NUEVA YORK – Las soleadas islas y arrecifes de coral de las Maldivas corren el riesgo de desaparecer. El 80 % de la población vive apenas a un metro sobre el nivel del mar y muchas de sus islas podrían volverse inhabitables cuando el cambio climático eleve el nivel del océano. Para fines de este siglo, es posible que medio millón de personas se hayan visto obligadas a desplazarse. Maldivas enfrenta esta amenaza con un abanico de iniciativas de adaptación innovadoras: desde la restauración de los arrecifes de coral hasta sistemas flotantes de energía solar, pero sobrevivir no es barato.
Gran parte de los ingresos del país provienen del turismo de alta gama. Al igual que a muchos otros países, la pandemia de la COVID-19, que interrumpió gran parte de los viajes mundiales, lo golpeó duramente; pero en 2021, cuando disminuyeron las restricciones, la fuerte recuperación del turismo impulsó una sólida recuperación económica de Maldivas, con la promesa del regreso al crecimiento prepandemia para 2023.
Esa recuperación quedó interrumpida por dos reducciones sucesivas de su calificación crediticia —primero por parte de Moody’s y luego de Fitch— que aumentaron bruscamente su costo de endeudamiento. La tasa del cupón de los últimos bonos que emitió Maldivas en 2021 fue del 9,875 %, y su rendimiento, del 10,5 %. Desde entonces, los bonos superaron el 20 %, lo que refleja el aumento del riesgo percibido por los inversores. Por ello, Maldivas quedó, de hecho, fuera de los mercados internacionales: no ha emitido bonos para financiar sus programas de desarrollo desde 2021.
Maldivas no es el único país en esa situación. Durante la pandemia, 11 de los 16 pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) —que son especialmente vulnerables al cambio climático— sufrieron una baja de sus calificaciones o pronósticos negativos sobre su solvencia de al menos una de las tres grandes agencias de calificación crediticia (ACC): Moody’s, Fitch, y Standard & Poor’s. Esto es catastrófico para el desarrollo económico y las actividades de adaptación climática.
Desde hace mucho se admite que el uso de la calificación crediticia como medida última de la solvencia de los países constituye una amenaza a la estabilidad financiera, especialmente para el Sur Global. El impacto de la reducción de las calificaciones es enorme, y causa ventas de activos y volatilidad en los mercados precisamente cuando los países menos pueden permitírselo. Sin embargo, el propio sector de la calificación crediticia no es ni transparente ni competitivo.
Según un reciente estudio del ONU DAES (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas), durante la pandemia las calificaciones crediticias de los mercados emergentes y las economías en desarrollo cayeron 125 niveles en total, mientras que las economías avanzadas —que emitieron deuda y la aumentaron más rápidamente— solo cayeron 6 niveles. Esto probablemente refleja en parte que el personal de las tres grandes ACC y sus reguladores provienen del Norte Global.
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Además, las decisiones vinculadas con las calificaciones suelen responder a sesgos ideológicos —como la idea de que la intervención gubernamental en la economía reduce automáticamente el crecimiento y la eficiencia— en vez de a los factores relevantes para la sostenibilidad de la deuda: el desarrollo económico y social, y la resiliencia climática. Las evaluaciones del crédito soberano captan indirectamente los riesgos relacionados con el clima a través de puntajes ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), pero ignoran los intentos para desarrollar resiliencia climática a pesar de sus importantes implicaciones para la sostenibilidad de la deuda.
Los PEID se cuentan entre los países más endeudados, con una proporción de deuda a PIB promedio del 82,5 % en 2020, y se prevé que ese indicador se mantendrá por encima del 70 % hasta 2025. El cambio climático es una de las causas importantes de ello. Como lo muestra un estudio de 2018 llevado a cabo por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la vulnerabilidad climática aumentó el costo del endeudamiento en 117 puntos básicos respecto de la década anterior para una muestra de economías en desarrollo, obligándolas a pagar USD 40 000 millones más en concepto de intereses. Hay quienes predijeron que en la próxima década esa carga aumentará entre USD 146 000 millones y 168 000 millones.
