WASHINGTON, DC – El pasado mes de octubre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por su sigla en inglés) abandonó su demanda de larga data de disposiciones de la Organización Mundial del Comercio para proteger los flujos de datos transfronterizos, impedir una localización forzada de los datos, salvaguardar los códigos fuente y prohibir que los países discriminen contra los productos digitales en base a la nacionalidad. Fue un cambio llamativo, que pone en peligro la supervivencia misma de la Internet abierta, con todo el intercambio de conocimiento, la colaboración global y el comercio transfronterizo que ésta hace posible.
La USTR dice que el cambio era necesario por una noción equivocada de que las disposiciones comerciales pueden obstaculizar la capacidad del Congreso de Estados Unidos para responder a los pedidos de regulación de las Grandes Tecnológicas y la inteligencia artificial. Pero los acuerdos comerciales ya incluyen excepciones para cuestiones legítimas de políticas públicas, y el propio Congreso ha llevado a cabo una investigación que demuestra que los acuerdos comerciales no pueden impedir sus aspiraciones políticas. En resumidas cuentas, Estados Unidos -como sucede con otros países involucrados en acuerdos de la OMC- puede regular su sector digital sin abandonar su rol crucial como defensor de la Internet abierta.
Las consecuencias potenciales del cambio de política de Estados Unidos son tan amplias como peligrosas. El miedo a perjudicar los lazos comerciales con Estados Unidos ha disuadido durante mucho tiempo a otros actores de imponer fronteras nacionales a Internet. Ahora, quienes han oído el canto de sirenas de una supuesta “soberanía digital” como una manera de garantizar que se obedezcan sus leyes en el ámbito digital tienen menos motivos para oponerse. Cuantos más muros digitales se erijan, menos se asemejan las partes amuralladas a Internet.
Varios países ya están intentando replicar la estrategia excesiva de China en materia de gobernanza de datos. La ley de protección de datos de Ruanda, por ejemplo, obliga a las empresas a almacenar datos al interior de su frontera a menos que exista un permiso de su regulador de ciberseguridad -lo que hace que los datos personales sean vulnerables a las autoridades que, se sabe, usan los datos de mensajes privados para perseguir a los disidentes-. Al mismo tiempo, una creciente cantidad de países democráticos están considerando regulaciones que, sin salvaguardas fuertes para los flujos de datos transfronterizos, podrían tener un efecto similar de alteración del acceso a una Internet verdaderamente abierta.
Sin un acuerdo contundente sobre las protecciones cruciales de Internet por parte de Estados Unidos y los 90 miembros de la OMC involucrados en la iniciativa conjunta de comercio electrónico, existe un riesgo real de que muchos más países -inclusive los más de 100 países en desarrollo sin una estrategia para la gobernanza de datos- puedan verse obligados a elegir un camino regulatorio que se aleja de una Internet abierta.
A medida que se erijan más barreras para los flujos de información, el riesgo de perjudicar a la gente, a las empresas y a los países aumenta. Consideremos los mandatos de localización de datos, que pueden exigir que toda la información sobre los ciudadanos y los residentes se almacene, recopile o procese al interior de las fronteras físicas de su país. Lejos de proteger la privacidad y la seguridad individual, este tipo de mandatos las ponen en riesgo.
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Por empezar, los mandatos podrían hacer que los datos sean más vulnerables a una captura directa por parte de las autoridades que no respetan los derechos humanos. En los últimos diez años, la Fundación Wikimedia -la organización sin fines de lucro que alberga a Wikipedia, la enciclopedia online gratuita creada y mantenida por editores voluntarios en todo el mundo- ha recibido decenas de pedidos de datos de usuarios cada año, muchos de los cuales han tenido poco o ningún sustento legal.
Ha habido casos, por ejemplo, donde un gobierno o individuo adinerado ha intentado oscurecer información pública precisa o inclusive tomar represalias contra el voluntario que la publicó. La Fundación Wikimedia rechaza este tipo de pedidos, pero los requerimientos de localización de datos podrían hacer que esto resulte más difícil, en tanto los gobiernos asuman un mayor control de la información almacenada al interior de sus fronteras.
Luego existen las implicancias económicas. Crear las instalaciones de recopilación de datos y de almacenamiento en países de todo el mundo sería costoso -tan costoso, de hecho, que podría amenazar la viabilidad económica de entidades sin fines de lucro y comerciales por igual-. A los actores más pequeños les resultaría aún más difícil competir con las grandes plataformas tecnológicas globales.
