PARÍS – La guerra que se desarrolla en Ucrania y los combates en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre no deben distraernos de nuestras prioridades colectivas: reducir la emisión de CO2, buscar la neutralidad de carbono en 2050, preservar la biodiversidad y luchar contra la pobreza y la desigualdad.
Esta es la doctrina que Francia lleva adelante en el nivel internacional, a través del Pacto de París para los Pueblos y el Planeta y las cumbres One Planet. La piedra basal de nuestra estrategia debe ser acelerar la transición ecológica; así como la lucha contra la pobreza, ya que es evidente que ningún país ayudará a proteger el planeta si el costo de hacerlo deja a sus ciudadanos en un callejón socioeconómico sin salida.
Las economías más avanzadas del mundo, que también han sido las principales emisoras de CO2 desde la revolución industrial, deben abandonar los combustibles fósiles. Es un requisito innegociable si queremos cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.
La ciencia ya señaló el camino: hay que abandonar el carbón de aquí a 2030, el petróleo en 2045 y el gas en 2050. Los países del G7 tienen la mayor responsabilidad, pero también se necesita el compromiso pleno de China, que ya es el segundo mayor emisor de la historia.
La amenaza del carbón es la primera que debemos enfrentar. Los 2000 gigavatios de capacidad instalada en la actualidad emiten suficiente CO2 para superar los 1,5 °C de calentamiento. La Agencia Internacional de la Energía recomienda retirar 92 GW por año, pero hay 500 GW de capacidad adicional planeada.
Aunque el G7 tiene la responsabilidad de abandonar el carbón de aquí a 2030 (Francia lo habrá hecho en 2027), hoy los mayores consumidores de carbón son las economías emergentes. Es necesario acelerar en estos países la financiación de las fuentes renovables, así como la de la energía nuclear, que por ser una fuente de energía manejable y descarbonizada debe tener un papel fundamental.
También tenemos que poner el comercio internacional y la financiación privada al servicio del Acuerdo de París. Hay que aumentar el costo de invertir en los actores del sector fósil. Necesitamos tipos de interés distintos para las industrias verdes y para las contaminantes. También debemos incluir una cláusula para el clima en los tratados comerciales, porque no podemos exigir que nuestras industrias se descarbonicen y al mismo tiempo sostener la liberalización del comercio internacional de productos contaminantes.
Es necesario crear condiciones que permitan a los países más vulnerables financiar sus esfuerzos de mitigación y adaptación frente al cambio climático y acceder a las tecnologías verdes que son los nuevos motores de crecimiento. Esto implica trascender el concepto tradicional de «ayuda oficial al desarrollo» y hacer por esos países lo que las naciones ricas hicieron para sí mismas durante la pandemia de COVID‑19: llevar adelante una política fiscal y monetaria heterodoxa.
Ya tenemos resultados que mostrar: en dos años, tras la iniciativa adoptada en París en 2021, hemos liberado más de 100 000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG, el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional) para los países vulnerables. Con la activación de este «activo latente», estamos otorgando préstamos a veinte años a tasas cercanas a cero para financiar la acción climática y la preparación para pandemias en los países más pobres. Hemos comenzado a cambiar las reglas financieras de modo tal que esos países puedan suspender el pago de sus préstamos para hacer frente a fenómenos climáticos catastróficos. Y hemos cambiado el mandato de los bancos multilaterales de desarrollo (por ejemplo el Banco Mundial) para que puedan asumir más riesgos y movilizar más fondos privados.
Vamos a seguir trabajando en esta dirección, también dentro del marco del nuevo fondo para pérdidas y daños, donde debemos movilizar nuevos mecanismos de aseguramiento privado frente al riesgo climático. Comenzaremos con las necesidades específicas de los países más afectados. Durante el primer semestre de 2024, Francia y Bangladés firmarán un acuerdo para la financiación de medidas de adaptación al cambio climático y reparación de pérdidas y daños; la agencia francesa de desarrollo contribuirá mil millones de euros (1100 millones de dólares) en inversiones y el FMI proveerá hasta mil millones de dólares en DEG para nuevos préstamos.
Esto también implica identificar mecanismos de gobernanza global para los desafíos más cruciales que deberemos enfrentar en los próximos años, de los que uno de los más apremiantes es el acceso al agua. En este sentido, Francia y Kazajistán convocarán a una cumbre One Water durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024.