Esto podría resultar catastrófico para los PEID. Para que esos países no se hundan (literalmente), tendrán que ser capaces de invertir en los componentes del crecimiento y desarrollo sostenibles: gente, infraestructura, energía y seguridad alimentaria. Pero los costos del servicio de la deuda ya son gigantescos, muy por encima del limitado financiamiento climático que ofrecen los acuerdos mundiales. Entre 2016 y 2020 los PEID recibieron financiamiento climático y para el desarrollo por USD 9420 millones para fortalecer su resiliencia, y pagaron USD 26 600 millones a los acreedores externos.
Para empeorar aún más las cosas, los PEID cuentan con pocas opciones para reestructurar sus deudas, principalmente debido a la reducción de las calificaciones. En particular, los países que participaron en el nuevo Marco Común del G20 para Reestructuraciones de Deuda, más allá de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, enfrentan la amenaza de una baja de sus calificaciones. Poco sorprende entonces que solo tres de los países elegibles hayan solicitado asistencia a través del Marco Común. La reducción de las calificaciones de los países mientras procuran renegociar sus deudas —de las cuales casi la mitad está en manos de bonistas privados— implica un golpe devastador, debido a que multiplica las barreras, ya altas, que se interponen entre ellos y los mercados internacionales de crédito.
Para el mundo — incluidos los acreedores privados y los gobiernos de las economías avanzadas— es claramente mejor contar con Estados seguros, prósperos y resilientes al cambio climático que con estados inestables y agobiados por la deuda, que sufren amplios trastornos y pérdidas humanos y ambientales. Si las calificaciones crediticias seguirán siendo el barómetro del mercado, deben tornarse transparentes, justas y constructivas.
Para ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó, con razón, suspender las calificaciones crediticias durante las crisis. Las ACC debieran suspender además la publicación de las revisiones durante épocas de agitación, para que los mercados puedan ajustarse a los cambios en las variables fundamentales.
Se podrían solucionar los sesgos ideológicos y falta de transparencia de las ACC descentralizándolas, o estableciendo agencias de calificación regionales o multilaterales. Finalmente, las ACC debieran compartir información sobre la manera en que los riesgos climáticos y las campañas de adaptación inciden en sus metodologías, especialmente en lo que respecta a la calificación de la deuda soberana.
Así como se reformó el sistema de calificación crediticia estadounidense después de la crisis financiera mundial de 2008 mediante la Ley Dodd-Frank, hay que mejorar a las ACC para responder a los desafíos que enfrentan actualmente los PEID. Esos países —asolados por incendios e inundaciones derivados de con una crisis climática que no crearon— merecen apoyo en vez de castigo.
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NUEVA YORK – Las soleadas islas y arrecifes de coral de las Maldivas corren el riesgo de desaparecer. El 80 % de la población vive apenas a un metro sobre el nivel del mar y muchas de sus islas podrían volverse inhabitables cuando el cambio climático eleve el nivel del océano. Para fines de este siglo, es posible que medio millón de personas se hayan visto obligadas a desplazarse. Maldivas enfrenta esta amenaza con un abanico de iniciativas de adaptación innovadoras: desde la restauración de los arrecifes de coral hasta sistemas flotantes de energía solar, pero sobrevivir no es barato.
Gran parte de los ingresos del país provienen del turismo de alta gama. Al igual que a muchos otros países, la pandemia de la COVID-19, que interrumpió gran parte de los viajes mundiales, lo golpeó duramente; pero en 2021, cuando disminuyeron las restricciones, la fuerte recuperación del turismo impulsó una sólida recuperación económica de Maldivas, con la promesa del regreso al crecimiento prepandemia para 2023.
Esa recuperación quedó interrumpida por dos reducciones sucesivas de su calificación crediticia —primero por parte de Moody’s y luego de Fitch— que aumentaron bruscamente su costo de endeudamiento. La tasa del cupón de los últimos bonos que emitió Maldivas en 2021 fue del 9,875 %, y su rendimiento, del 10,5 %. Desde entonces, los bonos superaron el 20 %, lo que refleja el aumento del riesgo percibido por los inversores. Por ello, Maldivas quedó, de hecho, fuera de los mercados internacionales: no ha emitido bonos para financiar sus programas de desarrollo desde 2021.
Maldivas no es el único país en esa situación. Durante la pandemia, 11 de los 16 pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) —que son especialmente vulnerables al cambio climático— sufrieron una baja de sus calificaciones o pronósticos negativos sobre su solvencia de al menos una de las tres grandes agencias de calificación crediticia (ACC): Moody’s, Fitch, y Standard & Poor’s. Esto es catastrófico para el desarrollo económico y las actividades de adaptación climática.
