BERLÍN – A principios de este mes, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que el plan del gobierno de redireccionar los fondos de ayuda para el COVID-19 no utilizados para combatir el cambio climático violaba el llamado freno de la deuda. La decisión no es solo un traspié para el canciller Olaf Scholz; también podría profundizar las divisiones ideológicas al interior del gobierno de coalición y minar la política fiscal del país, planteando así una seria amenaza para su perspectiva económica.
Alemania introdujo el freno de la deuda en su constitución en 2009, imponiendo límites que eran mucho más rígidos de los exigidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El freno básicamente prohíbe al gobierno federal y a los gobiernos estatales asumir deuda nueva; se permiten excepciones solo en emergencias extremas. El gobierno federal utilizó esta exención de emergencia en 2020 para asignar más de 200.000 millones de euros en fondos especiales para mitigar el impacto económico de la pandemia.
El gobierno de Scholz intentó utilizar la misma exención para canalizar 60.000 millones de euros (66.000 millones de dólares), o 1,5% del PIB, de esos fondos especiales hacia subsidios industriales e iniciativas vinculadas con el clima. El partido opositor Unión Demócrata Cristiana luego apeló ante el Tribunal, que bloqueó el plan del gobierno con el argumento de que no cumplía con los “requerimientos constitucionales para un endeudamiento de emergencia”. Irónicamente, fue la UDC, bajo la conducción de la excanciller Angela Merkel, la que estableció este fondo especial.
BERLÍN – A principios de este mes, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que el plan del gobierno de redireccionar los fondos de ayuda para el COVID-19 no utilizados para combatir el cambio climático violaba el llamado freno de la deuda. La decisión no es solo un traspié para el canciller Olaf Scholz; también podría profundizar las divisiones ideológicas al interior del gobierno de coalición y minar la política fiscal del país, planteando así una seria amenaza para su perspectiva económica.
Alemania introdujo el freno de la deuda en su constitución en 2009, imponiendo límites que eran mucho más rígidos de los exigidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El freno básicamente prohíbe al gobierno federal y a los gobiernos estatales asumir deuda nueva; se permiten excepciones solo en emergencias extremas. El gobierno federal utilizó esta exención de emergencia en 2020 para asignar más de 200.000 millones de euros en fondos especiales para mitigar el impacto económico de la pandemia.
El gobierno de Scholz intentó utilizar la misma exención para canalizar 60.000 millones de euros (66.000 millones de dólares), o 1,5% del PIB, de esos fondos especiales hacia subsidios industriales e iniciativas vinculadas con el clima. El partido opositor Unión Demócrata Cristiana luego apeló ante el Tribunal, que bloqueó el plan del gobierno con el argumento de que no cumplía con los “requerimientos constitucionales para un endeudamiento de emergencia”. Irónicamente, fue la UDC, bajo la conducción de la excanciller Angela Merkel, la que estableció este fondo especial.