Además, debemos hacer hincapié en crear la base de una «bioeconomía» que remunere los servicios provistos por la naturaleza, nuestra mejor tecnología para la captura de carbono a gran escala. Los países que tienen las reservas de carbono y biodiversidad más importantes, sobre todo en los tres principales bosques fluviales tropicales, deben obtener muchos más recursos (calculados para cada país por separado) a cambio de la custodia de estas reservas vitales. Francia ya ha lanzado tres contratos de este tipo en la COP28, con Papúa Nueva Guinea, la República del Congo y la República Democrática del Congo.
Además, es esencial una reforma del mercado de emisiones de carbono. Tenemos que crear un sistema internacional para el intercambio voluntario de créditos de carbono y biodiversidad entre actores gubernamentales y privados, con normas rigurosas que impidan el ecopostureo, y remunerar a las comunidades locales.
El océano es el sumidero de carbono más importante y debemos protegerlo. Francia y Costa Rica convocarán a la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, en Niza, en junio de 2025, con el objetivo de actualizar el derecho internacional, incluyendo la prohibición de la contaminación con plásticos y la protección de las aguas profundas y de los lechos marinos. Estas reformas también permitirán el desarrollo de estrategias nacionales para la protección de las áreas costeras en los países con zonas económicas exclusivas.
Finalmente, no habrá posibilidades de éxito sin una reforma del Banco Mundial y del FMI, que tienen un importante papel en la fijación de normas y en la financiación de la transición verde en el nivel global. Ochenta años después de su creación, estas instituciones todavía no cuentan con fondos suficientes en relación con el tamaño de la economía y población mundiales, y su modelo de gobernanza todavía excluye a los países emergentes y en desarrollo. Pero no conseguiremos acordar objetivos y mecanismos de financiación hasta que todos los países que participan en las negociaciones lo hagan en condiciones de igualdad. Por eso debemos revisar el modelo de gobernanza de Bretton Woods y pedir a los países emergentes que asuman su cuota de responsabilidad en la financiación de los bienes públicos globales.
Traducción: Esteban Flamini
PARÍS – La guerra que se desarrolla en Ucrania y los combates en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre no deben distraernos de nuestras prioridades colectivas: reducir la emisión de CO2, buscar la neutralidad de carbono en 2050, preservar la biodiversidad y luchar contra la pobreza y la desigualdad.
Esta es la doctrina que Francia lleva adelante en el nivel internacional, a través del Pacto de París para los Pueblos y el Planeta y las cumbres One Planet. La piedra basal de nuestra estrategia debe ser acelerar la transición ecológica; así como la lucha contra la pobreza, ya que es evidente que ningún país ayudará a proteger el planeta si el costo de hacerlo deja a sus ciudadanos en un callejón socioeconómico sin salida.
Las economías más avanzadas del mundo, que también han sido las principales emisoras de CO2 desde la revolución industrial, deben abandonar los combustibles fósiles. Es un requisito innegociable si queremos cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.
La ciencia ya señaló el camino: hay que abandonar el carbón de aquí a 2030, el petróleo en 2045 y el gas en 2050. Los países del G7 tienen la mayor responsabilidad, pero también se necesita el compromiso pleno de China, que ya es el segundo mayor emisor de la historia.
La amenaza del carbón es la primera que debemos enfrentar. Los 2000 gigavatios de capacidad instalada en la actualidad emiten suficiente CO2 para superar los 1,5 °C de calentamiento. La Agencia Internacional de la Energía recomienda retirar 92 GW por año, pero hay 500 GW de capacidad adicional planeada.
Aunque el G7 tiene la responsabilidad de abandonar el carbón de aquí a 2030 (Francia lo habrá hecho en 2027), hoy los mayores consumidores de carbón son las economías emergentes. Es necesario acelerar en estos países la financiación de las fuentes renovables, así como la de la energía nuclear, que por ser una fuente de energía manejable y descarbonizada debe tener un papel fundamental.
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También tenemos que poner el comercio internacional y la financiación privada al servicio del Acuerdo de París. Hay que aumentar el costo de invertir en los actores del sector fósil. Necesitamos tipos de interés distintos para las industrias verdes y para las contaminantes. También debemos incluir una cláusula para el clima en los tratados comerciales, porque no podemos exigir que nuestras industrias se descarbonicen y al mismo tiempo sostener la liberalización del comercio internacional de productos contaminantes.
