LONDRES – Con el objetivo de fomentar una recuperación pospandémica verde e inclusiva, muchos gobiernos han adoptado el lema "Reconstruir Mejor". Hasta ahora, los responsables de la formulación de políticas se han centrado en aumentar el gasto público en maneras que atiendan los desafíos climáticos y ambientales, y, que al mismo tiempo creen empleos para los desfavorecidos. Sin embargo, a los conservadores fiscales les preocupa que la creciente marea de tinta roja ahogue a las economías endeudadas y provoque una reacción violentamente contraria en los mercados financieros.
Como la pandemia aún no ha terminado, no causa sorpresa que los políticos se muestren reacios a bajar los ánimos aún más a causa de conversaciones en las que se consideren aumentos de impuestos. Sin embargo, el cambio socialmente sostenible que ellos dicen buscar requerirá reformas en los ingresos.
De momento, el debate fiscal actual se centra más en la combinación de impuestos que en el nivel de dichos impuestos. El tema es cómo imponer impuestos de manera más inteligente en vez de imponer impuestos más altos. La clave en este punto es pasar de imponer gravámenes a la mano de obra a imponer gravámenes al uso de los recursos. Por consiguiente, los responsables de la formulación de políticas deberían considerar la introducción de impuestos progresivos al consumidor sobre bienes que consumen muchos recursos, es decir sobre bienes intensivos en recursos.
Esta no es una idea nueva. Los economistas han sostenido durante mucho tiempo que sería más eficiente y equitativo financiar recortes en los impuestos que gravan la renta mediante el aumento de los impuestos que gravan el uso de los recursos y los daños ambientales. Tales impuestos abordarían la incapacidad del mercado para penalizar a los contaminadores por los costos que ellos infligen a la sociedad.
Los intereses creados se han protegido exitosamente durante décadas contra tales propuestas. Pero a medida que salimos de las múltiples perturbaciones causadas por la pandemia, vemos la escala y el alcance de la acción gubernamental, los modelos de negocio y nuestros estilos de vida personal bajo una luz radicalmente nueva. Ahora existe una verdadera oportunidad para el cambio.
Una manera eficiente de mitigar el calentamiento global sería aumentar el precio de las emisiones de dióxido de carbono mediante la imposición de impuestos al carbono o la limitación del suministro de permisos negociables de emisión, al mismo tiempo que se eliminarían gradualmente los subsidios de larga data que favorecen a los combustibles fósiles. Lo antedicho se debería debatir intensamente en el período previo a la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas que se celebrará en Glasgow el próximo mes de noviembre.
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Sin embargo, los desafíos ambientales y sociales más amplios que enfrenta la agenda “Reconstruir Mejor” van más allá de la necesidad de acelerar el cambio de los combustibles fósiles por las energías renovables. Este el punto en el cual entran en juego los impuestos verdes al consumidor.
Si bien la fijación de precios al carbono se extendería a través de las cadenas de suministro para hacer subir los precios de los bienes que consumen muchos recursos, el impacto en la producción, el uso y la eliminación de los recursos no energéticos sería silencioso e indirecto. Desde la perspectiva del consumidor, las emisiones de CO2 son un enemigo invisible. Los impuestos directos a los consumidores que están claramente vinculados a los daños relacionados con los bienes que las personas están comprando, usando y desechando serían más transparentes y comprensibles.
Relacionar los impuestos verdes con el peso y el tamaño de los bienes podría establecer un vínculo más claro con el uso de recursos no renovables, y ayudaría a cambiar las normas sociales. Las personas que usan automóviles más grandes o viven en casas más grandes pagarían más, haciendo que las opciones más pequeñas sean más atractivas. Esto también alentaría a los productores a innovar, adoptar métodos “circulares” menos intensivos en recursos y a ofrecer servicios que permitan que los consumidores compartan activos, en lugar de poseerlos.