Desde hace mucho se admite que el uso de la calificación crediticia como medida última de la solvencia de los países constituye una amenaza a la estabilidad financiera, especialmente para el Sur Global. El impacto de la reducción de las calificaciones es enorme, y causa ventas de activos y volatilidad en los mercados precisamente cuando los países menos pueden permitírselo. Sin embargo, el propio sector de la calificación crediticia no es ni transparente ni competitivo.
Según un reciente estudio del ONU DAES (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas), durante la pandemia las calificaciones crediticias de los mercados emergentes y las economías en desarrollo cayeron 125 niveles en total, mientras que las economías avanzadas —que emitieron deuda y la aumentaron más rápidamente— solo cayeron 6 niveles. Esto probablemente refleja en parte que el personal de las tres grandes ACC y sus reguladores provienen del Norte Global.
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Los PEID se cuentan entre los países más endeudados, con una proporción de deuda a PIB promedio del 82,5 % en 2020, y se prevé que ese indicador se mantendrá por encima del 70 % hasta 2025. El cambio climático es una de las causas importantes de ello. Como lo muestra un estudio de 2018 llevado a cabo por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la vulnerabilidad climática aumentó el costo del endeudamiento en 117 puntos básicos respecto de la década anterior para una muestra de economías en desarrollo, obligándolas a pagar USD 40 000 millones más en concepto de intereses. Hay quienes predijeron que en la próxima década esa carga aumentará entre USD 146 000 millones y 168 000 millones.
Esto podría resultar catastrófico para los PEID. Para que esos países no se hundan (literalmente), tendrán que ser capaces de invertir en los componentes del crecimiento y desarrollo sostenibles: gente, infraestructura, energía y seguridad alimentaria. Pero los costos del servicio de la deuda ya son gigantescos, muy por encima del limitado financiamiento climático que ofrecen los acuerdos mundiales. Entre 2016 y 2020 los PEID recibieron financiamiento climático y para el desarrollo por USD 9420 millones para fortalecer su resiliencia, y pagaron USD 26 600 millones a los acreedores externos.
Para empeorar aún más las cosas, los PEID cuentan con pocas opciones para reestructurar sus deudas, principalmente debido a la reducción de las calificaciones. En particular, los países que participaron en el nuevo Marco Común del G20 para Reestructuraciones de Deuda, más allá de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, enfrentan la amenaza de una baja de sus calificaciones. Poco sorprende entonces que solo tres de los países elegibles hayan solicitado asistencia a través del Marco Común. La reducción de las calificaciones de los países mientras procuran renegociar sus deudas —de las cuales casi la mitad está en manos de bonistas privados— implica un golpe devastador, debido a que multiplica las barreras, ya altas, que se interponen entre ellos y los mercados internacionales de crédito.
Para el mundo — incluidos los acreedores privados y los gobiernos de las economías avanzadas— es claramente mejor contar con Estados seguros, prósperos y resilientes al cambio climático que con estados inestables y agobiados por la deuda, que sufren amplios trastornos y pérdidas humanos y ambientales. Si las calificaciones crediticias seguirán siendo el barómetro del mercado, deben tornarse transparentes, justas y constructivas.
Para ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó, con razón, suspender las calificaciones crediticias durante las crisis. Las ACC debieran suspender además la publicación de las revisiones durante épocas de agitación, para que los mercados puedan ajustarse a los cambios en las variables fundamentales.
Se podrían solucionar los sesgos ideológicos y falta de transparencia de las ACC descentralizándolas, o estableciendo agencias de calificación regionales o multilaterales. Finalmente, las ACC debieran compartir información sobre la manera en que los riesgos climáticos y las campañas de adaptación inciden en sus metodologías, especialmente en lo que respecta a la calificación de la deuda soberana.
Así como se reformó el sistema de calificación crediticia estadounidense después de la crisis financiera mundial de 2008 mediante la Ley Dodd-Frank, hay que mejorar a las ACC para responder a los desafíos que enfrentan actualmente los PEID. Esos países —asolados por incendios e inundaciones derivados de con una crisis climática que no crearon— merecen apoyo en vez de castigo.
Traducción al español por Ant-Translation