CAMBRIDGE – Vientos de desregulación soplan al otro lado del Atlántico, y siguiendo los pasos de Estados Unidos, la Unión Europea también se lanza a liberar la magia del mercado. Este giro podría parecer a primera vista consecuencia directa del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero esa interpretación pasa por alto que hay fuerzas estructurales más profundas en juego.
Desde principios de 2023, en un contexto de amplias protestas agrarias e insistentes pedidos de «pausa regulatoria» por parte de algunos dirigentes de la UE, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se ha distanciado de su logro legislativo emblemático: el Pacto Verde Europeo. Este cambio de rumbo tomó a muchos por sorpresa, pero en definitiva la ayudó a conseguir su segundo mandato.
Mientras tanto, el informe del ex presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi sobre el estado de la economía de la UE, encargado por Von der Leyen, ha reforzado la idea de que muchos de los problemas de competitividad del bloque son resultado de «regulaciones incoherentes y restrictivas». En respuesta, Von der Leyen presentó la «Brújula de la Competitividad», una hoja de ruta para reducir en forma drástica la carga administrativa de la UE apelando a «simplificar el entorno normativo» y «favorecer la rapidez y la flexibilidad».
No son promesas nuevas. Ya en 2002, la Comisión buscaba estimular el crecimiento económico mediante la reducción de trámites burocráticos y sometiendo a rigurosas evaluaciones de impacto todas las iniciativas nuevas. Irónicamente, las disposiciones del Pacto Verde Europeo que hoy están bajo examen ya habían pasado con éxito esas evaluaciones.
Pero la novedad es la decisión de la Comisión de promover su agenda desreguladora mediante un mecanismo legislativo controvertido y opaco: la ley ómnibus.
Las leyes ómnibus agrupan numerosas medidas no relacionadas en un único y extenso texto legislativo, que a menudo se aprueba por la vía rápida con escasa o nula participación de la opinión pública. Se viola así el viejo principio legislativo según el cual cada proyecto de ley debe ocuparse de un único tema, principio tan fundamental que incluso el derecho romano prohibía lo que denominaba «leyes saturadas» (leges saturae).
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
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Históricamente, la UE ha usado la ley ómnibus con parsimonia, reservándola para la modernización de marcos normativos obsoletos en ámbitos como la protección del consumidor y la supervisión financiera. En cambio, el paquete simplificador ómnibus propuesto por la Comisión es una revisión amplia y sistemática de políticas que se aprobaron hace poco y todavía no se han terminado de implementar.
El borrador completo de la tan esperada propuesta no se dará a conocer hasta el 26 de febrero. Pero se prevé que revertirá normas fundamentales, incluidas algunas que están vigentes hace no más de dos años, por ejemplo las directivas sobre presentación de información y diligencia debida en lo referido a la sostenibilidad empresarial y la taxonomía de finanzas sostenibles de la UE.
En la práctica, este retroceso inédito implica desmantelar el marco regulatorio para el desarrollo sostenible, tan cuidadosamente negociado, sin darle una oportunidad de ofrecer resultados significativos. A lo que seguirán otros paquetes ómnibus para distintos sectores, con efectos sobre la regulación financiera, la tributación y la compra pública.
En términos más generales, que la UE adopte la ley ómnibus como método legislativo preferido señala un cambio fundamental en la estrategia regulatoria de la Comisión Europea, que pone en riesgo tanto la previsibilidad jurídica de la que dependen las empresas como la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones para las transiciones ecológica y digital.
En vez de facilitar a las empresas el acceso a financiación privada (como prevé la iniciativa Unión del Ahorro y la Inversión), el giro desregulador de la Comisión puede debilitar la confianza de los inversores y la estabilidad normativa, en un momento en que la UE necesita con urgencia atraer capitales y reforzar su competitividad. En un contexto de creciente incertidumbre respecto de las políticas futuras, la inversión verde europea ha comenzado a flaquear y registra una caída del 6,5% en 2024.
