LONDRES – En 2009, los países más ricos del mundo prometieron aportar $100 mil millones al año para 2020 para ayudar a los países más pobres a hacer frente al cambio climático. Desde entonces, este compromiso ha llegado a verse como la “prueba de fuego” del mundo desarrollado sobre su participación en esta lucha.
Lograr reunir esa cifra es importante. Los países pobres deben creer que los países ricos cumplirán sus promesas; de lo contrario, podrían peligrar las perspectivas de llegar a un acuerdo internacional efectivo en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas que se celebrará en París en noviembre y diciembre.
Afortunadamente hay signos alentadores de que se cumplirá este compromiso, pero es necesario contar con más fondos, especialmente del sector privado. Según la OCDE y la Iniciativa sobre el Cambio Climático, los países desarrollados reunieron en conjunto $52,2 mil millones en 2013 y $61,8 mil millones en 2014 para ayudar a las naciones de menos recursos a reducir las emisiones de gases de invernadero y desarrollar maneras de adaptarse a los efectos del cambio climático ya imposibles de evitar.
Si bien es importante hacer notar que esta cifra es sólo una estimación, se trata de un indicador preliminar pero plausible de los aspectos financieros del cambio climático, según información proporcionada por los países desarrollados. Si se añade a la ecuación un mayor apalancamiento a partir de la inversión del sector privado, la cifra sería mayor. Por otra parte, si se aplican supuestos conservadores sobre los fondos “genuinamente adicionales” para combatir el cambio climático mediante la ayuda exterior y los bancos de desarrollo multilateral, la cifra resultante podría ser menor.
Para llegar a esta estimación, los investigadores tomaron en cuenta las principales inversiones de los sectores público y privado en una amplia gama de proyectos. Algunos ejemplos son el financiamiento de proyectos energéticos renovables a pequeña escala en Uganda por parte del Reino Unido, Alemania, Noruega y la Unión Europea, así como el Sistema de Capacidad Africana de Gestión de Riesgos (African Risk Capacity, respaldado por el RU y Alemania), que ofrece seguros a los gobiernos frente a las sequías y otros desastres naturales.
Lo que revela el informe es el nivel relativamente bajo de la inversión del sector privado en proyectos destinados a elevar la capacidad de recuperación de los países de bajos recursos (si bien los autores reconocen que lo limitado de la información implica que la verdadera suma es mayor). Se trata tanto de un reto como una oportunidad; con los incentivos adecuados, se avanzaría mucho para lograr el objetivo de los $100 mil millones si se elevara de manera importante la inversión privada en este tipo de proyectos.
Para alcanzarlo será necesario confiar más en las políticas e instituciones de los países destinatarios de los fondos y, en consecuencia, establecer nuevos procesos que permitan compartir y reducir el riesgo. En este sentido, los bancos de desarrollo y las instituciones de ayuda bilateral tienen mucho que ofrecer.
Es crucial que este nuevo entorno de las finanzas del clima se use para complementar las inversiones de incluso mayor escala para el desarrollo sostenible que serán necesarias en las próximas décadas. Debería plantearse una iniciativa central para el financiamiento de proyectos climáticos, e implementar las políticas, normas y marcos que creen los incentivos adecuados para los inversionistas, con el potencial de generar un gran efecto multiplicador.
Según la Comisión Global sobre Economía y Medio Ambiente, será necesario destinar cerca de $90 mil millones a infraestructura en los próximos 15 años, principalmente en economías emergentes y en desarrollo que se encuentren en rápidos procesos de crecimiento y urbanización. Si esa infraestructura acaba dependiendo de los combustibles fósiles, será muy difícil reducir las emisiones globales de gases de invernadero.
Sin embargo, si los países invierten en la transición a una economía de bajo consumo de carbono, estimularán la innovación y se generarán décadas de crecimiento sostenible. En consecuencia, es importante que el financiamiento de proyectos climáticos se use para estimular la inversión pública y privada en infraestructura y tecnología con bajo consumo de carbono, especialmente para reducir el coste de capital, lo que es crucial para elevar la escala de los proyectos y promover la adopción de energías renovables.
Más aún, el financiamiento de proyectos climáticos por parte de los países ricos debería ayudar a mejorar la capacidad de recuperación de los países más vulnerables al cambio climático, así como usarse para evitar la deforestación y proteger recursos frágiles como los océanos y la biodiversidad. Asimismo, impulsar la innovación y abrir nuevas formas de colaboración entre los sectores público y privado para avanzar en proyectos climáticos como la captura y el almacenaje de carbono.
Parte de los $100 mil millones se canalizarán a través del recién creado Fondo para el Cambio Climático, pero los bancos de desarrollo multilaterales actuales también deberían tener un papel, junto con las agencias y entidades de ayuda. Los recursos que se destinen al desarrollo sostenible y a la acción climática tendrían que reforzarse mutuamente. Además, es importante que los ministros de finanzas de los países en desarrollo reiteren y reafirmen que, además de estimular el crecimiento y la reducción de la pobreza, poner en marcha medidas sensatas para paliar el cambio climático ayuda a reducir los niveles de contaminación del aire y aumentar la eficiencia energética.
En último término, el éxito dependerá de la voluntad de los países ricos de cumplir sus propias promesas. Sus autoridades deben reconocer que el respaldo financiero para los proyectos contra el cambio climático en los países en desarrollo no sólo es moralmente correcto, sino que también beneficiará a su propio electorado y a la comunidad mundial.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
LONDRES – En 2009, los países más ricos del mundo prometieron aportar $100 mil millones al año para 2020 para ayudar a los países más pobres a hacer frente al cambio climático. Desde entonces, este compromiso ha llegado a verse como la “prueba de fuego” del mundo desarrollado sobre su participación en esta lucha.
