BOGOTÁ – Durante la Guerra Fría, las tensiones entre Occidente y la Unión Soviética afectaron prácticamente a todos los países del mundo. Uno de sus efectos fue el surgimiento en América Latina de grupos guerrilleros que buscaban desestabilizar las dictaduras militares y lograr el retorno de la democracia y las libertades, además de otras reformas políticas; objetivos que, según creían, no se podían alcanzar por la vía pacífica.
Un factor –más que ningún otro– estimuló el surgimiento de estas guerrillas, y ese fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, que demostró la posibilidad de alzarse con el poder por la vía de las armas. El Che Guevara, uno de los máximos exponentes de esta revolución, murió en Bolivia en 1967 intentando exportar su proyecto guerrillero más allá de Cuba.
Ya terminando el 2012, las condiciones en la región son muy diferentes. La democracia ya no es la excepción sino la regla en el hemisferio occidental, los regímenes militares sucumbieron ante el poder de las urnas y las guerrillas han pasado a ser, en gran medida, una reliquia del pasado.
Sin embargo, Colombia, la más antigua y más estable democracia de la región, sigue padeciendo el ataque de guerrillas armadas. A diferencia de lo que sucede en otros países, en Colombia las guerrillas no sólo buscaron reivindicaciones políticas sino que fueron permeadas por el poder corruptor del narcotráfico, lo que las convirtió en una mezcla de organizaciones subversivas y mafias criminales.
Como reacción, hubo ciudadanos que formaron ilegalmente grupos de autodefensa, pero esas organizaciones exacerbaron en última instancia la violencia, acabaron despojando de sus tierras a los campesinos, forzaron desplazamientos de población y contribuyeron a prolongar el conflicto durante casi cinco decenios. A consecuencia de ello, ha habido generaciones de colombianos que –como la mía– han crecido rodeadas de violencia y sin conocer nunca una paz real.
Varias de las guerrillas que se formaron en Colombia en las décadas de los sesentas y los setentas ya no existen y se incorporaron a la sociedad después de suscribir acuerdos de paz. Algunos de sus antiguos miembros han llegado a cargos de alta responsabilidad: ministros, congresistas, gobernadores y alcaldes, incluyendo el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue miembro del grupo guerrillero M-19 en los ochentas.
Hoy día, sólo dos grupos siguen inmersos en una lucha anacrónica: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor, más antiguo y mejor financiado de los dos, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Después de ganar la presidencia en 2002, Álvaro Uribe se comprometió a confrontar a las guerrillas –que habían añadido el terrorismo a su repertorio–, desplegando una ofensiva que empleó todo el poder del Estado y sus autoridades encargadas de imponer el cumplimiento de la ley.
Yo he tenido la oportunidad –primero como ministro de Defensa del presidente Uribe y ahora como Presidente– de asestar los golpes más fuertes a las guerrillas y a las bandas de narcotraficantes. El compromiso del Gobierno de luchar contra el terrorismo se ha visto reflejado en la reducción del número de miembros de las FARC: de más de 20.000 hace una década a poco más de 8.000 en la actualidad.
No cejaremos hasta que Colombia esté libre de grupo guerrilleros, pero ese irrevocable compromiso de derrotar al terrorismo no nos impide buscar –con seriedad, con prudencia y aprendiendo de los errores del pasado, cuando una prolongada zona desmilitarizada permitió a las FARC recuperar cierta fuerza– el fin del conflicto interno armado por la vía del diálogo.
El pasado mes de octubre, después de casi dos años de conversaciones exploratorias, se iniciaron en Oslo (Noruega) conservaciones oficiales entre el Gobierno nacional y las FARC para buscar dicho fin. Desde noviembre, las conversaciones se trasladaron a La Habana (Cuba), donde se celebrarán hasta su conclusión.
Las conversaciones que hemos iniciado serán conversaciones directas y discretas, sobre una agenda temática breve y definida, con un horizonte de tiempo también definido. Noruega y Cuba han servido como países anfitriones y garantes de los diálogos, y contamos también con el acompañamiento de Venezuela y Chile.
A eso le estamos apostando, no sólo el Gobierno sino la gran mayoría de la sociedad colombiana que apoya este proceso. Lo hacemos con optimismo moderado –pues ya la guerrilla defraudó la esperanza del pueblo colombiano en otras ocasiones– y con la certeza de que es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
No obstante, he sido enfático en que los diálogos de paz no paralizan el accionar del Estado. Mientras no se alcance un acuerdo final, la fuerza pública colombiana sigue y seguirá confrontando –con toda la contundencia– a los grupos armados ilegales que persistan en amenazar la tranquilidad y la vida de los colombianos. Y –lo más importante–, tal como lo hemos venido haciendo desde el inicio de nuestra administración, seguiremos construyendo paz con actos de gobierno: realizando programas sociales para reducir la pobreza, al igual que programas económicos para generar empleo; reparando las víctimas del conflicto; garantizando la devolución de las tierras a los campesinos despojados, y generando condiciones de equidad en todo el país.
El proceso de paz que hemos iniciado con las FARC –serio, realista, sobrio– busca el fin del conflicto interno armado en Colombia y, si logramos este objetivo, podría significar el fin definitivo de las últimas guerrillas en todo el continente americano, el fin de una era que comenzó hace más de medio siglo. Será, en este sentido, un factor de paz y estabilidad para el resto de la región.
Llegar a un acuerdo con las FARC para poner fin al conflicto, lo que entraña el desarme y la desmovilización de ese grupo, permitiría a la estrella de Colombia brillar más que nunca. El Gobierno colombiano está comprometido a hacer todos los esfuerzos para convertir en realidad el sueño de tener un país –y un continente– sin guerrillas en 2013.
BOGOTÁ – Durante la Guerra Fría, las tensiones entre Occidente y la Unión Soviética afectaron prácticamente a todos los países del mundo. Uno de sus efectos fue el surgimiento en América Latina de grupos guerrilleros que buscaban desestabilizar las dictaduras militares y lograr el retorno de la democracia y las libertades, además de otras reformas políticas; objetivos que, según creían, no se podían alcanzar por la vía pacífica.
Un factor –más que ningún otro– estimuló el surgimiento de estas guerrillas, y ese fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, que demostró la posibilidad de alzarse con el poder por la vía de las armas. El Che Guevara, uno de los máximos exponentes de esta revolución, murió en Bolivia en 1967 intentando exportar su proyecto guerrillero más allá de Cuba.
Ya terminando el 2012, las condiciones en la región son muy diferentes. La democracia ya no es la excepción sino la regla en el hemisferio occidental, los regímenes militares sucumbieron ante el poder de las urnas y las guerrillas han pasado a ser, en gran medida, una reliquia del pasado.
Sin embargo, Colombia, la más antigua y más estable democracia de la región, sigue padeciendo el ataque de guerrillas armadas. A diferencia de lo que sucede en otros países, en Colombia las guerrillas no sólo buscaron reivindicaciones políticas sino que fueron permeadas por el poder corruptor del narcotráfico, lo que las convirtió en una mezcla de organizaciones subversivas y mafias criminales.
Como reacción, hubo ciudadanos que formaron ilegalmente grupos de autodefensa, pero esas organizaciones exacerbaron en última instancia la violencia, acabaron despojando de sus tierras a los campesinos, forzaron desplazamientos de población y contribuyeron a prolongar el conflicto durante casi cinco decenios. A consecuencia de ello, ha habido generaciones de colombianos que –como la mía– han crecido rodeadas de violencia y sin conocer nunca una paz real.
Varias de las guerrillas que se formaron en Colombia en las décadas de los sesentas y los setentas ya no existen y se incorporaron a la sociedad después de suscribir acuerdos de paz. Algunos de sus antiguos miembros han llegado a cargos de alta responsabilidad: ministros, congresistas, gobernadores y alcaldes, incluyendo el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue miembro del grupo guerrillero M-19 en los ochentas.
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Hoy día, sólo dos grupos siguen inmersos en una lucha anacrónica: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor, más antiguo y mejor financiado de los dos, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Después de ganar la presidencia en 2002, Álvaro Uribe se comprometió a confrontar a las guerrillas –que habían añadido el terrorismo a su repertorio–, desplegando una ofensiva que empleó todo el poder del Estado y sus autoridades encargadas de imponer el cumplimiento de la ley.
Yo he tenido la oportunidad –primero como ministro de Defensa del presidente Uribe y ahora como Presidente– de asestar los golpes más fuertes a las guerrillas y a las bandas de narcotraficantes. El compromiso del Gobierno de luchar contra el terrorismo se ha visto reflejado en la reducción del número de miembros de las FARC: de más de 20.000 hace una década a poco más de 8.000 en la actualidad.
No cejaremos hasta que Colombia esté libre de grupo guerrilleros, pero ese irrevocable compromiso de derrotar al terrorismo no nos impide buscar –con seriedad, con prudencia y aprendiendo de los errores del pasado, cuando una prolongada zona desmilitarizada permitió a las FARC recuperar cierta fuerza– el fin del conflicto interno armado por la vía del diálogo.
El pasado mes de octubre, después de casi dos años de conversaciones exploratorias, se iniciaron en Oslo (Noruega) conservaciones oficiales entre el Gobierno nacional y las FARC para buscar dicho fin. Desde noviembre, las conversaciones se trasladaron a La Habana (Cuba), donde se celebrarán hasta su conclusión.
Las conversaciones que hemos iniciado serán conversaciones directas y discretas, sobre una agenda temática breve y definida, con un horizonte de tiempo también definido. Noruega y Cuba han servido como países anfitriones y garantes de los diálogos, y contamos también con el acompañamiento de Venezuela y Chile.
A eso le estamos apostando, no sólo el Gobierno sino la gran mayoría de la sociedad colombiana que apoya este proceso. Lo hacemos con optimismo moderado –pues ya la guerrilla defraudó la esperanza del pueblo colombiano en otras ocasiones– y con la certeza de que es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
No obstante, he sido enfático en que los diálogos de paz no paralizan el accionar del Estado. Mientras no se alcance un acuerdo final, la fuerza pública colombiana sigue y seguirá confrontando –con toda la contundencia– a los grupos armados ilegales que persistan en amenazar la tranquilidad y la vida de los colombianos. Y –lo más importante–, tal como lo hemos venido haciendo desde el inicio de nuestra administración, seguiremos construyendo paz con actos de gobierno: realizando programas sociales para reducir la pobreza, al igual que programas económicos para generar empleo; reparando las víctimas del conflicto; garantizando la devolución de las tierras a los campesinos despojados, y generando condiciones de equidad en todo el país.
El proceso de paz que hemos iniciado con las FARC –serio, realista, sobrio– busca el fin del conflicto interno armado en Colombia y, si logramos este objetivo, podría significar el fin definitivo de las últimas guerrillas en todo el continente americano, el fin de una era que comenzó hace más de medio siglo. Será, en este sentido, un factor de paz y estabilidad para el resto de la región.
Llegar a un acuerdo con las FARC para poner fin al conflicto, lo que entraña el desarme y la desmovilización de ese grupo, permitiría a la estrella de Colombia brillar más que nunca. El Gobierno colombiano está comprometido a hacer todos los esfuerzos para convertir en realidad el sueño de tener un país –y un continente– sin guerrillas en 2013.