TEL AVIV – En tres meses el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu logró convertir su mejor participación electoral en la peor pesadilla del país. Doce semanas de crecientes manifestaciones obligaron a Netanyahu a poner en pausa la revolución judicial que promovía y a convocar a los líderes de la oposición para negociar un acuerdo en la residencia del presidente Isaac Herzog. Pero aunque las protestas mantuvieron a raya una crisis constitucional, la decisión de Netanyahu no implica una retirada sino una prórroga hasta el inicio de sesiones del Knesset.
La coalición de Netanyahu persistió en su plan para debilitar al poder judicial, a pesar de las manifestaciones callejeras cada vez mayores y las crecientes advertencias de líderes empresarios, economistas y emprendedores tecnológicos. Hasta jefes de estado extranjeros —como el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron— expresaron su preocupación. En un raro regaño público, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió a Netanyahu que «no puede seguir por esa senda».
Sin embargo, Netanyahu prometió seguir adelante. Cuando la sesión de invierno del Knesset casi había terminado, a fines de marzo, la coalición estaba a punto de conseguir la aprobación de dos importantes enmiendas a las Leyes Básicas del país, que hubieran otorgado al ejecutivo poderes exorbitantes. Una de las enmiendas buscaba otorgar a la oposición el control absoluto sobre el nombramiento de los jueces, incluidos los de la Corte Suprema, eliminando el único control al poder ejecutivo que existe en el sistema israelí. La otra medida hubiera abolido la revisión judicial de las Leyes Básicas, permitiendo a la coalición restringir los derechos civiles y humanos con una mayoría simple.
Al mismo tiempo, la coalición logró la veloz aprobación de más de 150 proyectos de ley que favorecen a los partidos ultrarreligiosos y de extrema derecha, así como a Netanyahu y su familia. Lo más destacable fue que el Knesset aprobó una enmienda a una Ley Básica que prácticamente impide a los legisladores inhabilitar al primer ministro en ejercicio.
Oficialmente, Netanyahu tiene prohibido intervenir en la reforma judicial, porque podría afectar el juicio en curso en su contra por soborno y corrupción. En una decisión señera, la Corte Suprema israelí permitió a Netanyahu asumir como primer ministro hace dos años, después de que declarara que no interferiría de manera alguna que pudiera suponer un conflicto de intereses. Lo hizo hasta fines de marzo, aunque claramente apoyaba las amplias reformas impulsadas por sus ministros y los socios de la coalición de la que forma parte.
Inmediatamente después de que el Knesset aprobara el proyecto de ley que impide su destitución, sin embargo, parece haber decidido que ya no estaba atado a su promesa previa. A fines de marzo, su ministro de defensa, el teniente general retirado Yoav Gallant, le advirtió que la agitación creada por el gobierno estaba polarizando a las fuerzas militares israelíes, tradicionalmente apolíticas. Eran cada vez más los oficiales de alto rango y pilotos de las fuerzas que afirmaban que dejarían de ofrecerse como voluntarios para el servicio activo, advirtió Gallant, lo que pondría en peligro la seguridad nacional.
Netanyahu convenció a Gallant para que no hiciera pública la advertencia. En lugar de ello, el primer ministro ofreció una conferencia en la que declaró que «participaría en el evento» y se haría cargo de la reforma (algo que su propio fiscal general luego tachó de ilegal).
La semana siguiente, cuando Gallant dio una conferencia de prensa en la que pidió que se pusiera la legislación en pausa, Netanyahu lo echó. Una hora más tarde cientos de israelíes salieron a la calle en la mayor protesta espontánea que se haya presenciado en el país; pocas horas después, las principales universidades y centros de educación superior anunciaron una huelga; y el sindicato más importante, Histadrut, declaró una huelga general y cerró los puertos y aeropuertos.
Con el país fuera de control, Netanyahu y los socios de su coalición acordaron la pausa solicitada por Gallant, pero el ministro de seguridad nacional Itamar Ben-Gvir, jefe del partido de extrema derecha Otzma Yehudit («Poder judío») puso como condición para apoyar la demora que se creara una «guardia nacional» a su cargo. Ben-Gvir criticó en reiteradas ocasiones la mesura frente a los manifestantes prodemocracia y presionó a la policía para que haga un mayor uso de la fuerza.
Aunque Netanyahu ganó algo de tiempo, la confianza de la población en su liderazgo cayó a un nuevo récord. Por primera vez en una década quedó segundo en las encuestas que preguntan «¿Quién está mejor cualificado para ser primer ministro?». El líder del Partido de la Unidad Nacional, Benny Gantz, ampliamente considerado como el «adulto responsable», quedó en primer lugar.
En abril Israel celebrará la Pascua judía y el Día de la Independencia, dos festejos que suelen unir a sus habitantes, pero las últimas semanas lo hicieron pedazos. Aunque los políticos y expertos legales procuran llegar a un acuerdo, la oposición tiene buenos motivos para desconfiar de Netanyahu.
Aunque él mismo pidió una pausa, no disminuyó la presión ni canceló la reforma. De hecho, la coalición dejó un arma cargada sobre la mesa cuando impulsó las dos principales enmiendas al punto en que podría promulgarlas en 24 horas. Por otra parte, aunque Netanyahu no confirmó la destitución de Gallant con una carta formal, tampoco dio marcha atrás. Es posible que pretenda reducir la capacidad de maniobra de la oposición dejando al ministro de defensa en el limbo.
Mientras tanto, es poco probable que los socios extremistas de Netanyahu den marcha atrás en las partes de la reforma que paralizarían a la Corte Suprema y otorgarían un poder sin restricciones al ejecutivo. La extrema derecha ya está aprovechando la pausa para movilizar a los partidarios golpistas para la próxima ronda.
Los israelíes aprendieron de la recaída antidemocrática polaca: cuando en 2017 el Partido Ley y Justicia trató de apoderarse del poder judicial de Polonia por primera vez, hubo protestas públicas y el presidente Andrzej Duda vetó la reforma... pero volvió a intentarlo meses más tarde cuando la oposición declinó, y esa vez logró su cometido. La oposición israelí sospecha que la pausa de Netanyahu es una estratagema similar para lograr que los manifestantes bajen la guardia o, peor aún, entrenar a un grupo paramilitar a cargo de Ben-Gvir que aplicaría mano dura contra las futuras protestas.
Netanyahu prometió conseguir la reforma para fines de la sesión de verano del Knesset, el 30 de julio. Dado el escaso margen de negociación y el rígido enfoque de sus arquitectos, es posible que este verano sea el más agobiante que Israel haya tenido.
Traducción al español por Ant-Translation
TEL AVIV – En tres meses el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu logró convertir su mejor participación electoral en la peor pesadilla del país. Doce semanas de crecientes manifestaciones obligaron a Netanyahu a poner en pausa la revolución judicial que promovía y a convocar a los líderes de la oposición para negociar un acuerdo en la residencia del presidente Isaac Herzog. Pero aunque las protestas mantuvieron a raya una crisis constitucional, la decisión de Netanyahu no implica una retirada sino una prórroga hasta el inicio de sesiones del Knesset.
La coalición de Netanyahu persistió en su plan para debilitar al poder judicial, a pesar de las manifestaciones callejeras cada vez mayores y las crecientes advertencias de líderes empresarios, economistas y emprendedores tecnológicos. Hasta jefes de estado extranjeros —como el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron— expresaron su preocupación. En un raro regaño público, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió a Netanyahu que «no puede seguir por esa senda».
Sin embargo, Netanyahu prometió seguir adelante. Cuando la sesión de invierno del Knesset casi había terminado, a fines de marzo, la coalición estaba a punto de conseguir la aprobación de dos importantes enmiendas a las Leyes Básicas del país, que hubieran otorgado al ejecutivo poderes exorbitantes. Una de las enmiendas buscaba otorgar a la oposición el control absoluto sobre el nombramiento de los jueces, incluidos los de la Corte Suprema, eliminando el único control al poder ejecutivo que existe en el sistema israelí. La otra medida hubiera abolido la revisión judicial de las Leyes Básicas, permitiendo a la coalición restringir los derechos civiles y humanos con una mayoría simple.
Al mismo tiempo, la coalición logró la veloz aprobación de más de 150 proyectos de ley que favorecen a los partidos ultrarreligiosos y de extrema derecha, así como a Netanyahu y su familia. Lo más destacable fue que el Knesset aprobó una enmienda a una Ley Básica que prácticamente impide a los legisladores inhabilitar al primer ministro en ejercicio.
Oficialmente, Netanyahu tiene prohibido intervenir en la reforma judicial, porque podría afectar el juicio en curso en su contra por soborno y corrupción. En una decisión señera, la Corte Suprema israelí permitió a Netanyahu asumir como primer ministro hace dos años, después de que declarara que no interferiría de manera alguna que pudiera suponer un conflicto de intereses. Lo hizo hasta fines de marzo, aunque claramente apoyaba las amplias reformas impulsadas por sus ministros y los socios de la coalición de la que forma parte.
Inmediatamente después de que el Knesset aprobara el proyecto de ley que impide su destitución, sin embargo, parece haber decidido que ya no estaba atado a su promesa previa. A fines de marzo, su ministro de defensa, el teniente general retirado Yoav Gallant, le advirtió que la agitación creada por el gobierno estaba polarizando a las fuerzas militares israelíes, tradicionalmente apolíticas. Eran cada vez más los oficiales de alto rango y pilotos de las fuerzas que afirmaban que dejarían de ofrecerse como voluntarios para el servicio activo, advirtió Gallant, lo que pondría en peligro la seguridad nacional.
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Netanyahu convenció a Gallant para que no hiciera pública la advertencia. En lugar de ello, el primer ministro ofreció una conferencia en la que declaró que «participaría en el evento» y se haría cargo de la reforma (algo que su propio fiscal general luego tachó de ilegal).
La semana siguiente, cuando Gallant dio una conferencia de prensa en la que pidió que se pusiera la legislación en pausa, Netanyahu lo echó. Una hora más tarde cientos de israelíes salieron a la calle en la mayor protesta espontánea que se haya presenciado en el país; pocas horas después, las principales universidades y centros de educación superior anunciaron una huelga; y el sindicato más importante, Histadrut, declaró una huelga general y cerró los puertos y aeropuertos.
Con el país fuera de control, Netanyahu y los socios de su coalición acordaron la pausa solicitada por Gallant, pero el ministro de seguridad nacional Itamar Ben-Gvir, jefe del partido de extrema derecha Otzma Yehudit («Poder judío») puso como condición para apoyar la demora que se creara una «guardia nacional» a su cargo. Ben-Gvir criticó en reiteradas ocasiones la mesura frente a los manifestantes prodemocracia y presionó a la policía para que haga un mayor uso de la fuerza.
Aunque Netanyahu ganó algo de tiempo, la confianza de la población en su liderazgo cayó a un nuevo récord. Por primera vez en una década quedó segundo en las encuestas que preguntan «¿Quién está mejor cualificado para ser primer ministro?». El líder del Partido de la Unidad Nacional, Benny Gantz, ampliamente considerado como el «adulto responsable», quedó en primer lugar.
En abril Israel celebrará la Pascua judía y el Día de la Independencia, dos festejos que suelen unir a sus habitantes, pero las últimas semanas lo hicieron pedazos. Aunque los políticos y expertos legales procuran llegar a un acuerdo, la oposición tiene buenos motivos para desconfiar de Netanyahu.
Aunque él mismo pidió una pausa, no disminuyó la presión ni canceló la reforma. De hecho, la coalición dejó un arma cargada sobre la mesa cuando impulsó las dos principales enmiendas al punto en que podría promulgarlas en 24 horas. Por otra parte, aunque Netanyahu no confirmó la destitución de Gallant con una carta formal, tampoco dio marcha atrás. Es posible que pretenda reducir la capacidad de maniobra de la oposición dejando al ministro de defensa en el limbo.
Mientras tanto, es poco probable que los socios extremistas de Netanyahu den marcha atrás en las partes de la reforma que paralizarían a la Corte Suprema y otorgarían un poder sin restricciones al ejecutivo. La extrema derecha ya está aprovechando la pausa para movilizar a los partidarios golpistas para la próxima ronda.
Los israelíes aprendieron de la recaída antidemocrática polaca: cuando en 2017 el Partido Ley y Justicia trató de apoderarse del poder judicial de Polonia por primera vez, hubo protestas públicas y el presidente Andrzej Duda vetó la reforma... pero volvió a intentarlo meses más tarde cuando la oposición declinó, y esa vez logró su cometido. La oposición israelí sospecha que la pausa de Netanyahu es una estratagema similar para lograr que los manifestantes bajen la guardia o, peor aún, entrenar a un grupo paramilitar a cargo de Ben-Gvir que aplicaría mano dura contra las futuras protestas.
Netanyahu prometió conseguir la reforma para fines de la sesión de verano del Knesset, el 30 de julio. Dado el escaso margen de negociación y el rígido enfoque de sus arquitectos, es posible que este verano sea el más agobiante que Israel haya tenido.
Traducción al español por Ant-Translation