Lograr reunir esa cifra es importante. Los países pobres deben creer que los países ricos cumplirán sus promesas; de lo contrario, podrían peligrar las perspectivas de llegar a un acuerdo internacional efectivo en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas que se celebrará en París en noviembre y diciembre.
Afortunadamente hay signos alentadores de que se cumplirá este compromiso, pero es necesario contar con más fondos, especialmente del sector privado. Según la OCDE y la Iniciativa sobre el Cambio Climático, los países desarrollados reunieron en conjunto $52,2 mil millones en 2013 y $61,8 mil millones en 2014 para ayudar a las naciones de menos recursos a reducir las emisiones de gases de invernadero y desarrollar maneras de adaptarse a los efectos del cambio climático ya imposibles de evitar.
Si bien es importante hacer notar que esta cifra es sólo una estimación, se trata de un indicador preliminar pero plausible de los aspectos financieros del cambio climático, según información proporcionada por los países desarrollados. Si se añade a la ecuación un mayor apalancamiento a partir de la inversión del sector privado, la cifra sería mayor. Por otra parte, si se aplican supuestos conservadores sobre los fondos “genuinamente adicionales” para combatir el cambio climático mediante la ayuda exterior y los bancos de desarrollo multilateral, la cifra resultante podría ser menor.
Para llegar a esta estimación, los investigadores tomaron en cuenta las principales inversiones de los sectores público y privado en una amplia gama de proyectos. Algunos ejemplos son el financiamiento de proyectos energéticos renovables a pequeña escala en Uganda por parte del Reino Unido, Alemania, Noruega y la Unión Europea, así como el Sistema de Capacidad Africana de Gestión de Riesgos (African Risk Capacity, respaldado por el RU y Alemania), que ofrece seguros a los gobiernos frente a las sequías y otros desastres naturales.
Lo que revela el informe es el nivel relativamente bajo de la inversión del sector privado en proyectos destinados a elevar la capacidad de recuperación de los países de bajos recursos (si bien los autores reconocen que lo limitado de la información implica que la verdadera suma es mayor). Se trata tanto de un reto como una oportunidad; con los incentivos adecuados, se avanzaría mucho para lograr el objetivo de los $100 mil millones si se elevara de manera importante la inversión privada en este tipo de proyectos.
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Para alcanzarlo será necesario confiar más en las políticas e instituciones de los países destinatarios de los fondos y, en consecuencia, establecer nuevos procesos que permitan compartir y reducir el riesgo. En este sentido, los bancos de desarrollo y las instituciones de ayuda bilateral tienen mucho que ofrecer.
Es crucial que este nuevo entorno de las finanzas del clima se use para complementar las inversiones de incluso mayor escala para el desarrollo sostenible que serán necesarias en las próximas décadas. Debería plantearse una iniciativa central para el financiamiento de proyectos climáticos, e implementar las políticas, normas y marcos que creen los incentivos adecuados para los inversionistas, con el potencial de generar un gran efecto multiplicador.
Según la Comisión Global sobre Economía y Medio Ambiente, será necesario destinar cerca de $90 mil millones a infraestructura en los próximos 15 años, principalmente en economías emergentes y en desarrollo que se encuentren en rápidos procesos de crecimiento y urbanización. Si esa infraestructura acaba dependiendo de los combustibles fósiles, será muy difícil reducir las emisiones globales de gases de invernadero.
Sin embargo, si los países invierten en la transición a una economía de bajo consumo de carbono, estimularán la innovación y se generarán décadas de crecimiento sostenible. En consecuencia, es importante que el financiamiento de proyectos climáticos se use para estimular la inversión pública y privada en infraestructura y tecnología con bajo consumo de carbono, especialmente para reducir el coste de capital, lo que es crucial para elevar la escala de los proyectos y promover la adopción de energías renovables.
Más aún, el financiamiento de proyectos climáticos por parte de los países ricos debería ayudar a mejorar la capacidad de recuperación de los países más vulnerables al cambio climático, así como usarse para evitar la deforestación y proteger recursos frágiles como los océanos y la biodiversidad. Asimismo, impulsar la innovación y abrir nuevas formas de colaboración entre los sectores público y privado para avanzar en proyectos climáticos como la captura y el almacenaje de carbono.
Parte de los $100 mil millones se canalizarán a través del recién creado Fondo para el Cambio Climático, pero los bancos de desarrollo multilaterales actuales también deberían tener un papel, junto con las agencias y entidades de ayuda. Los recursos que se destinen al desarrollo sostenible y a la acción climática tendrían que reforzarse mutuamente. Además, es importante que los ministros de finanzas de los países en desarrollo reiteren y reafirmen que, además de estimular el crecimiento y la reducción de la pobreza, poner en marcha medidas sensatas para paliar el cambio climático ayuda a reducir los niveles de contaminación del aire y aumentar la eficiencia energética.
En último término, el éxito dependerá de la voluntad de los países ricos de cumplir sus propias promesas. Sus autoridades deben reconocer que el respaldo financiero para los proyectos contra el cambio climático en los países en desarrollo no sólo es moralmente correcto, sino que también beneficiará a su propio electorado y a la comunidad mundial.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen