un rasgo positivo de la actual crisis ha sido la rápida adopción de medidas innovadoras (por ej., versiones de un ingreso universal) para mitigar el impacto económico inmediato de la pandemia, lo que demuestra que, cuando la voluntad existe, podemos dar una rápida respuesta a las fallas del sistema.
De manera similar, tenemos que reimaginar radicalmente nuestros entornos edificados para que fortalezcan la respuesta inmediata a la pandemia y sirvan como vehículos para la mejora de la salud en el largo plazo. Y si bien las ciudades serán el campo de pruebas principal de las reformas que apunten a promover la salud y el bienestar, también será necesario transformar los sistemas de gobernanza sanitaria actuales.
Si bien varias iniciativas filantrópicas globales han buscado mejorar la salud y resiliencia urbanas, sin duda que con resultados positivos, los agrietados sistemas actuales precisan de una intervención más fundamental. En pocas palabras, el mundo necesita un nuevo Plan Marshall para la salud planetaria, similar a un Nuevo Trato para una recuperación pospandemia.
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Un programa así serviría como guía global, alineando incentivos y cambiando las actitudes predeterminadas hacia el logro de la meta común de un desarrollo urbano sano y sostenible. Requerirá el acuerdo y la participación de gobiernos nacionales y locales, empresas privadas de urbanización, inversionistas y organizaciones multilaterales, lo cual tomará tiempo. Más todavía, la iniciativa adoptaría múltiples formas y vías institucionales, algunas de las cuales aún no existen.
Los gobiernos y los actores del sector privado tendrán que abordar tres temas en particular.
Para comenzar, las autoridades no deben ver la resiliencia solo como un resultado final. Muchos de los impactos y factores de estrés que producen emergencias sanitarias agudas y prolongadas se originan en opciones intencionales de los actores locales y globales. Más allá de la adaptación a ellos, el desarrollo de la resiliencia debe implicar hacer frente a las decisiones que debilitan los sistemas y facilitan las enfermedades y las alteraciones ecológicas.
Además, las autoridades deben abordar la “ceguera al problema”, causada por la distancia espacial y temporal entre la exposición a los riesgos sanitarios y sus consecuencias subsiguientes, especialmente para enfermedades con una larga curva. Por ejemplo, existe una desconexión entre el desarrollo urbano actual y las hospitalizaciones futuras por asma y enfermedades cardíacas que se puede exacerbar con la contaminación del aire, la exposición a ambientes húmedos y la falta de acceso a áreas seguras para la actividad física. Una consecuencia de la ceguera al problema es la atenuación de la responsabilidad sobre la salud de más largo plazo.
Por último, las autoridades deben abordar el “problema del bolsillo incorrecto”, por el cual el sector que se beneficia de una intervención puede no ser el que cargue con los costes de implementarla. Esto plantea un desafío a la promoción de la salud a través del planeamiento urbano, particularmente en el contexto de presupuestos compartimentalizados del sector público, y precisará de un rediseño del financiamiento sanitario.
Ya existen alternativas al actual enfoque de desarrollo económico basado en el PIB. Bután ha desarrollado un índice de Felicidad Nacional Bruta para guiar a sus autoridades, mientras que la Alianza para una Economía del Bienestar promueve un sistema económico basado en el bienestar que está siendo adoptado por los gobiernos de Nueva Zelanda, Islandia, Escocia y Gales. Sin embargo, para dar respuesta a los tres problemas arriba descritos se necesitarán fondos e inversión en sistemas sanitarios.
Aquí podrían ser de ayuda las instituciones multilaterales de financiación del desarrollo (IMFD), como los Bancos para el Desarrollo Africano y Asiático. Como organizaciones no comerciales que proveen capital para proyectos de desarrollo económico a una amplia gama de estados miembros, se encuentran en una posición privilegiada para impulsar un programa similar al Plan Marshall.
En primer lugar, las IMFD poseen el poder de convocatoria para reunir a jefes de estado y líderes del sector privado para desarrollar en conjunto y ratificar un plan así, al tiempo que toman en cuenta los matices regionales. Segundo, las IMFD podrían establecer como condición para la concesión de préstamos de desarrollo de infraestructura urbana contemplados en el programa a la consideración explícita de los efectos del proyecto sobre la salud, así como estrategias de promoción sanitaria.
