SINGAPUR – En un informe histórico, la Comisión Global sobre la Economía del Agua recientemente identificó a los mercados de agua como una solución fundamental para la creciente crisis de agua generada por el clima del mundo. La lógica es simple: cuando algo es escaso, se vuelve más valioso. Al ponerle un precio apropiado al agua y crear mercados para distribuir agua según la demanda, podríamos promover un uso más eficiente e incentivar la conservación. Sin embargo, si bien el concepto de mercados de agua parece prometedor, las experiencias de Chile, Australia, Estados Unidos y otros países demuestran que la implementación puede resultar complicada.
Se ha promovido a los mercados de agua por su capacidad para distribuir agua de manera más eficiente. Cuando a los individuos o a las organizaciones se les permite comercializar derechos de agua, el agua se asigna a quienes la valoran más. En Chile, uno de los primeros países en implementar un mercado de agua nacional, los productores agrícolas pueden comprar agua de otras regiones o industrias que tienen un excedente. Debido a esta flexibilidad, el sistema permite que haya cultivos de alto valor aún durante épocas de sequía.
Al ayudar a reducir el uso ineficiente del agua, el mercado de agua de Chile, con el tiempo, impulsó la productividad agrícola. Entre 1985 y 2018, la agricultura de alto consumo de agua en las regiones de Atacama y Coquimbo creció significativamente ya que los mercados de agua permitieron una asignación más flexible a zonas de alta demanda.
El mismo principio se aplicó en la cuenca del Murray-Darling de Australia, donde los agricultores comercializan derechos de agua para adaptarse a la disponibilidad fluctuante de agua. Como informa Bloomberg, el comercio de agua en Australia ronda los 4.000 millones de dólares australianos (2.700 millones de dólares estadounidenses) y ha convertido a Australia en el noveno exportador de alimentos más grande del mundo. Los mismos mercados también pueden incentivar la conservación del agua. El Valle Central de California también autoriza la comercialización de agua agrícola, lo que les permite a los agricultores lidiar con las sequías periódicas comprando agua a regiones con más abundancia de recursos.
Pero la experiencia de Chile también pone de manifiesto las trampas de los mercados de agua. Lejos de ser una panacea, el mercado de agua de Chile ha generado desigualdades importantes. Las agroindustrias grandes han adquirido derechos de agua sustanciales, dejando a los pequeños agricultores y a las comunidades con un acceso limitado. Si el mercado está dominado por actores más ricos, las comunidades marginalizadas terminan quedándose afuera.
Esta situación plantea serias cuestiones de equidad. El agua no es solo una mercancía económica; es un derecho humano esencial. Un sistema que permite que los más ricos compren la mayor cantidad de agua amenaza con perjudicar el acceso de quienes más la necesitan. Después de que se consolidaron los derechos de agua en el Valle Limari al norte de Chile entre unas pocas compañías agrícolas grandes, los minifundistas se quedaron sin agua suficiente en los años de sequía. Y tendencias similares se han observado en California, donde un porcentaje reducido de tenedores de derechos de agua controlan una cantidad significativa del agua disponible, beneficiando desproporcionadamente a la agricultura de gran escala.
Asimismo, los mercados de agua pueden provocar una degradación ambiental. En Chile, el desvío del agua para un uso agrícola a veces ha comprometido la salud ecológica de los ríos y los humedales. En Australia, la extracción excesiva de agua ha generado serias consecuencias ambientales, entre ellas el colapso de los ecosistemas fluviales y la reducción de los recursos de la superficie del agua y de las aguas subterráneas, amenazando la biodiversidad.
California se ha topado con desafíos similares. Si bien la comercialización del agua ha ayudado a equilibrar la oferta y la demanda en algunas regiones, también ha expuesto profundas desigualdades. A los agricultores de pequeña escala del Valle Central les cuesta competir por agua con las grandes industrias agropecuarias, mientras que las comunidades urbanas más pobres enfrentan precios más altos del agua. En tiempos de sequía, el sistema impulsado por el mercado tiende a favorecer a quienes pueden pagar, dejando atrás a las poblaciones más vulnerables.
El acaparamiento especulativo de agua también es un problema creciente. En California, algunas entidades han retirado agua del mercado, a la espera de un alza de los precios, transformando así al agua -un recurso vital- en un activo financiero. Esto ha generado escaseces localizadas y ha hecho subir los precios en zonas donde el agua ya es escasa.
Más allá de las fallas de mercado, existen cuestiones más profundas de equidad y justicia que hay que considerar. La capacidad que tienen las entidades más ricas para comprar derechos significa que los mercados de agua son proclives a la monopolización. Este ha sido un problema persistente en Chile, donde las grandes empresas agropecuarias y las compañías mineras monopolizan el mercado, especialmente en zonas proclives a sufrir sequías.
Otro desafío es que los mercados de agua suelen chocar con los derechos de agua tradicionales o previos, lo que genera conflictos legales y sociales. En Chile, los tenedores de derechos anteriores, entre ellos las comunidades indígenas, han sufrido un desplazamiento ya que los derechos de agua se han mercantilizado y se han vendido a entidades más grandes. Este tipo de injusticias plantea preguntas fundamentales sobre la ética de mercantilizar un recurso que muchas comunidades ven como un bien público.
En términos más amplios, la implementación de mercados de agua es un proceso tenso y complejo. Los conflictos hídricos transfronterizos -donde las fuentes de agua atraviesan fronteras regionales o nacionales- son una preocupación creciente. Los mercados que permiten que una región comercialice agua que se necesita río abajo corren el riesgo de desatar conflictos entre jurisdicciones. Por ejemplo, la Cuenca del Río Colorado, compartida por siete estados norteamericanos y México, se ha convertido en una fuente de crecientes tensiones ya que la comercialización del agua aguas arriba afecta a los usuarios aguas abajo. Un marco regulador sólido es esencial para prevenir estos conflictos, pero su creación exige voluntad política y recursos considerables.
La promesa de los mercados de agua reside en su potencial para abordar la escasez incentivando la conservación y la eficiencia. Pero los riesgos que plantean, especialmente para la igualdad y la sustentabilidad ambiental, no se pueden ignorar. Chile, Australia y California ofrecen lecciones valiosas sobre los límites de la gestión del agua impulsada por el mercado. La monopolización, el acaparamiento especulativo y la degradación ambiental son riesgos importantísimos cuando el agua se trata exclusivamente como una mercancía.
La clave es diseñar una estrategia equilibrada. Los mercados de agua se deben regular cuidadosamente para garantizar un acceso justo, impedir la concentración de mercado y proteger los ecosistemas. Los sistemas híbridos que combinan mecanismos de mercado con una sólida supervisión pública y gestión comunitaria podrían ofrecer una solución más equitativa y sostenible. Los gobiernos también deberían defender los derechos de las comunidades vulnerables y reconocer al agua como un bien público, no como un activo comercializable.
SINGAPUR – En un informe histórico, la Comisión Global sobre la Economía del Agua recientemente identificó a los mercados de agua como una solución fundamental para la creciente crisis de agua generada por el clima del mundo. La lógica es simple: cuando algo es escaso, se vuelve más valioso. Al ponerle un precio apropiado al agua y crear mercados para distribuir agua según la demanda, podríamos promover un uso más eficiente e incentivar la conservación. Sin embargo, si bien el concepto de mercados de agua parece prometedor, las experiencias de Chile, Australia, Estados Unidos y otros países demuestran que la implementación puede resultar complicada.
Se ha promovido a los mercados de agua por su capacidad para distribuir agua de manera más eficiente. Cuando a los individuos o a las organizaciones se les permite comercializar derechos de agua, el agua se asigna a quienes la valoran más. En Chile, uno de los primeros países en implementar un mercado de agua nacional, los productores agrícolas pueden comprar agua de otras regiones o industrias que tienen un excedente. Debido a esta flexibilidad, el sistema permite que haya cultivos de alto valor aún durante épocas de sequía.
Al ayudar a reducir el uso ineficiente del agua, el mercado de agua de Chile, con el tiempo, impulsó la productividad agrícola. Entre 1985 y 2018, la agricultura de alto consumo de agua en las regiones de Atacama y Coquimbo creció significativamente ya que los mercados de agua permitieron una asignación más flexible a zonas de alta demanda.
El mismo principio se aplicó en la cuenca del Murray-Darling de Australia, donde los agricultores comercializan derechos de agua para adaptarse a la disponibilidad fluctuante de agua. Como informa Bloomberg, el comercio de agua en Australia ronda los 4.000 millones de dólares australianos (2.700 millones de dólares estadounidenses) y ha convertido a Australia en el noveno exportador de alimentos más grande del mundo. Los mismos mercados también pueden incentivar la conservación del agua. El Valle Central de California también autoriza la comercialización de agua agrícola, lo que les permite a los agricultores lidiar con las sequías periódicas comprando agua a regiones con más abundancia de recursos.
Pero la experiencia de Chile también pone de manifiesto las trampas de los mercados de agua. Lejos de ser una panacea, el mercado de agua de Chile ha generado desigualdades importantes. Las agroindustrias grandes han adquirido derechos de agua sustanciales, dejando a los pequeños agricultores y a las comunidades con un acceso limitado. Si el mercado está dominado por actores más ricos, las comunidades marginalizadas terminan quedándose afuera.
Esta situación plantea serias cuestiones de equidad. El agua no es solo una mercancía económica; es un derecho humano esencial. Un sistema que permite que los más ricos compren la mayor cantidad de agua amenaza con perjudicar el acceso de quienes más la necesitan. Después de que se consolidaron los derechos de agua en el Valle Limari al norte de Chile entre unas pocas compañías agrícolas grandes, los minifundistas se quedaron sin agua suficiente en los años de sequía. Y tendencias similares se han observado en California, donde un porcentaje reducido de tenedores de derechos de agua controlan una cantidad significativa del agua disponible, beneficiando desproporcionadamente a la agricultura de gran escala.
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Asimismo, los mercados de agua pueden provocar una degradación ambiental. En Chile, el desvío del agua para un uso agrícola a veces ha comprometido la salud ecológica de los ríos y los humedales. En Australia, la extracción excesiva de agua ha generado serias consecuencias ambientales, entre ellas el colapso de los ecosistemas fluviales y la reducción de los recursos de la superficie del agua y de las aguas subterráneas, amenazando la biodiversidad.
California se ha topado con desafíos similares. Si bien la comercialización del agua ha ayudado a equilibrar la oferta y la demanda en algunas regiones, también ha expuesto profundas desigualdades. A los agricultores de pequeña escala del Valle Central les cuesta competir por agua con las grandes industrias agropecuarias, mientras que las comunidades urbanas más pobres enfrentan precios más altos del agua. En tiempos de sequía, el sistema impulsado por el mercado tiende a favorecer a quienes pueden pagar, dejando atrás a las poblaciones más vulnerables.
El acaparamiento especulativo de agua también es un problema creciente. En California, algunas entidades han retirado agua del mercado, a la espera de un alza de los precios, transformando así al agua -un recurso vital- en un activo financiero. Esto ha generado escaseces localizadas y ha hecho subir los precios en zonas donde el agua ya es escasa.
Más allá de las fallas de mercado, existen cuestiones más profundas de equidad y justicia que hay que considerar. La capacidad que tienen las entidades más ricas para comprar derechos significa que los mercados de agua son proclives a la monopolización. Este ha sido un problema persistente en Chile, donde las grandes empresas agropecuarias y las compañías mineras monopolizan el mercado, especialmente en zonas proclives a sufrir sequías.
Otro desafío es que los mercados de agua suelen chocar con los derechos de agua tradicionales o previos, lo que genera conflictos legales y sociales. En Chile, los tenedores de derechos anteriores, entre ellos las comunidades indígenas, han sufrido un desplazamiento ya que los derechos de agua se han mercantilizado y se han vendido a entidades más grandes. Este tipo de injusticias plantea preguntas fundamentales sobre la ética de mercantilizar un recurso que muchas comunidades ven como un bien público.
En términos más amplios, la implementación de mercados de agua es un proceso tenso y complejo. Los conflictos hídricos transfronterizos -donde las fuentes de agua atraviesan fronteras regionales o nacionales- son una preocupación creciente. Los mercados que permiten que una región comercialice agua que se necesita río abajo corren el riesgo de desatar conflictos entre jurisdicciones. Por ejemplo, la Cuenca del Río Colorado, compartida por siete estados norteamericanos y México, se ha convertido en una fuente de crecientes tensiones ya que la comercialización del agua aguas arriba afecta a los usuarios aguas abajo. Un marco regulador sólido es esencial para prevenir estos conflictos, pero su creación exige voluntad política y recursos considerables.
La promesa de los mercados de agua reside en su potencial para abordar la escasez incentivando la conservación y la eficiencia. Pero los riesgos que plantean, especialmente para la igualdad y la sustentabilidad ambiental, no se pueden ignorar. Chile, Australia y California ofrecen lecciones valiosas sobre los límites de la gestión del agua impulsada por el mercado. La monopolización, el acaparamiento especulativo y la degradación ambiental son riesgos importantísimos cuando el agua se trata exclusivamente como una mercancía.
La clave es diseñar una estrategia equilibrada. Los mercados de agua se deben regular cuidadosamente para garantizar un acceso justo, impedir la concentración de mercado y proteger los ecosistemas. Los sistemas híbridos que combinan mecanismos de mercado con una sólida supervisión pública y gestión comunitaria podrían ofrecer una solución más equitativa y sostenible. Los gobiernos también deberían defender los derechos de las comunidades vulnerables y reconocer al agua como un bien público, no como un activo comercializable.