BEIJING/FRANKFURT – La conferencia sobre el clima que se desarrolla en Katowice (Polonia) ha sido presentada como la más importante desde la cumbre de 2015, de la que salió el acuerdo de París. En un contexto de inédita inquietud pública por la amenaza que plantea el cambio climático (a la que contribuyeron un alarmante informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –IPCC por la sigla en inglés– y una sucesión de desastres naturales devastadores en todo el mundo) los negociadores están tratando de crear un conjunto de reglas para el cumplimiento de los compromisos de París. Pero como en tantas cosas, el éxito dependerá de la financiación.
Las economías avanzadas han hecho importantes compromisos financieros en las negociaciones previas sobre el clima, pero no es seguro que cumplan sus promesas, comenzando por la de llegar en 2020 a la provisión de 100 000 millones de dólares al año a los países en desarrollo. Según la Comisión Permanente sobre Finanzas (SCF) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 2016 el flujo de financiación pública de los países desarrollados a los países en desarrollo para programas de mitigación y adaptación en relación con el cambio climático ascendió a 57 000 millones de dólares. Si se tiene en cuenta la financiación privada movilizada por el apoyo público, en 2016 los flujos financieros superaron los 70 000 millones de dólares.
Pero esto es una pequeña fracción de los 2,4 billones de dólares que el mundo necesita invertir en fuentes de energía limpias cada año desde ahora hasta 2035 para evitar una suba de temperaturas globales superior a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, según cálculos del IPCC. El progreso de las conversaciones sobre el clima en esta coyuntura crítica dependerá en gran medida de que los países ricos cumplan los compromisos de financiar el combate al cambio climático asumidos en las negociaciones anteriores y del grado de flexibilidad de los países en desarrollo en relación con la medición de los flujos financieros. Pero lo más importante es incorporar el riesgo climático y la sostenibilidad a largo plazo dentro del sistema financiero internacional, lo que incluye a bancos, inversores, gestores, aseguradoras y a los mercados de capitales que facilitan las transacciones de los actores financieros.
La buena noticia es que el mundo ya está dando pasos en esta dirección, en parte gracias al Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD), creado en 2015 por el Consejo de Estabilidad Financiera y por el Grupo de Estudio sobre Finanzas Sostenibles del G20. El grupo de trabajo ya ha hecho mucho por alentar a compañías e instituciones financieras a comprender, evaluar y divulgar el grado de riesgo climático al que se enfrentan.
Estos marcos y herramientas están cobrando impulso e inspirando acciones concretas. Por ejemplo, diversas instituciones financieras del Reino Unido y China se han reunido en un grupo de trabajo sobre finanzas ecológicas para hacer pruebas piloto de las recomendaciones del TCFD. Este grupo también elaboró una serie de “principios de inversión ecológica” para promover inversiones en economía descarbonizada en el área de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
A esto hay que sumarle Climate Action 100+, una iniciativa liderada por inversores que busca motivar a las empresas a alcanzar los objetivos del acuerdo de París mediante una mejora de la gobernanza corporativa en relación con el cambio climático, la limitación de las emisiones y la mejora de la divulgación de información financiera relacionada con el clima. Hasta ahora, han suscrito la iniciativa 310 inversores que administran más de 32 billones de dólares en activos.
Las iniciativas basadas en el mercado son importantes motores de innovación, pero los gobiernos y autoridades reguladoras también tienen un papel crucial en lo referido a activar la financiación ecológica y garantizar la correcta medición y divulgación de riesgos relacionados con el clima. En esto se destacan las medidas tomadas por la Unión Europea y China para incentivar la inversión en activos de la economía descarbonizada.
El Plan de Acción de la UE para una economía más ecológica y limpia alentó una ambiciosa agenda que busca promover la transición hacia un sistema financiero sostenible. Los borradores de reglamentación procuran alentar a los actores financieros a evaluar y publicar los riesgos referidos a la sostenibilidad, al tiempo que promueven la adopción de normas compartidas favorables a aquellos instrumentos financieros (por ejemplo, bonos ecológicos) que ayuden a dirigir fondos hacia proyectos y empresas respetuosos del medioambiente. Los ministros de finanzas de la UE también han acordado empezar a exigir que los bancos publiquen sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en un plazo de tres años.