De nuevo, esta no es una idea nueva: el economista E.F. Schumacher la propuso allá por el año 1973 en su libro Small Is Beautiful. Desde aquel entonces, Estados Unidos en especial ha desarrollado una relación amorosa con todo lo que es grande. Pero claramente no podemos ni debemos aspirar a un mundo en el que todos los grupos familiares vivan en una mansión y posean un automóvil todoterreno de dos toneladas y media de peso. La imposición progresiva de impuestos más elevados a la compra y el uso de bienes de consumo duraderos, como por ejemplo automóviles y viviendas, impulsaría a los consumidores a empezar a adoptar hábitos de gasto más sostenibles.
Naturalmente, como es el caso con cualquier aumento de impuestos, estos impuestos más elevados a los bienes se enfrentarían a una fuerte oposición. Pero la lógica para justificar dichos impuestos sería clara y, fundamentalmente, justa. Y su naturaleza progresiva implica que la carga recaería de manera desproporcionada sobre los hogares de mayores ingresos, que son los que consumen bienes más grandes y que usan intensivamente recursos.
Según una estimación, en el año 2015 el 10% más rico de la población mundial fue responsable del 52% de las emisiones acumuladas de CO2, y el 1% más rico, por sí solo, dio cuenta del 15% de dichas emisiones. Gravar fuertemente los materiales y la energía que los ricos consumen podría ser presentada como una opción más aceptable para ellos en comparación con impuestos más elevados sobre la renta o el patrimonio.
La pandemia y los confinamientos asociados a ella nos han dado una idea de los peligros que conllevan la movilidad y el consumo excesivos. Aunque las personas abandonarán una vez que la pandemia haya terminado algunos de sus nuevos hábitos que se vieron forzados a adoptar, muchas de ellas reconocerán que su felicidad y bienestar se ven más beneficiados al interactuar con otras personas que al acumular más cosas.
Una forma aún más poderosa en la que los gobiernos se aseguren de tener apoyo para los nuevos impuestos al consumidor sería llegar a un “Gran Acuerdo Verde” con el público con el propósito de utilizar los ingresos para acelerar la agenda “Reconstruir Mejor”. Los ingresos procedentes de estos impuestos podrían, por ejemplo, financiar una disminución de los impuestos al trabajo, en particular para los que reciben las remuneraciones más bajas. Esto haría que el paquete fuera doblemente progresivo.
Una opción sería un “dividendo de carbono”, mediante el cual los hogares recibirían un ingreso a tasa fija financiado con los ingresos generados por el impuesto verde. Esto beneficiaría de manera desproporcionada a los hogares más pobres.
Otra posibilidad sería utilizar las nuevas recaudaciones fiscales para reducir impuestos o aumentar subsidios relacionados a los servicios y productos verdes. Los confinamientos pandémicos han dañado gravemente a las empresas y servicios locales, en particular a aquellas en los sectores de restaurantes, ocio y hospitalidad.
De manera similar, los gobiernos podrían utilizar parte de las recaudaciones fiscales para financiar inversiones verdes, incluso para apoyar a los hogares que invierten en vehículos eléctricos (especialmente vehículos pequeños) y sistemas domésticos de energía. Se puede también destinar fondos a las inversiones que realizan las empresas y los gobiernos en infraestructuras necesarias, así como en investigación y desarrollo.
Es más, la política fiscal en las principales economías del mundo continúa siendo expansiva, por el momento. Esto significa que los impuestos al consumo verde podrían introducirse gradualmente a lo largo de varios años, junto con el gasto potencialmente adelantado de las recaudaciones en forma de pago inicial destinado al Gran Acuerdo Verde.
Esto aumentaría los déficits gubernamentales a corto plazo, pero ayudaría a una recuperación más sostenible. Como los políticos se encuentran más centrados que nunca en abordar las necesidades de las personas y el planeta, este es el momento adecuado para poner en marcha una agenda más ambiciosa con el propósito de que el sistema tributario se haga verde.
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Not only did Donald Trump win last week’s US presidential election decisively – winning some three million more votes than his opponent, Vice President Kamala Harris – but the Republican Party he now controls gained majorities in both houses on Congress. Given the far-reaching implications of this result – for both US democracy and global stability – understanding how it came about is essential.
