SOFIA/MILÁN – Los economistas han argumentado desde mucho tiempo atrás que la regulación por sí sola no puede lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y que dicha reducción es necesaria para frenar el cambio climático; se argumenta también que es esencial contar con un precio del carbono. Hasta ahora, se han implementado docenas de acuerdos para la fijación de precios del carbono a lo largo y ancho de todo el mundo, en su mayoría esquemas basados en impuestos. Sin embargo, cuando se trata de considerar el impacto, los problemas surgen en los detalles.
La Ley estadounidense de Reducción de la Inflación (Ley IRA), aprobada el año pasado, puso de manifiesto lo complicada que puede ser la fijación de precios del carbono. La Ley IRA incluye un subsidio poco notorio de 85 dólares por tonelada de dióxido de carbono capturado de procesos industriales, e indica que dicho subsidio se paga a cualquier nueva planta durante un período de 12 años. Es imposible predecir si la disposición conducirá a una reducción significativa de las emisiones. Lo que cabe esperar es tener una prueba de la viabilidad de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS).
Tal como están las cosas en la actualidad, sólo existen unas pocas instalaciones industriales de CCS en todo el mundo, y dichas instalaciones sólo eliminan pequeñas cantidades de CO2. Si bien el costo potencial de CCS varía ampliamente, muchas estimaciones lo sitúan por debajo de 85 dólares por tonelada. Consiguientemente, la garantía de una subvención generosa, con la que los inversores pueden contar durante un largo período, podría dar un gran impulso al sector.
SOFIA/MILÁN – Los economistas han argumentado desde mucho tiempo atrás que la regulación por sí sola no puede lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y que dicha reducción es necesaria para frenar el cambio climático; se argumenta también que es esencial contar con un precio del carbono. Hasta ahora, se han implementado docenas de acuerdos para la fijación de precios del carbono a lo largo y ancho de todo el mundo, en su mayoría esquemas basados en impuestos. Sin embargo, cuando se trata de considerar el impacto, los problemas surgen en los detalles.
La Ley estadounidense de Reducción de la Inflación (Ley IRA), aprobada el año pasado, puso de manifiesto lo complicada que puede ser la fijación de precios del carbono. La Ley IRA incluye un subsidio poco notorio de 85 dólares por tonelada de dióxido de carbono capturado de procesos industriales, e indica que dicho subsidio se paga a cualquier nueva planta durante un período de 12 años. Es imposible predecir si la disposición conducirá a una reducción significativa de las emisiones. Lo que cabe esperar es tener una prueba de la viabilidad de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS).
Tal como están las cosas en la actualidad, sólo existen unas pocas instalaciones industriales de CCS en todo el mundo, y dichas instalaciones sólo eliminan pequeñas cantidades de CO2. Si bien el costo potencial de CCS varía ampliamente, muchas estimaciones lo sitúan por debajo de 85 dólares por tonelada. Consiguientemente, la garantía de una subvención generosa, con la que los inversores pueden contar durante un largo período, podría dar un gran impulso al sector.