En cuanto a China, en 2016 el Consejo de Estado anunció una serie de pautas generales para la financiación ecológica, mientras que el banco central y algunos gobiernos de nivel local han introducido incentivos monetarios y fiscales para los préstamos y bonos ecológicos. Además, la asociación que representa a la industria china de administración de activos, dependiente de la Comisión Reguladora de Títulos de China, publicó hace poco pautas de inversión ecológica para dicha industria, que exhortan a integrar los tres tipos de riesgos mencionados en la toma de decisiones de los inversores institucionales. La Comisión también anunció un plan para exigir que todas las empresas que cotizan en bolsa publiquen información ambiental de aquí a 2020.
En el nivel internacional, el año pasado se creó una red de bancos centrales y autoridades supervisoras en pos de un sistema financiero más ecológico (Network for Greening the Financial System), que reúne a reguladores financieros y bancos centrales de 21 países (entre ellos Francia, China y Alemania) conscientes del riesgo que supone el cambio climático para la estabilidad financiera y de la necesidad de medirlo y gestionarlo, en parte por medio de la supervisión prudencial. Un elemento central de esa gestión de riesgo es que los bancos e inversores reduzcan las inversiones en empresas y proyectos con alto nivel de emisión y favorezcan en cambio activos de la economía descarbonizada.
Como deja en claro el último informe del IPCC, para evitar los peores efectos del cambio climático se necesitarán acciones de una escala nunca antes vista, y hay que comenzar ahora mismo. Los gobiernos nacionales deben asegurar que los flujos financieros públicos y privados estén en línea con la agenda para el clima, y que se creen condiciones correctas para que el sector financiero global actúe como facilitador, en vez de obstáculo, de un futuro descarbonizado.
Traducción: Esteban Flamini
BEIJING/FRANKFURT – La conferencia sobre el clima que se desarrolla en Katowice (Polonia) ha sido presentada como la más importante desde la cumbre de 2015, de la que salió el acuerdo de París. En un contexto de inédita inquietud pública por la amenaza que plantea el cambio climático (a la que contribuyeron un alarmante informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –IPCC por la sigla en inglés– y una sucesión de desastres naturales devastadores en todo el mundo) los negociadores están tratando de crear un conjunto de reglas para el cumplimiento de los compromisos de París. Pero como en tantas cosas, el éxito dependerá de la financiación.
Las economías avanzadas han hecho importantes compromisos financieros en las negociaciones previas sobre el clima, pero no es seguro que cumplan sus promesas, comenzando por la de llegar en 2020 a la provisión de 100 000 millones de dólares al año a los países en desarrollo. Según la Comisión Permanente sobre Finanzas (SCF) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 2016 el flujo de financiación pública de los países desarrollados a los países en desarrollo para programas de mitigación y adaptación en relación con el cambio climático ascendió a 57 000 millones de dólares. Si se tiene en cuenta la financiación privada movilizada por el apoyo público, en 2016 los flujos financieros superaron los 70 000 millones de dólares.
Pero esto es una pequeña fracción de los 2,4 billones de dólares que el mundo necesita invertir en fuentes de energía limpias cada año desde ahora hasta 2035 para evitar una suba de temperaturas globales superior a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, según cálculos del IPCC. El progreso de las conversaciones sobre el clima en esta coyuntura crítica dependerá en gran medida de que los países ricos cumplan los compromisos de financiar el combate al cambio climático asumidos en las negociaciones anteriores y del grado de flexibilidad de los países en desarrollo en relación con la medición de los flujos financieros. Pero lo más importante es incorporar el riesgo climático y la sostenibilidad a largo plazo dentro del sistema financiero internacional, lo que incluye a bancos, inversores, gestores, aseguradoras y a los mercados de capitales que facilitan las transacciones de los actores financieros.
La buena noticia es que el mundo ya está dando pasos en esta dirección, en parte gracias al Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD), creado en 2015 por el Consejo de Estabilidad Financiera y por el Grupo de Estudio sobre Finanzas Sostenibles del G20. El grupo de trabajo ya ha hecho mucho por alentar a compañías e instituciones financieras a comprender, evaluar y divulgar el grado de riesgo climático al que se enfrentan.
Estos marcos y herramientas están cobrando impulso e inspirando acciones concretas. Por ejemplo, diversas instituciones financieras del Reino Unido y China se han reunido en un grupo de trabajo sobre finanzas ecológicas para hacer pruebas piloto de las recomendaciones del TCFD. Este grupo también elaboró una serie de “principios de inversión ecológica” para promover inversiones en economía descarbonizada en el área de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
A esto hay que sumarle Climate Action 100+, una iniciativa liderada por inversores que busca motivar a las empresas a alcanzar los objetivos del acuerdo de París mediante una mejora de la gobernanza corporativa en relación con el cambio climático, la limitación de las emisiones y la mejora de la divulgación de información financiera relacionada con el clima. Hasta ahora, han suscrito la iniciativa 310 inversores que administran más de 32 billones de dólares en activos.
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Las iniciativas basadas en el mercado son importantes motores de innovación, pero los gobiernos y autoridades reguladoras también tienen un papel crucial en lo referido a activar la financiación ecológica y garantizar la correcta medición y divulgación de riesgos relacionados con el clima. En esto se destacan las medidas tomadas por la Unión Europea y China para incentivar la inversión en activos de la economía descarbonizada.
El Plan de Acción de la UE para una economía más ecológica y limpia alentó una ambiciosa agenda que busca promover la transición hacia un sistema financiero sostenible. Los borradores de reglamentación procuran alentar a los actores financieros a evaluar y publicar los riesgos referidos a la sostenibilidad, al tiempo que promueven la adopción de normas compartidas favorables a aquellos instrumentos financieros (por ejemplo, bonos ecológicos) que ayuden a dirigir fondos hacia proyectos y empresas respetuosos del medioambiente. Los ministros de finanzas de la UE también han acordado empezar a exigir que los bancos publiquen sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en un plazo de tres años.
En cuanto a China, en 2016 el Consejo de Estado anunció una serie de pautas generales para la financiación ecológica, mientras que el banco central y algunos gobiernos de nivel local han introducido incentivos monetarios y fiscales para los préstamos y bonos ecológicos. Además, la asociación que representa a la industria china de administración de activos, dependiente de la Comisión Reguladora de Títulos de China, publicó hace poco pautas de inversión ecológica para dicha industria, que exhortan a integrar los tres tipos de riesgos mencionados en la toma de decisiones de los inversores institucionales. La Comisión también anunció un plan para exigir que todas las empresas que cotizan en bolsa publiquen información ambiental de aquí a 2020.
En el nivel internacional, el año pasado se creó una red de bancos centrales y autoridades supervisoras en pos de un sistema financiero más ecológico (Network for Greening the Financial System), que reúne a reguladores financieros y bancos centrales de 21 países (entre ellos Francia, China y Alemania) conscientes del riesgo que supone el cambio climático para la estabilidad financiera y de la necesidad de medirlo y gestionarlo, en parte por medio de la supervisión prudencial. Un elemento central de esa gestión de riesgo es que los bancos e inversores reduzcan las inversiones en empresas y proyectos con alto nivel de emisión y favorezcan en cambio activos de la economía descarbonizada.
Como deja en claro el último informe del IPCC, para evitar los peores efectos del cambio climático se necesitarán acciones de una escala nunca antes vista, y hay que comenzar ahora mismo. Los gobiernos nacionales deben asegurar que los flujos financieros públicos y privados estén en línea con la agenda para el clima, y que se creen condiciones correctas para que el sector financiero global actúe como facilitador, en vez de obstáculo, de un futuro descarbonizado.
Traducción: Esteban Flamini