Bajo el plan, las instituciones crediticias y prestatarias decidirían cómo movilizar y asignar el capital financiero basándose en dónde se encuentran los problemas de salud más costosos y quién está mejor posicionado para prevenir su propagación. Además, explorarían estrategias creativas para fomentar medidas intersectoriales y financiar proyectos colaborativos que promuevan la salud humana y planetaria. Un enfoque así podría impulsar más aún las políticas públicas, por ejemplo, haciendo que su contribución a la salud sea el indicador de desempeño principal de las estrategias, políticas e iniciativas de desarrollo de infraestructura urbana.
Los efectos devastadores del COVID-19 han evidenciado la urgente necesidad de reformas ambiciosas e integrales más que de medidas graduales y específicas. Un Plan Marshall Global para la salud planetaria constituiría un enfoque radicalmente nuevo y sería un paso importante para proteger la sanidad en las ciudades en rápido crecimiento del futuro. Además de fondos de los sectores público y privado, será necesario un movimiento social (impulsado por los jóvenes) para canalizar la constante demanda de una recuperación saludable tras el COVID, apoyada por investigación en los ámbitos científico, artístico y de las humanidades. Es esencial prevenir las decisiones tóxicas en el planeamiento urbano y el desarrollo de infraestructura, a fin de reducir la vulnerabilidad a las enfermedades, aminorar la necesidad de atención de salud y generar mejores ciudades y una mejor salud para todos.
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In 2024, global geopolitics and national politics have undergone considerable upheaval, and the world economy has both significant weaknesses, including Europe and China, and notable bright spots, especially the US. In the coming year, the range of possible outcomes will broaden further.
offers his predictions for the new year while acknowledging that the range of possible outcomes is widening.
CAMBRIDGE – La pandemia del COVID-19 ha puesto en relieve las importantes falencias de nuestra infraestructura urbana y resaltado nuestra falta de atención al modo en que interactúan la salud humana, los sistemas naturales y el entorno edificado para determinar la salud del planeta. Ahora que es evidente que nuestro sistema económico eleva la inseguridad alimentaria, nuestras calles priorizan el tráfico motorizado por sobre el ejercicio físico y nuestras casas aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades, podríamos lanzar un ambicioso programa de nuevas inversiones que garanticen la salud en todo el planeta.
El enfoque casi universal que la pandemia ha motivado nos da una oportunidad para movilizar a todos los sectores de la sociedad para adoptar métodos proactivos que permitan alcanzar un bienestar inclusivo. Para ello será clave el desarrollo de sistemas sanitarios resilientes y sostenibles, particularmente en el contexto de las ciudades y el desarrollo urbano.
Mirado desde una perspectiva optimista, el hecho de no haber abordado plenamente las implicaciones adversas de los entornos edificados actuales representa una ventana de oportunidad para desarrollar comunidades sanas. Desde un ángulo negativo, esa omisión contribuye activamente al riesgo de contagio y desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, en el Reino Unido el que la mayor mortalidad por COVID-19 ocurra en la población más pobre ilustra la miopía de las políticas de vivienda que no pusieron como prioridad central las consideraciones sanitarias y ambientales.
Un rasgo positivo de la actual crisis ha sido la rápida adopción de medidas innovadoras (por ej., versiones de un ingreso universal) para mitigar el impacto económico inmediato de la pandemia, lo que demuestra que, cuando la voluntad existe, podemos dar una rápida respuesta a las fallas del sistema.
De manera similar, tenemos que reimaginar radicalmente nuestros entornos edificados para que fortalezcan la respuesta inmediata a la pandemia y sirvan como vehículos para la mejora de la salud en el largo plazo. Y si bien las ciudades serán el campo de pruebas principal de las reformas que apunten a promover la salud y el bienestar, también será necesario transformar los sistemas de gobernanza sanitaria actuales.
Si bien varias iniciativas filantrópicas globales han buscado mejorar la salud y resiliencia urbanas, sin duda que con resultados positivos, los agrietados sistemas actuales precisan de una intervención más fundamental. En pocas palabras, el mundo necesita un nuevo Plan Marshall para la salud planetaria, similar a un Nuevo Trato para una recuperación pospandemia.
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Un programa así serviría como guía global, alineando incentivos y cambiando las actitudes predeterminadas hacia el logro de la meta común de un desarrollo urbano sano y sostenible. Requerirá el acuerdo y la participación de gobiernos nacionales y locales, empresas privadas de urbanización, inversionistas y organizaciones multilaterales, lo cual tomará tiempo. Más todavía, la iniciativa adoptaría múltiples formas y vías institucionales, algunas de las cuales aún no existen.
Los gobiernos y los actores del sector privado tendrán que abordar tres temas en particular.
Para comenzar, las autoridades no deben ver la resiliencia solo como un resultado final. Muchos de los impactos y factores de estrés que producen emergencias sanitarias agudas y prolongadas se originan en opciones intencionales de los actores locales y globales. Más allá de la adaptación a ellos, el desarrollo de la resiliencia debe implicar hacer frente a las decisiones que debilitan los sistemas y facilitan las enfermedades y las alteraciones ecológicas.
Además, las autoridades deben abordar la “ceguera al problema”, causada por la distancia espacial y temporal entre la exposición a los riesgos sanitarios y sus consecuencias subsiguientes, especialmente para enfermedades con una larga curva. Por ejemplo, existe una desconexión entre el desarrollo urbano actual y las hospitalizaciones futuras por asma y enfermedades cardíacas que se puede exacerbar con la contaminación del aire, la exposición a ambientes húmedos y la falta de acceso a áreas seguras para la actividad física. Una consecuencia de la ceguera al problema es la atenuación de la responsabilidad sobre la salud de más largo plazo.
Por último, las autoridades deben abordar el “problema del bolsillo incorrecto”, por el cual el sector que se beneficia de una intervención puede no ser el que cargue con los costes de implementarla. Esto plantea un desafío a la promoción de la salud a través del planeamiento urbano, particularmente en el contexto de presupuestos compartimentalizados del sector público, y precisará de un rediseño del financiamiento sanitario.
Ya existen alternativas al actual enfoque de desarrollo económico basado en el PIB. Bután ha desarrollado un índice de Felicidad Nacional Bruta para guiar a sus autoridades, mientras que la Alianza para una Economía del Bienestar promueve un sistema económico basado en el bienestar que está siendo adoptado por los gobiernos de Nueva Zelanda, Islandia, Escocia y Gales. Sin embargo, para dar respuesta a los tres problemas arriba descritos se necesitarán fondos e inversión en sistemas sanitarios.
Aquí podrían ser de ayuda las instituciones multilaterales de financiación del desarrollo (IMFD), como los Bancos para el Desarrollo Africano y Asiático. Como organizaciones no comerciales que proveen capital para proyectos de desarrollo económico a una amplia gama de estados miembros, se encuentran en una posición privilegiada para impulsar un programa similar al Plan Marshall.
En primer lugar, las IMFD poseen el poder de convocatoria para reunir a jefes de estado y líderes del sector privado para desarrollar en conjunto y ratificar un plan así, al tiempo que toman en cuenta los matices regionales. Segundo, las IMFD podrían establecer como condición para la concesión de préstamos de desarrollo de infraestructura urbana contemplados en el programa a la consideración explícita de los efectos del proyecto sobre la salud, así como estrategias de promoción sanitaria.
Bajo el plan, las instituciones crediticias y prestatarias decidirían cómo movilizar y asignar el capital financiero basándose en dónde se encuentran los problemas de salud más costosos y quién está mejor posicionado para prevenir su propagación. Además, explorarían estrategias creativas para fomentar medidas intersectoriales y financiar proyectos colaborativos que promuevan la salud humana y planetaria. Un enfoque así podría impulsar más aún las políticas públicas, por ejemplo, haciendo que su contribución a la salud sea el indicador de desempeño principal de las estrategias, políticas e iniciativas de desarrollo de infraestructura urbana.
Los efectos devastadores del COVID-19 han evidenciado la urgente necesidad de reformas ambiciosas e integrales más que de medidas graduales y específicas. Un Plan Marshall Global para la salud planetaria constituiría un enfoque radicalmente nuevo y sería un paso importante para proteger la sanidad en las ciudades en rápido crecimiento del futuro. Además de fondos de los sectores público y privado, será necesario un movimiento social (impulsado por los jóvenes) para canalizar la constante demanda de una recuperación saludable tras el COVID, apoyada por investigación en los ámbitos científico, artístico y de las humanidades. Es esencial prevenir las decisiones tóxicas en el planeamiento urbano y el desarrollo de infraestructura, a fin de reducir la vulnerabilidad a las enfermedades, aminorar la necesidad de atención de salud y generar mejores ciudades y una mejor salud para todos.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen