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El FMI eligió al líder correcto de la manera incorrecta

OXFORD – La reelección de Kristalina Georgieva como directora gerente del Fondo Monetario Internacional es un hecho valorado, pero también pone de manifiesto un defecto importante en la estructura de gobernanza del FMI. En un mundo que se tambalea por las crisis de deuda, los conflictos violentos, el cambio climático y los efectos prolongados de la pandemia del COVID-19, cuesta sobreestimar la importancia del Fondo. Pero para cumplir con su rol de manera correcta, debe ser responsable ante todos los estados miembro, no solo los países poderosos que actualmente ejercen una influencia desproporcionada.

El proceso de reelección está vinculado, de manera directa, con esta cuestión. En su sitio web, el FMI informa a los lectores que el Directorio Ejecutivo (donde están representados todos los países) puede elegir un director gerente por una mayoría de los votos emitidos, aunque tradicionalmente lo ha hecho por consenso. De hecho, un acuerdo de larga data entre los europeos y los norteamericanos dictamina que los primeros deciden quién liderará el FMI, mientras que los segundos eligen quién encabezará el Banco Mundial. (El FMI ha adoptadoformalmente “un proceso abierto, transparente y basado en el mérito” para elegir a sus directores gerentes, pero esto no ha funcionado más que como un control de calidad de la elección que hacen los europeos).

Las razones por las que este acuerdo es un problema deberían saltar a la vista. El FMI necesita que todos los países crean que está actuando de manera imparcial cuando toma decisiones difíciles sobre a quién ayudar, y en qué términos. Y si bien tiene reglas formales, los países más poderosos regularmente presionan con firmeza para que se hagan excepciones. La crisis de la eurozona subrayó este conflicto de intereses. La propia evaluación posterior del FMI fue crítica de la “manera superficial” en que el organismo llevó a cabo sus políticas, y destacó su decisión de cortocircuitar el proceso habitual modificando su marco de 2022 para otorgar un acceso excepcional a los países europeos.

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