BRIDGETOWN/ABUYA – Un problema tan grande y destructivo como el cambio climático exige ideas audaces y acciones urgentes. Pero desde la pandemia de COVID‑19 y la invasión rusa de Ucrania, las tensiones geopolíticas han dominado la agenda global y obstaculizado los esfuerzos colectivos de respuesta a este desafío existencial.
En previsión de lo que el futuro deparaba a sus países, durante la pandemia los ministros de finanzas africanos se unieron en el pedido de un paquete de estímulo por cien mil millones de dólares para hacer frente a la crisis. Pero cuatro años después, el flujo financiero neto hacia los países en desarrollo se ha vuelto negativo (es decir, es más el dinero que pagan a acreedores en países mayoritariamente ricos que el dinero que entra); esto se debe a un aumento descontrolado de los costos de servicio de las deudas, tipos de interés más altos y la falta de otras opciones de financiación externa. Es crucial ahora dar apoyo a los países africanos mediante la plena puesta en práctica de los compromisos ya formulados, por ejemplo, el paquete de inversión Global Gateway entre la Unión Europea y África, por 150 000 millones de euros (160 000 millones de dólares).
El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su par keniano William Ruto reconocieron estos desafíos en su declaración sobre la Visión Nairobi‑Washington del mes pasado, cuando se comprometieron a asegurar que «países con grandes ambiciones no tengan que elegir entre pagar sus deudas y hacer las inversiones necesarias en su futuro». La administración Biden es consciente de que un flujo financiero neto positivo es esencial para ayudar a los países a responder a la crisis climática y construir sistemas energéticos descarbonizados.
Como nos recordó hace poco el secretario general de Naciones Unidas António Guterres, hay un 80% de probabilidades de que el promedio mundial de temperaturas suba transitoriamente más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales en al menos uno de los próximos cinco años. La batalla por mantener el calentamiento global por debajo del límite establecido por el Acuerdo de París se ganará o perderá en la década de 2020. Las inversiones e innovaciones necesarias tienen que ser ahora.
Países como Nigeria y Sierra Leona están formulando planes de crecimiento verde y poniendo en marcha paquetes de inversión centrados en las fuentes de energía renovables y en la construcción de infraestructuras con resiliencia climática; y Barbados acaba de introducir un plan de inversión de aquí a 2035 orientado a la búsqueda de prosperidad y resiliencia. Pero todos estos esfuerzos demandan financiación.
Las propuestas de la Iniciativa de Bridgetown para la reforma de la arquitectura financiera internacional pueden impulsar los cambios que necesitamos. El G20 ya ha respondido con la búsqueda de un impuesto a la riqueza que podría liberar financiación adicional por unos 250 000 millones de dólares; y los balances de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) se podrían usar para movilizar hasta un billón de dólares más en préstamos a bajo costo. Además, la inclusión de cláusulas climáticas en los contratos de deuda permitirá a los países en desarrollo preservar el margen fiscal que necesitan para responder a grandes perturbaciones climáticas.
Pero hay que hacer más. En mayo, la junta del Fondo Monetario Internacional aprobó el uso de derechos especiales de giro (DEG, la unidad de cuenta del FMI) como capital híbrido; esto permitirá ampliar los balances de los BMD. Es un buen comienzo, pero los países del G20 deben comprometer los DEG necesarios para capitalizar esta innovación financiera.
También debemos garantizar un flujo continuo de financiación concesional (préstamos en condiciones favorables) hacia los países más vulnerables y afectados por el clima. Un tercio de los países que pueden recibir apoyo de la Asociación Internacional de Fomento perteneciente al Banco Mundial hoy son más pobres que cuando empezó la pandemia de COVID‑19.
Los países con acceso a la AIF tienen un importante potencial económico. Aportan cerca del 20% de la producción mundial de estaño, cobre y oro; la mayoría está en buena posición para aprovechar la energía solar (por contar con abundante insolación); y muchos poseen yacimientos de minerales esenciales para la transición energética. Pero son países pobres en energía y necesitarán ayuda técnica y financiera para proveer electricidad a 300 millones de personas privadas de ella, según prevé un nuevo programa lanzado por el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Para lograr una ambiciosa renovación de los fondos de la AIF este año y liberar 120 000 millones de dólares en donaciones y préstamos en pos de ese objetivo, es necesario que los accionistas del Banco Mundial actúen y habiliten más recursos.
Los países de ingresos medios (en particular los agrupados en la iniciativa Vulnerable 20, que hoy incluye 68 naciones) también necesitan con urgencia más acceso a donaciones y capital a largo plazo. Los pequeños estados insulares en desarrollo que alcanzan un buen desempeño económico no deben ser castigados obligándolos a «graduarse» y perder el apoyo de la AIF, ya que quedarían a merced de los mercados de capitales cuando todavía necesitan financiación rápida y asequible para generar resiliencia y mantener una cobertura contra perturbaciones climáticas persistentes. El Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad perteneciente al FMI se ha mostrado debidamente sensible a la necesidad de los países de ingresos bajos y medios vulnerables de contar con financiación asequible a largo plazo. Pero para acelerar los avances en la década venidera, se necesitan más instrumentos de esta clase (y mecanismos relacionados, como la provisión de garantías).
Debemos seguir reduciendo el costo del capital para todos los países que quieran invertir en la transición energética. Nuestros países pagan tipos de interés más altos en los mercados de capitales, en parte porque las agencias de calificación crediticia no tienen en su debida cuenta las condiciones que enfrentamos. Además de injusto, esto es imprudente. Un buen primer paso hacia reducir los costos de endeudamiento y lograr la viabilidad comercial de las inversiones sería una reforma del sistema de sobretasas del FMI, que sólo en 2023 costó 1900 millones de dólares a los países deudores.
También hay que seguir proveyendo liquidez a los países en desarrollo, mediante una nueva emisión de DEG. No es ningún misterio: hacerlo aumentará la estabilidad monetaria y facilitará la gestión de las cargas de deuda sin provocar inflación. Y por último, tenemos que lograr que los mercados de emisiones de carbono funcionen, para desalentar la contaminación y canalizar recursos hacia fuentes de energía más limpias. Nuestro interés colectivo en el futuro del planeta exige acciones inmediatas y en una escala suficiente.
Traducción: Esteban Flamini
BRIDGETOWN/ABUYA – Un problema tan grande y destructivo como el cambio climático exige ideas audaces y acciones urgentes. Pero desde la pandemia de COVID‑19 y la invasión rusa de Ucrania, las tensiones geopolíticas han dominado la agenda global y obstaculizado los esfuerzos colectivos de respuesta a este desafío existencial.
En previsión de lo que el futuro deparaba a sus países, durante la pandemia los ministros de finanzas africanos se unieron en el pedido de un paquete de estímulo por cien mil millones de dólares para hacer frente a la crisis. Pero cuatro años después, el flujo financiero neto hacia los países en desarrollo se ha vuelto negativo (es decir, es más el dinero que pagan a acreedores en países mayoritariamente ricos que el dinero que entra); esto se debe a un aumento descontrolado de los costos de servicio de las deudas, tipos de interés más altos y la falta de otras opciones de financiación externa. Es crucial ahora dar apoyo a los países africanos mediante la plena puesta en práctica de los compromisos ya formulados, por ejemplo, el paquete de inversión Global Gateway entre la Unión Europea y África, por 150 000 millones de euros (160 000 millones de dólares).
El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su par keniano William Ruto reconocieron estos desafíos en su declaración sobre la Visión Nairobi‑Washington del mes pasado, cuando se comprometieron a asegurar que «países con grandes ambiciones no tengan que elegir entre pagar sus deudas y hacer las inversiones necesarias en su futuro». La administración Biden es consciente de que un flujo financiero neto positivo es esencial para ayudar a los países a responder a la crisis climática y construir sistemas energéticos descarbonizados.
Como nos recordó hace poco el secretario general de Naciones Unidas António Guterres, hay un 80% de probabilidades de que el promedio mundial de temperaturas suba transitoriamente más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales en al menos uno de los próximos cinco años. La batalla por mantener el calentamiento global por debajo del límite establecido por el Acuerdo de París se ganará o perderá en la década de 2020. Las inversiones e innovaciones necesarias tienen que ser ahora.
Países como Nigeria y Sierra Leona están formulando planes de crecimiento verde y poniendo en marcha paquetes de inversión centrados en las fuentes de energía renovables y en la construcción de infraestructuras con resiliencia climática; y Barbados acaba de introducir un plan de inversión de aquí a 2035 orientado a la búsqueda de prosperidad y resiliencia. Pero todos estos esfuerzos demandan financiación.
Las propuestas de la Iniciativa de Bridgetown para la reforma de la arquitectura financiera internacional pueden impulsar los cambios que necesitamos. El G20 ya ha respondido con la búsqueda de un impuesto a la riqueza que podría liberar financiación adicional por unos 250 000 millones de dólares; y los balances de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) se podrían usar para movilizar hasta un billón de dólares más en préstamos a bajo costo. Además, la inclusión de cláusulas climáticas en los contratos de deuda permitirá a los países en desarrollo preservar el margen fiscal que necesitan para responder a grandes perturbaciones climáticas.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
Pero hay que hacer más. En mayo, la junta del Fondo Monetario Internacional aprobó el uso de derechos especiales de giro (DEG, la unidad de cuenta del FMI) como capital híbrido; esto permitirá ampliar los balances de los BMD. Es un buen comienzo, pero los países del G20 deben comprometer los DEG necesarios para capitalizar esta innovación financiera.
También debemos garantizar un flujo continuo de financiación concesional (préstamos en condiciones favorables) hacia los países más vulnerables y afectados por el clima. Un tercio de los países que pueden recibir apoyo de la Asociación Internacional de Fomento perteneciente al Banco Mundial hoy son más pobres que cuando empezó la pandemia de COVID‑19.
Los países con acceso a la AIF tienen un importante potencial económico. Aportan cerca del 20% de la producción mundial de estaño, cobre y oro; la mayoría está en buena posición para aprovechar la energía solar (por contar con abundante insolación); y muchos poseen yacimientos de minerales esenciales para la transición energética. Pero son países pobres en energía y necesitarán ayuda técnica y financiera para proveer electricidad a 300 millones de personas privadas de ella, según prevé un nuevo programa lanzado por el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Para lograr una ambiciosa renovación de los fondos de la AIF este año y liberar 120 000 millones de dólares en donaciones y préstamos en pos de ese objetivo, es necesario que los accionistas del Banco Mundial actúen y habiliten más recursos.
Los países de ingresos medios (en particular los agrupados en la iniciativa Vulnerable 20, que hoy incluye 68 naciones) también necesitan con urgencia más acceso a donaciones y capital a largo plazo. Los pequeños estados insulares en desarrollo que alcanzan un buen desempeño económico no deben ser castigados obligándolos a «graduarse» y perder el apoyo de la AIF, ya que quedarían a merced de los mercados de capitales cuando todavía necesitan financiación rápida y asequible para generar resiliencia y mantener una cobertura contra perturbaciones climáticas persistentes. El Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad perteneciente al FMI se ha mostrado debidamente sensible a la necesidad de los países de ingresos bajos y medios vulnerables de contar con financiación asequible a largo plazo. Pero para acelerar los avances en la década venidera, se necesitan más instrumentos de esta clase (y mecanismos relacionados, como la provisión de garantías).
Debemos seguir reduciendo el costo del capital para todos los países que quieran invertir en la transición energética. Nuestros países pagan tipos de interés más altos en los mercados de capitales, en parte porque las agencias de calificación crediticia no tienen en su debida cuenta las condiciones que enfrentamos. Además de injusto, esto es imprudente. Un buen primer paso hacia reducir los costos de endeudamiento y lograr la viabilidad comercial de las inversiones sería una reforma del sistema de sobretasas del FMI, que sólo en 2023 costó 1900 millones de dólares a los países deudores.
También hay que seguir proveyendo liquidez a los países en desarrollo, mediante una nueva emisión de DEG. No es ningún misterio: hacerlo aumentará la estabilidad monetaria y facilitará la gestión de las cargas de deuda sin provocar inflación. Y por último, tenemos que lograr que los mercados de emisiones de carbono funcionen, para desalentar la contaminación y canalizar recursos hacia fuentes de energía más limpias. Nuestro interés colectivo en el futuro del planeta exige acciones inmediatas y en una escala suficiente.
Traducción: Esteban Flamini