LONDRES – Con la guerra de Rusia contra Ucrania ya en su tercer año, a los gobiernos occidentales les está costando cada vez más reunir los fondos necesarios para ayudar a los ucranianos a defenderse: para la Unión Europea fue difícil acordar un paquete de ayuda de EUR 50 000 millones (USD 54 000 millones) en febrero, y el paquete de financiamiento de USD 60 000 millones de Estados Unidos sigue en punto muerto. Las voces que insisten en usar los propios activos rusos para financiar la defensa ucraniana se hacen oír cada vez con más fuerza.
Están en juego aproximadamente USD 300 000 millones de las reservas del banco central ruso, que los gobiernos occidentales —incluidos los de la UE y EE. UU.— congelaron inmediatamente después de la invasión, tanto para castigar a Rusia como para limitar sus recursos para la agresión. Se trató de una decisión radical: la última vez que se impusieron sanciones financieras integrales a un país importante, y que fueron aceptadas de manera amplia —aunque no universal— fue en la década de 1930, a Italia y Japón. (Las sanciones impuestas a Rusia cuando anexó Crimea en 2014 fueron mucho menores que las de 2022).
EE. UU. ahora quiere dar un paso todavía más audaz: confiscar los activos rusos y transferírselos a Ucrania. La explicación es simple: Rusia debe compensar a Ucrania por la guerra ilegal y extremadamente destructiva que inició. Las reservas del banco central ruso satisfarían —al menos en parte— los legítimos reclamos ucranianos por daños de guerra.
LONDRES – Con la guerra de Rusia contra Ucrania ya en su tercer año, a los gobiernos occidentales les está costando cada vez más reunir los fondos necesarios para ayudar a los ucranianos a defenderse: para la Unión Europea fue difícil acordar un paquete de ayuda de EUR 50 000 millones (USD 54 000 millones) en febrero, y el paquete de financiamiento de USD 60 000 millones de Estados Unidos sigue en punto muerto. Las voces que insisten en usar los propios activos rusos para financiar la defensa ucraniana se hacen oír cada vez con más fuerza.
Están en juego aproximadamente USD 300 000 millones de las reservas del banco central ruso, que los gobiernos occidentales —incluidos los de la UE y EE. UU.— congelaron inmediatamente después de la invasión, tanto para castigar a Rusia como para limitar sus recursos para la agresión. Se trató de una decisión radical: la última vez que se impusieron sanciones financieras integrales a un país importante, y que fueron aceptadas de manera amplia —aunque no universal— fue en la década de 1930, a Italia y Japón. (Las sanciones impuestas a Rusia cuando anexó Crimea en 2014 fueron mucho menores que las de 2022).
EE. UU. ahora quiere dar un paso todavía más audaz: confiscar los activos rusos y transferírselos a Ucrania. La explicación es simple: Rusia debe compensar a Ucrania por la guerra ilegal y extremadamente destructiva que inició. Las reservas del banco central ruso satisfarían —al menos en parte— los legítimos reclamos ucranianos por daños de guerra.