Es necesario crear condiciones que permitan a los países más vulnerables financiar sus esfuerzos de mitigación y adaptación frente al cambio climático y acceder a las tecnologías verdes que son los nuevos motores de crecimiento. Esto implica trascender el concepto tradicional de «ayuda oficial al desarrollo» y hacer por esos países lo que las naciones ricas hicieron para sí mismas durante la pandemia de COVID‑19: llevar adelante una política fiscal y monetaria heterodoxa.
Ya tenemos resultados que mostrar: en dos años, tras la iniciativa adoptada en París en 2021, hemos liberado más de 100 000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG, el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional) para los países vulnerables. Con la activación de este «activo latente», estamos otorgando préstamos a veinte años a tasas cercanas a cero para financiar la acción climática y la preparación para pandemias en los países más pobres. Hemos comenzado a cambiar las reglas financieras de modo tal que esos países puedan suspender el pago de sus préstamos para hacer frente a fenómenos climáticos catastróficos. Y hemos cambiado el mandato de los bancos multilaterales de desarrollo (por ejemplo el Banco Mundial) para que puedan asumir más riesgos y movilizar más fondos privados.
Vamos a seguir trabajando en esta dirección, también dentro del marco del nuevo fondo para pérdidas y daños, donde debemos movilizar nuevos mecanismos de aseguramiento privado frente al riesgo climático. Comenzaremos con las necesidades específicas de los países más afectados. Durante el primer semestre de 2024, Francia y Bangladés firmarán un acuerdo para la financiación de medidas de adaptación al cambio climático y reparación de pérdidas y daños; la agencia francesa de desarrollo contribuirá mil millones de euros (1100 millones de dólares) en inversiones y el FMI proveerá hasta mil millones de dólares en DEG para nuevos préstamos.
Esto también implica identificar mecanismos de gobernanza global para los desafíos más cruciales que deberemos enfrentar en los próximos años, de los que uno de los más apremiantes es el acceso al agua. En este sentido, Francia y Kazajistán convocarán a una cumbre One Water durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024.
Además, debemos hacer hincapié en crear la base de una «bioeconomía» que remunere los servicios provistos por la naturaleza, nuestra mejor tecnología para la captura de carbono a gran escala. Los países que tienen las reservas de carbono y biodiversidad más importantes, sobre todo en los tres principales bosques fluviales tropicales, deben obtener muchos más recursos (calculados para cada país por separado) a cambio de la custodia de estas reservas vitales. Francia ya ha lanzado tres contratos de este tipo en la COP28, con Papúa Nueva Guinea, la República del Congo y la República Democrática del Congo.
Además, es esencial una reforma del mercado de emisiones de carbono. Tenemos que crear un sistema internacional para el intercambio voluntario de créditos de carbono y biodiversidad entre actores gubernamentales y privados, con normas rigurosas que impidan el ecopostureo, y remunerar a las comunidades locales.
El océano es el sumidero de carbono más importante y debemos protegerlo. Francia y Costa Rica convocarán a la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, en Niza, en junio de 2025, con el objetivo de actualizar el derecho internacional, incluyendo la prohibición de la contaminación con plásticos y la protección de las aguas profundas y de los lechos marinos. Estas reformas también permitirán el desarrollo de estrategias nacionales para la protección de las áreas costeras en los países con zonas económicas exclusivas.
Finalmente, no habrá posibilidades de éxito sin una reforma del Banco Mundial y del FMI, que tienen un importante papel en la fijación de normas y en la financiación de la transición verde en el nivel global. Ochenta años después de su creación, estas instituciones todavía no cuentan con fondos suficientes en relación con el tamaño de la economía y población mundiales, y su modelo de gobernanza todavía excluye a los países emergentes y en desarrollo. Pero no conseguiremos acordar objetivos y mecanismos de financiación hasta que todos los países que participan en las negociaciones lo hagan en condiciones de igualdad. Por eso debemos revisar el modelo de gobernanza de Bretton Woods y pedir a los países emergentes que asuman su cuota de responsabilidad en la financiación de los bienes públicos globales.
Traducción: Esteban Flamini