Finalmente, obligar a los servicios basados en Internet a crear múltiples centros de datos redundantes en diferentes países creará nuevas vulnerabilidades de seguridad, que dejan al personal sensible y a la información corporativa en mayor peligro de intrusiones y filtraciones de datos. El acceso de la gente a la información también podría verse afectado.
Luego del anuncio de Estados Unidos en octubre pasado, los ministros del G7 se apresuraron a reafirmar su compromiso de abrir el comercio digital y los mercados digitales, y su respaldo de la iniciativa Flujo Libre de Datos con Confianza, que promueve estrategias coordinadas para la privacidad y la gobernanza de datos en medio de un creciente proteccionismo digital. Pero el G7, por sí solo, está mal equipado para contrarrestar las políticas erróneas y los esfuerzos de orden geopolítico que puedan alterar Internet hasta que resulte irreconocible. Para preservar una Internet abierta, globalmente conectada y segura, todos los países -inclusive Estados Unidos, con su influencia global permanente- deben reafirmar un apoyo contundente de las políticas que la sustentan.
Pero el esfuerzo sostenido necesario para impedir la erosión global de Internet va más allá de las negociaciones comerciales. La gente en todas partes debe instar a sus líderes a proteger Internet de medidas agresivas de soberanía digital en la iniciativa conjunta de negociaciones sobre comercio electrónico de la OMC, en otros compromisos internacionales y en casa. Por su parte, los responsables de las políticas que toman decisiones o diseñan legislación deben ser diligentes a la hora de evaluar los potenciales impactos en los flujos de datos en línea e impedir que se vea afectada la apertura de Internet.
En algunos sentidos, Internet es víctima de su propio éxito: se ha vuelto tan integral en nuestras vidas que la damos por sentada. Pero la supervivencia de Internet tal como la conocemos hoy está muy lejos de estar garantizada. Solo con un esfuerzo global concertado podremos asegurar que no se vuelva cada vez más fragmentada, insegura y controlada por los gobiernos y las corporaciones.
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While both the American and Chinese Gilded Ages raised material standards of living for hundreds of millions of people, their endemic corruption produced radically unequal and unsustainable growth. Ultimately, both periods offer cautionary tales about unbridled crony capitalism, not models for blind emulation.
explains how corruption both drove the country's GDP growth and sowed the seeds for its current economic problems.
Since taking power in 2014, Prime Minister Narendra Modi and his ruling Bharatiya Janata Party have stoked Hindu nationalism, hollowed out India’s democracy, and overseen an economy that is probably performing far worse than official figures suggest. And yet Modi and the BJP are genuinely popular, making them likely – though not certain – to emerge victorious when the ongoing parliamentary election concludes in June.
WASHINGTON, DC – El pasado mes de octubre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por su sigla en inglés) abandonó su demanda de larga data de disposiciones de la Organización Mundial del Comercio para proteger los flujos de datos transfronterizos, impedir una localización forzada de los datos, salvaguardar los códigos fuente y prohibir que los países discriminen contra los productos digitales en base a la nacionalidad. Fue un cambio llamativo, que pone en peligro la supervivencia misma de la Internet abierta, con todo el intercambio de conocimiento, la colaboración global y el comercio transfronterizo que ésta hace posible.
La USTR dice que el cambio era necesario por una noción equivocada de que las disposiciones comerciales pueden obstaculizar la capacidad del Congreso de Estados Unidos para responder a los pedidos de regulación de las Grandes Tecnológicas y la inteligencia artificial. Pero los acuerdos comerciales ya incluyen excepciones para cuestiones legítimas de políticas públicas, y el propio Congreso ha llevado a cabo una investigación que demuestra que los acuerdos comerciales no pueden impedir sus aspiraciones políticas. En resumidas cuentas, Estados Unidos -como sucede con otros países involucrados en acuerdos de la OMC- puede regular su sector digital sin abandonar su rol crucial como defensor de la Internet abierta.
Las consecuencias potenciales del cambio de política de Estados Unidos son tan amplias como peligrosas. El miedo a perjudicar los lazos comerciales con Estados Unidos ha disuadido durante mucho tiempo a otros actores de imponer fronteras nacionales a Internet. Ahora, quienes han oído el canto de sirenas de una supuesta “soberanía digital” como una manera de garantizar que se obedezcan sus leyes en el ámbito digital tienen menos motivos para oponerse. Cuantos más muros digitales se erijan, menos se asemejan las partes amuralladas a Internet.
Varios países ya están intentando replicar la estrategia excesiva de China en materia de gobernanza de datos. La ley de protección de datos de Ruanda, por ejemplo, obliga a las empresas a almacenar datos al interior de su frontera a menos que exista un permiso de su regulador de ciberseguridad -lo que hace que los datos personales sean vulnerables a las autoridades que, se sabe, usan los datos de mensajes privados para perseguir a los disidentes-. Al mismo tiempo, una creciente cantidad de países democráticos están considerando regulaciones que, sin salvaguardas fuertes para los flujos de datos transfronterizos, podrían tener un efecto similar de alteración del acceso a una Internet verdaderamente abierta.
Sin un acuerdo contundente sobre las protecciones cruciales de Internet por parte de Estados Unidos y los 90 miembros de la OMC involucrados en la iniciativa conjunta de comercio electrónico, existe un riesgo real de que muchos más países -inclusive los más de 100 países en desarrollo sin una estrategia para la gobernanza de datos- puedan verse obligados a elegir un camino regulatorio que se aleja de una Internet abierta.
A medida que se erijan más barreras para los flujos de información, el riesgo de perjudicar a la gente, a las empresas y a los países aumenta. Consideremos los mandatos de localización de datos, que pueden exigir que toda la información sobre los ciudadanos y los residentes se almacene, recopile o procese al interior de las fronteras físicas de su país. Lejos de proteger la privacidad y la seguridad individual, este tipo de mandatos las ponen en riesgo.
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Ha habido casos, por ejemplo, donde un gobierno o individuo adinerado ha intentado oscurecer información pública precisa o inclusive tomar represalias contra el voluntario que la publicó. La Fundación Wikimedia rechaza este tipo de pedidos, pero los requerimientos de localización de datos podrían hacer que esto resulte más difícil, en tanto los gobiernos asuman un mayor control de la información almacenada al interior de sus fronteras.
Luego existen las implicancias económicas. Crear las instalaciones de recopilación de datos y de almacenamiento en países de todo el mundo sería costoso -tan costoso, de hecho, que podría amenazar la viabilidad económica de entidades sin fines de lucro y comerciales por igual-. A los actores más pequeños les resultaría aún más difícil competir con las grandes plataformas tecnológicas globales.
Finalmente, obligar a los servicios basados en Internet a crear múltiples centros de datos redundantes en diferentes países creará nuevas vulnerabilidades de seguridad, que dejan al personal sensible y a la información corporativa en mayor peligro de intrusiones y filtraciones de datos. El acceso de la gente a la información también podría verse afectado.
Luego del anuncio de Estados Unidos en octubre pasado, los ministros del G7 se apresuraron a reafirmar su compromiso de abrir el comercio digital y los mercados digitales, y su respaldo de la iniciativa Flujo Libre de Datos con Confianza, que promueve estrategias coordinadas para la privacidad y la gobernanza de datos en medio de un creciente proteccionismo digital. Pero el G7, por sí solo, está mal equipado para contrarrestar las políticas erróneas y los esfuerzos de orden geopolítico que puedan alterar Internet hasta que resulte irreconocible. Para preservar una Internet abierta, globalmente conectada y segura, todos los países -inclusive Estados Unidos, con su influencia global permanente- deben reafirmar un apoyo contundente de las políticas que la sustentan.
Pero el esfuerzo sostenido necesario para impedir la erosión global de Internet va más allá de las negociaciones comerciales. La gente en todas partes debe instar a sus líderes a proteger Internet de medidas agresivas de soberanía digital en la iniciativa conjunta de negociaciones sobre comercio electrónico de la OMC, en otros compromisos internacionales y en casa. Por su parte, los responsables de las políticas que toman decisiones o diseñan legislación deben ser diligentes a la hora de evaluar los potenciales impactos en los flujos de datos en línea e impedir que se vea afectada la apertura de Internet.
En algunos sentidos, Internet es víctima de su propio éxito: se ha vuelto tan integral en nuestras vidas que la damos por sentada. Pero la supervivencia de Internet tal como la conocemos hoy está muy lejos de estar garantizada. Solo con un esfuerzo global concertado podremos asegurar que no se vuelva cada vez más fragmentada, insegura y controlada por los gobiernos y las corporaciones.