GINEBRA – El hambre en aumento y las perspectivas de escasez en la oferta se ciernen como oscuros nubarrones sobre el horizonte del sistema alimentario mundial. No solo la guerra en Ucrania restringió el acceso a los alimentos y fertilizantes y llevó a que aumentaran sus precios, además los acontecimientos climáticos extremos trastornaron la producción, y el empeoramiento de la situación económica redujo la capacidad de la gente para acceder a dietas adecuadas y nutritivas. El cambio climático impulsa las sequías y exacerba la escasez de agua, lo que se suma a las amenazas que enfrenta la producción agrícola.
Los avances para solucionar el hambre y la desnutrición ya se estaban estancando antes de la pandemia de la COVID-19, ahora el Programa Mundial de Alimentos estima que la cantidad de personas con inseguridad alimentaria —definida como quienes «carecen de acceso regular a suficientes alimentos seguros y nutritivos para su crecimiento y desarrollo normales, y una vida sana y activa»—, o en grave riesgo de estarlo, aumentó en más de 200 millones desde 2019. Los objetivos mundiales clave como el segundo objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas —por el cual los países se comprometieron a poner fin al hambre para 2030, mejorar la nutrición y fomentar la agricultura sostenible— están significativamente desencaminados.
El comercio es crucial para conseguir la seguridad alimentaria, algo que enfatizamos los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio en la 12.° conferencia ministerial (MC12) en junio de este año. Además de su función básica como cinta transportadora para llevar alimentos desde donde son abundantes hasta donde hacen falta, el comercio genera empleos, sustento e ingresos. Es un factor clave para el uso sostenible y eficiente de los recursos mundiales escasos.
Pero demasiado a menudo los mercados internacionales agrícolas y de alimentos no funcionan bien, por ejemplo, por las distorsiones que generan los subsidios y los elevados niveles de protección. En muchas regiones la desinversión sostenida en investigación, servicios de extensión, e infraestructura de vinculación de mercados llevó a que la productividad agrícola sea escasa y se haya estancado. El rendimiento de los cultivos en gran parte de África es especialmente bajo y no estuvo a la par de los aumentos que se lograron en otras regiones en desarrollo.
Los miembros de la OMC han dado algunos pasos importantes para solucionar estos problemas: en 2015, acordaron eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas —los pagos que cubren la diferencia entre los costos internos y los precios de mercado internacionales— que son ampliamente considerados como distorsivos para la producción y perjudican a los agricultores de otros países. Esos subsidios cayeron drásticamente, de casi USD 7 000 millones en 1999 a menos de USD 12 millones en 2020. Pero los datos de la OCDE muestran que la asistencia pública total al sector agrícola en 54 economías avanzadas y 11 mercados emergentes llegó a los USD 817 000 millones en 2019-21. Y de ese monto solo USD 207 000 millones se destinaron a servicios generales como la investigación, la capacitación o pagos a los consumidores.
Otros programas de asistencia suelen incentivar patrones productivos y de consumo insostenibles, y socavan la competencia justa en los mercados mundiales. Aunque los aranceles promedio sobre los productos agrícolas fueron de alrededor del 6 % en 2020, muchos países mantuvieron aranceles prohibitivos para ciertos productos, que en los casos más extremos llegaron al 1000 %.
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A principios de este año los precios de los alimentos habían alcanzado niveles elevados respecto a los de años anteriores y las agencias internacionales habían comenzado a mostrar preocupación por el aumento del hambre. Luego la guerra en Ucrania empeoró mucho más las cosas. Los precios se dispararon a valores récord y, según los controles de la OMC, muchos gobiernos respondieron restringiendo las exportaciones de alimentos, lo que tal vez haya aliviado sus problemas internos, pero exacerbó la escasez en otras partes del mundo.
Con este telón de fondo, la cooperación multilateral que presenciamos en junio en la MC12 fue muy bienvenida. Los miembros de la OMC se comprometieron conjuntamente a eximir de las restricciones a las exportaciones a las compras humanitarias del Programa Mundial de Alimentos, lo que le permitió a la agencia ahorrar tiempo y dinero para brindar asistencia a millones de personas vulnerables. Se comprometieron a mantener abierto el comercio de los agroalimentos y minimizar las distorsiones comerciales que causan las medidas de emergencia; y aceptaron un acuerdo vinculante para reducir en USD 22 000 millones el gasto público anual destinado a los perjudiciales subsidios pesqueros, algo que ayudará a la seguridad alimentaria y el sustento, ya que mejora la salud de los hábitats marinos.
Pero el mes pasado las restricciones a las exportaciones de alimentos, pienso y fertilizantes volvieron a subir y se revirtió la tendencia previa a la baja. La cantidad total de esas medidas implementadas desde febrero —y aún vigentes— aumentó a 52. La OMC está trabajando con ahínco mediante monitoreos, transparencia y presiones para reducir su cantidad, pero sigue siendo motivo de preocupación mundial.
Para garantizar que el comercio promueva un sistema alimentario mundial más sostenible y equitativo serán necesarios mayores esfuerzos para alinear las políticas comerciales, ambientales y alimentarias. Hace falta un enfoque holístico para la gestión de la producción, distribución y consumo de los alimentos, para mantener la oferta en niveles suficientes, atender a otros tipos de riesgos climáticos y ambientales, garantizar el uso sostenible del suelo y gestionar los recursos hídricos escasos. Hay que actualizar con urgencia las normas de la OMC para el comercio agrícola, algo pendiente desde hace demasiado tiempo, ya que debemos crear un mejor marco de incentivos para la inversión en el sector.
Para encontrar soluciones a la creciente inseguridad alimentaria, debemos ampliar el diálogo y explorar cuáles son las causas sistémicas del problema. Con una base de evidencia más sólida, los miembros de la OMC podrán entender mejor cómo se puede aprovechar al comercio en la mayor medida posible para ampliar el acceso a los alimentos para todos.
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GINEBRA – El hambre en aumento y las perspectivas de escasez en la oferta se ciernen como oscuros nubarrones sobre el horizonte del sistema alimentario mundial. No solo la guerra en Ucrania restringió el acceso a los alimentos y fertilizantes y llevó a que aumentaran sus precios, además los acontecimientos climáticos extremos trastornaron la producción, y el empeoramiento de la situación económica redujo la capacidad de la gente para acceder a dietas adecuadas y nutritivas. El cambio climático impulsa las sequías y exacerba la escasez de agua, lo que se suma a las amenazas que enfrenta la producción agrícola.
Los avances para solucionar el hambre y la desnutrición ya se estaban estancando antes de la pandemia de la COVID-19, ahora el Programa Mundial de Alimentos estima que la cantidad de personas con inseguridad alimentaria —definida como quienes «carecen de acceso regular a suficientes alimentos seguros y nutritivos para su crecimiento y desarrollo normales, y una vida sana y activa»—, o en grave riesgo de estarlo, aumentó en más de 200 millones desde 2019. Los objetivos mundiales clave como el segundo objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas —por el cual los países se comprometieron a poner fin al hambre para 2030, mejorar la nutrición y fomentar la agricultura sostenible— están significativamente desencaminados.
El comercio es crucial para conseguir la seguridad alimentaria, algo que enfatizamos los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio en la 12.° conferencia ministerial (MC12) en junio de este año. Además de su función básica como cinta transportadora para llevar alimentos desde donde son abundantes hasta donde hacen falta, el comercio genera empleos, sustento e ingresos. Es un factor clave para el uso sostenible y eficiente de los recursos mundiales escasos.
Pero demasiado a menudo los mercados internacionales agrícolas y de alimentos no funcionan bien, por ejemplo, por las distorsiones que generan los subsidios y los elevados niveles de protección. En muchas regiones la desinversión sostenida en investigación, servicios de extensión, e infraestructura de vinculación de mercados llevó a que la productividad agrícola sea escasa y se haya estancado. El rendimiento de los cultivos en gran parte de África es especialmente bajo y no estuvo a la par de los aumentos que se lograron en otras regiones en desarrollo.
Los miembros de la OMC han dado algunos pasos importantes para solucionar estos problemas: en 2015, acordaron eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas —los pagos que cubren la diferencia entre los costos internos y los precios de mercado internacionales— que son ampliamente considerados como distorsivos para la producción y perjudican a los agricultores de otros países. Esos subsidios cayeron drásticamente, de casi USD 7 000 millones en 1999 a menos de USD 12 millones en 2020. Pero los datos de la OCDE muestran que la asistencia pública total al sector agrícola en 54 economías avanzadas y 11 mercados emergentes llegó a los USD 817 000 millones en 2019-21. Y de ese monto solo USD 207 000 millones se destinaron a servicios generales como la investigación, la capacitación o pagos a los consumidores.
Otros programas de asistencia suelen incentivar patrones productivos y de consumo insostenibles, y socavan la competencia justa en los mercados mundiales. Aunque los aranceles promedio sobre los productos agrícolas fueron de alrededor del 6 % en 2020, muchos países mantuvieron aranceles prohibitivos para ciertos productos, que en los casos más extremos llegaron al 1000 %.
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Con este telón de fondo, la cooperación multilateral que presenciamos en junio en la MC12 fue muy bienvenida. Los miembros de la OMC se comprometieron conjuntamente a eximir de las restricciones a las exportaciones a las compras humanitarias del Programa Mundial de Alimentos, lo que le permitió a la agencia ahorrar tiempo y dinero para brindar asistencia a millones de personas vulnerables. Se comprometieron a mantener abierto el comercio de los agroalimentos y minimizar las distorsiones comerciales que causan las medidas de emergencia; y aceptaron un acuerdo vinculante para reducir en USD 22 000 millones el gasto público anual destinado a los perjudiciales subsidios pesqueros, algo que ayudará a la seguridad alimentaria y el sustento, ya que mejora la salud de los hábitats marinos.
Pero el mes pasado las restricciones a las exportaciones de alimentos, pienso y fertilizantes volvieron a subir y se revirtió la tendencia previa a la baja. La cantidad total de esas medidas implementadas desde febrero —y aún vigentes— aumentó a 52. La OMC está trabajando con ahínco mediante monitoreos, transparencia y presiones para reducir su cantidad, pero sigue siendo motivo de preocupación mundial.
Para garantizar que el comercio promueva un sistema alimentario mundial más sostenible y equitativo serán necesarios mayores esfuerzos para alinear las políticas comerciales, ambientales y alimentarias. Hace falta un enfoque holístico para la gestión de la producción, distribución y consumo de los alimentos, para mantener la oferta en niveles suficientes, atender a otros tipos de riesgos climáticos y ambientales, garantizar el uso sostenible del suelo y gestionar los recursos hídricos escasos. Hay que actualizar con urgencia las normas de la OMC para el comercio agrícola, algo pendiente desde hace demasiado tiempo, ya que debemos crear un mejor marco de incentivos para la inversión en el sector.
Para encontrar soluciones a la creciente inseguridad alimentaria, debemos ampliar el diálogo y explorar cuáles son las causas sistémicas del problema. Con una base de evidencia más sólida, los miembros de la OMC podrán entender mejor cómo se puede aprovechar al comercio en la mayor medida posible para ampliar el acceso a los alimentos para todos.
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