Además, es muy probable que el método heterodoxo de formulación de políticas adoptado por la Comisión genere una oleada de costosas batallas legales sobre la interpretación de las normas «simplificadas» y su legalidad. Peor aún, puede limitar la capacidad de la Comisión para desempeñar una de sus funciones básicas: regular la economía de la UE y definir políticas sociales que brinden prosperidad y seguridad a los ciudadanos europeos.
Es posible que los historiadores del futuro consideren la adopción de la ley ómnibus como el momento que define una década perdida para la formulación de políticas en la UE. Tras cinco años dedicados a construir un marco regulatorio inclusivo y con visión de futuro vendrán otros cinco años de desmantelarlo en forma sistemática a instancias de unos pocos privilegiados.
Si la UE sigue adelante con su agenda desreguladora, corre el riesgo de perder uno de sus activos más valiosos. Durante años, una regulación eficaz ha impulsado el progreso económico y social y reforzado la influencia mundial del bloque. La desregulación a gran escala puede terminar siendo una debacle autoinfligida que reste capacidad a la UE para proteger a los europeos y provoque un grave daño a lo que queda de su credibilidad como fijadora de normas.
El esfuerzo simplificador de la UE expresado en las futuras leyes ómnibus pretende aumentar la competitividad de Europa, pero al erosionar el «efecto Bruselas», provocará lo contrario. Ahora el bloque tiene ante sí una difícil disyuntiva: puede seguir siendo un modelo internacional de fijación de normas, o desmantelar su infraestructura regulatoria, perder influencia en la escena mundial y debilitar seriamente su compromiso con el Estado de Derecho, fundamento de todo el edificio de la UE.
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Less than two months into his second presidency, Donald Trump has imposed sweeping tariffs on America’s three largest trading partners, with much more to come. This strategy not only lacks any credible theoretical foundations; it is putting the US on a path toward irrevocable economic and geopolitical decline.
Today's profound global uncertainty is not some accident of history or consequence of values-free technologies. Rather, it reflects the will of rival great powers that continue to ignore the seminal economic and social changes underway in other parts of the world.
explains how Malaysia and other middle powers are navigating increasingly uncertain geopolitical terrain.
CAMBRIDGE – Vientos de desregulación soplan al otro lado del Atlántico, y siguiendo los pasos de Estados Unidos, la Unión Europea también se lanza a liberar la magia del mercado. Este giro podría parecer a primera vista consecuencia directa del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero esa interpretación pasa por alto que hay fuerzas estructurales más profundas en juego.
Desde principios de 2023, en un contexto de amplias protestas agrarias e insistentes pedidos de «pausa regulatoria» por parte de algunos dirigentes de la UE, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se ha distanciado de su logro legislativo emblemático: el Pacto Verde Europeo. Este cambio de rumbo tomó a muchos por sorpresa, pero en definitiva la ayudó a conseguir su segundo mandato.
Mientras tanto, el informe del ex presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi sobre el estado de la economía de la UE, encargado por Von der Leyen, ha reforzado la idea de que muchos de los problemas de competitividad del bloque son resultado de «regulaciones incoherentes y restrictivas». En respuesta, Von der Leyen presentó la «Brújula de la Competitividad», una hoja de ruta para reducir en forma drástica la carga administrativa de la UE apelando a «simplificar el entorno normativo» y «favorecer la rapidez y la flexibilidad».
No son promesas nuevas. Ya en 2002, la Comisión buscaba estimular el crecimiento económico mediante la reducción de trámites burocráticos y sometiendo a rigurosas evaluaciones de impacto todas las iniciativas nuevas. Irónicamente, las disposiciones del Pacto Verde Europeo que hoy están bajo examen ya habían pasado con éxito esas evaluaciones.
Pero la novedad es la decisión de la Comisión de promover su agenda desreguladora mediante un mecanismo legislativo controvertido y opaco: la ley ómnibus.
Las leyes ómnibus agrupan numerosas medidas no relacionadas en un único y extenso texto legislativo, que a menudo se aprueba por la vía rápida con escasa o nula participación de la opinión pública. Se viola así el viejo principio legislativo según el cual cada proyecto de ley debe ocuparse de un único tema, principio tan fundamental que incluso el derecho romano prohibía lo que denominaba «leyes saturadas» (leges saturae).
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Históricamente, la UE ha usado la ley ómnibus con parsimonia, reservándola para la modernización de marcos normativos obsoletos en ámbitos como la protección del consumidor y la supervisión financiera. En cambio, el paquete simplificador ómnibus propuesto por la Comisión es una revisión amplia y sistemática de políticas que se aprobaron hace poco y todavía no se han terminado de implementar.
El borrador completo de la tan esperada propuesta no se dará a conocer hasta el 26 de febrero. Pero se prevé que revertirá normas fundamentales, incluidas algunas que están vigentes hace no más de dos años, por ejemplo las directivas sobre presentación de información y diligencia debida en lo referido a la sostenibilidad empresarial y la taxonomía de finanzas sostenibles de la UE.
En la práctica, este retroceso inédito implica desmantelar el marco regulatorio para el desarrollo sostenible, tan cuidadosamente negociado, sin darle una oportunidad de ofrecer resultados significativos. A lo que seguirán otros paquetes ómnibus para distintos sectores, con efectos sobre la regulación financiera, la tributación y la compra pública.
En términos más generales, que la UE adopte la ley ómnibus como método legislativo preferido señala un cambio fundamental en la estrategia regulatoria de la Comisión Europea, que pone en riesgo tanto la previsibilidad jurídica de la que dependen las empresas como la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones para las transiciones ecológica y digital.
En vez de facilitar a las empresas el acceso a financiación privada (como prevé la iniciativa Unión del Ahorro y la Inversión), el giro desregulador de la Comisión puede debilitar la confianza de los inversores y la estabilidad normativa, en un momento en que la UE necesita con urgencia atraer capitales y reforzar su competitividad. En un contexto de creciente incertidumbre respecto de las políticas futuras, la inversión verde europea ha comenzado a flaquear y registra una caída del 6,5% en 2024.
Además, es muy probable que el método heterodoxo de formulación de políticas adoptado por la Comisión genere una oleada de costosas batallas legales sobre la interpretación de las normas «simplificadas» y su legalidad. Peor aún, puede limitar la capacidad de la Comisión para desempeñar una de sus funciones básicas: regular la economía de la UE y definir políticas sociales que brinden prosperidad y seguridad a los ciudadanos europeos.
Es posible que los historiadores del futuro consideren la adopción de la ley ómnibus como el momento que define una década perdida para la formulación de políticas en la UE. Tras cinco años dedicados a construir un marco regulatorio inclusivo y con visión de futuro vendrán otros cinco años de desmantelarlo en forma sistemática a instancias de unos pocos privilegiados.
Si la UE sigue adelante con su agenda desreguladora, corre el riesgo de perder uno de sus activos más valiosos. Durante años, una regulación eficaz ha impulsado el progreso económico y social y reforzado la influencia mundial del bloque. La desregulación a gran escala puede terminar siendo una debacle autoinfligida que reste capacidad a la UE para proteger a los europeos y provoque un grave daño a lo que queda de su credibilidad como fijadora de normas.
El esfuerzo simplificador de la UE expresado en las futuras leyes ómnibus pretende aumentar la competitividad de Europa, pero al erosionar el «efecto Bruselas», provocará lo contrario. Ahora el bloque tiene ante sí una difícil disyuntiva: puede seguir siendo un modelo internacional de fijación de normas, o desmantelar su infraestructura regulatoria, perder influencia en la escena mundial y debilitar seriamente su compromiso con el Estado de Derecho, fundamento de todo el edificio de la UE.