By voting for Republican candidates, working-class voters effectively get to have their cake and eat it, expressing conservative moral preferences while relying on Democrats to fight for their basic economic security. The best strategy for Democrats now will be to permit voters to face the consequences of their choice.
urges the party to adopt a long-term strategy aimed at discrediting the MAGA ideology once and for all.
LONDRES – Con el objetivo de fomentar una recuperación pospandémica verde e inclusiva, muchos gobiernos han adoptado el lema "Reconstruir Mejor". Hasta ahora, los responsables de la formulación de políticas se han centrado en aumentar el gasto público en maneras que atiendan los desafíos climáticos y ambientales, y, que al mismo tiempo creen empleos para los desfavorecidos. Sin embargo, a los conservadores fiscales les preocupa que la creciente marea de tinta roja ahogue a las economías endeudadas y provoque una reacción violentamente contraria en los mercados financieros.
Como la pandemia aún no ha terminado, no causa sorpresa que los políticos se muestren reacios a bajar los ánimos aún más a causa de conversaciones en las que se consideren aumentos de impuestos. Sin embargo, el cambio socialmente sostenible que ellos dicen buscar requerirá reformas en los ingresos.
De momento, el debate fiscal actual se centra más en la combinación de impuestos que en el nivel de dichos impuestos. El tema es cómo imponer impuestos de manera más inteligente en vez de imponer impuestos más altos. La clave en este punto es pasar de imponer gravámenes a la mano de obra a imponer gravámenes al uso de los recursos. Por consiguiente, los responsables de la formulación de políticas deberían considerar la introducción de impuestos progresivos al consumidor sobre bienes que consumen muchos recursos, es decir sobre bienes intensivos en recursos.
Esta no es una idea nueva. Los economistas han sostenido durante mucho tiempo que sería más eficiente y equitativo financiar recortes en los impuestos que gravan la renta mediante el aumento de los impuestos que gravan el uso de los recursos y los daños ambientales. Tales impuestos abordarían la incapacidad del mercado para penalizar a los contaminadores por los costos que ellos infligen a la sociedad.
Los intereses creados se han protegido exitosamente durante décadas contra tales propuestas. Pero a medida que salimos de las múltiples perturbaciones causadas por la pandemia, vemos la escala y el alcance de la acción gubernamental, los modelos de negocio y nuestros estilos de vida personal bajo una luz radicalmente nueva. Ahora existe una verdadera oportunidad para el cambio.
Una manera eficiente de mitigar el calentamiento global sería aumentar el precio de las emisiones de dióxido de carbono mediante la imposición de impuestos al carbono o la limitación del suministro de permisos negociables de emisión, al mismo tiempo que se eliminarían gradualmente los subsidios de larga data que favorecen a los combustibles fósiles. Lo antedicho se debería debatir intensamente en el período previo a la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas que se celebrará en Glasgow el próximo mes de noviembre.
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Sin embargo, los desafíos ambientales y sociales más amplios que enfrenta la agenda “Reconstruir Mejor” van más allá de la necesidad de acelerar el cambio de los combustibles fósiles por las energías renovables. Este el punto en el cual entran en juego los impuestos verdes al consumidor.
Si bien la fijación de precios al carbono se extendería a través de las cadenas de suministro para hacer subir los precios de los bienes que consumen muchos recursos, el impacto en la producción, el uso y la eliminación de los recursos no energéticos sería silencioso e indirecto. Desde la perspectiva del consumidor, las emisiones de CO2 son un enemigo invisible. Los impuestos directos a los consumidores que están claramente vinculados a los daños relacionados con los bienes que las personas están comprando, usando y desechando serían más transparentes y comprensibles.
Relacionar los impuestos verdes con el peso y el tamaño de los bienes podría establecer un vínculo más claro con el uso de recursos no renovables, y ayudaría a cambiar las normas sociales. Las personas que usan automóviles más grandes o viven en casas más grandes pagarían más, haciendo que las opciones más pequeñas sean más atractivas. Esto también alentaría a los productores a innovar, adoptar métodos “circulares” menos intensivos en recursos y a ofrecer servicios que permitan que los consumidores compartan activos, en lugar de poseerlos.
De nuevo, esta no es una idea nueva: el economista E.F. Schumacher la propuso allá por el año 1973 en su libro Small Is Beautiful. Desde aquel entonces, Estados Unidos en especial ha desarrollado una relación amorosa con todo lo que es grande. Pero claramente no podemos ni debemos aspirar a un mundo en el que todos los grupos familiares vivan en una mansión y posean un automóvil todoterreno de dos toneladas y media de peso. La imposición progresiva de impuestos más elevados a la compra y el uso de bienes de consumo duraderos, como por ejemplo automóviles y viviendas, impulsaría a los consumidores a empezar a adoptar hábitos de gasto más sostenibles.
Naturalmente, como es el caso con cualquier aumento de impuestos, estos impuestos más elevados a los bienes se enfrentarían a una fuerte oposición. Pero la lógica para justificar dichos impuestos sería clara y, fundamentalmente, justa. Y su naturaleza progresiva implica que la carga recaería de manera desproporcionada sobre los hogares de mayores ingresos, que son los que consumen bienes más grandes y que usan intensivamente recursos.
Según una estimación, en el año 2015 el 10% más rico de la población mundial fue responsable del 52% de las emisiones acumuladas de CO2, y el 1% más rico, por sí solo, dio cuenta del 15% de dichas emisiones. Gravar fuertemente los materiales y la energía que los ricos consumen podría ser presentada como una opción más aceptable para ellos en comparación con impuestos más elevados sobre la renta o el patrimonio.
La pandemia y los confinamientos asociados a ella nos han dado una idea de los peligros que conllevan la movilidad y el consumo excesivos. Aunque las personas abandonarán una vez que la pandemia haya terminado algunos de sus nuevos hábitos que se vieron forzados a adoptar, muchas de ellas reconocerán que su felicidad y bienestar se ven más beneficiados al interactuar con otras personas que al acumular más cosas.
Una forma aún más poderosa en la que los gobiernos se aseguren de tener apoyo para los nuevos impuestos al consumidor sería llegar a un “Gran Acuerdo Verde” con el público con el propósito de utilizar los ingresos para acelerar la agenda “Reconstruir Mejor”. Los ingresos procedentes de estos impuestos podrían, por ejemplo, financiar una disminución de los impuestos al trabajo, en particular para los que reciben las remuneraciones más bajas. Esto haría que el paquete fuera doblemente progresivo.
Una opción sería un “dividendo de carbono”, mediante el cual los hogares recibirían un ingreso a tasa fija financiado con los ingresos generados por el impuesto verde. Esto beneficiaría de manera desproporcionada a los hogares más pobres.
Otra posibilidad sería utilizar las nuevas recaudaciones fiscales para reducir impuestos o aumentar subsidios relacionados a los servicios y productos verdes. Los confinamientos pandémicos han dañado gravemente a las empresas y servicios locales, en particular a aquellas en los sectores de restaurantes, ocio y hospitalidad.
De manera similar, los gobiernos podrían utilizar parte de las recaudaciones fiscales para financiar inversiones verdes, incluso para apoyar a los hogares que invierten en vehículos eléctricos (especialmente vehículos pequeños) y sistemas domésticos de energía. Se puede también destinar fondos a las inversiones que realizan las empresas y los gobiernos en infraestructuras necesarias, así como en investigación y desarrollo.
Es más, la política fiscal en las principales economías del mundo continúa siendo expansiva, por el momento. Esto significa que los impuestos al consumo verde podrían introducirse gradualmente a lo largo de varios años, junto con el gasto potencialmente adelantado de las recaudaciones en forma de pago inicial destinado al Gran Acuerdo Verde.
Esto aumentaría los déficits gubernamentales a corto plazo, pero ayudaría a una recuperación más sostenible. Como los políticos se encuentran más centrados que nunca en abordar las necesidades de las personas y el planeta, este es el momento adecuado para poner en marcha una agenda más ambiciosa con el propósito de que el sistema tributario se haga verde.
Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos