KYIV – Los escándalos de lavado de dinero siguen desarrollándose, más recientemente en Estonia, donde se informó que una filial del Danske Bank procesó unos 200.000 millones de euros (225.000 millones de dólares) en pagos sospechosos de toda la región en los últimos años.
Aun así, Estados Unidos y la Unión Europea todavía tienen que ofrecer una respuesta coordinada al problema. Por el contrario, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recientemente castigó a la Comisión de la UE por incluir cuatro territorios estadounidenses (Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos) en una lista de jurisdicciones con “regímenes anti-lavado de dinero débiles y financiamiento de terroristas”. Ahora bien, en lugar de echarse la culpa mutuamente, Estados Unidos y la UE deberían estar trabajando en conjunto para desarrollar un nuevo consenso sobre cómo abordar la cuestión.
El lavado de dinero, en su forma actual, es relativamente nuevo. A partir de fines de los años 1980, la liberalización financiera en todo el mundo condujo a un incremento sustancial de la evasión impositiva. Pero el problema, en verdad, no estuvo en el radar de los responsables de las políticas hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, que revelaron la conexión entre el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. Sorprendentemente, sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Ciudadanos Unidos contra Comisión de Elecciones Federales permitió que cantidades ilimitadas del llamado dinero sucio se volcaran a las elecciones del país. Y desde los ataques por parte de Rusia en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, el lavado de dinero ha pasado a ser una vez más una cuestión de seguridad nacional.
KYIV – Los escándalos de lavado de dinero siguen desarrollándose, más recientemente en Estonia, donde se informó que una filial del Danske Bank procesó unos 200.000 millones de euros (225.000 millones de dólares) en pagos sospechosos de toda la región en los últimos años.
Aun así, Estados Unidos y la Unión Europea todavía tienen que ofrecer una respuesta coordinada al problema. Por el contrario, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recientemente castigó a la Comisión de la UE por incluir cuatro territorios estadounidenses (Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos) en una lista de jurisdicciones con “regímenes anti-lavado de dinero débiles y financiamiento de terroristas”. Ahora bien, en lugar de echarse la culpa mutuamente, Estados Unidos y la UE deberían estar trabajando en conjunto para desarrollar un nuevo consenso sobre cómo abordar la cuestión.
El lavado de dinero, en su forma actual, es relativamente nuevo. A partir de fines de los años 1980, la liberalización financiera en todo el mundo condujo a un incremento sustancial de la evasión impositiva. Pero el problema, en verdad, no estuvo en el radar de los responsables de las políticas hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, que revelaron la conexión entre el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. Sorprendentemente, sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Ciudadanos Unidos contra Comisión de Elecciones Federales permitió que cantidades ilimitadas del llamado dinero sucio se volcaran a las elecciones del país. Y desde los ataques por parte de Rusia en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, el lavado de dinero ha pasado a ser una vez más una cuestión de seguridad nacional.