PARÍS – A fines de junio, una cumbre histórica de solidaridad internacional concluyó con la firma de la Agenda de París para las Personas y el Planeta. Hace un par de días, la dirigencia africana retomó y amplificó esta dinámica con la adopción, durante la primera Cumbre de África sobre el Clima en Kenia, de la «Declaración de Nairobi». La cumbre del G20, los días 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi, es el siguiente gran hito en la promoción de esta agenda, antes de la Cumbre 2023 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (18 y 19 de septiembre), la Cumbre del Futuro (septiembre de 2024) y la cuarta Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (2025).
La cumbre de París expuso nuestro objetivo: un mundo sin pobreza, en el que se preserve la salud del planeta y en el que los países vulnerables estén mejor preparados para enfrentar las crisis derivadas del cambio climático y de los conflictos. Para cumplir estos objetivos, tenemos que aprovechar todas las fuentes de financiación, incluidas las ayudas oficiales al desarrollo, los recursos nacionales y la inversión privada. Además, debemos permanecer unidos. Para evitar la fragmentación, hay que transformar la gobernanza de la arquitectura financiera internacional para hacerla más eficiente, más inclusiva, más equitativa y adecuada al mundo actual.
Tenemos grandes expectativas para la cumbre del G20 en Nueva Delhi, y en particular acompañamos las aspiraciones de nuestros socios africanos que se reunieron en Nairobi del 4 al 6 de septiembre para dar una respuesta unificada al desafío global del clima. El reconocimiento por parte del G20 de que la Unión Africana debe ser miembro pleno es un hecho histórico, y pedimos a todos nuestros socios que se nos unan en el aval a esta decisión. Estamos determinados a asegurar que las transformaciones que proponemos beneficien a todas las regiones y países en desarrollo vulnerables, con inclusión de América Latina y el Caribe.
Con este objetivo, hemos identificado cuatro principios que guiarán nuestras acciones futuras:
–Ningún país debería tener que elegir entre el combate a la pobreza y el combate por la protección y la preservación del planeta.
–Puesto que las necesidades de los países son diferentes, es posible que deban seguir sendas de transición distintas mientras todos buscamos cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima (2015). (Por eso estamos acelerando la creación de alianzas para una transición energética justa y paquetes nacionales para los bosques, el clima y la naturaleza.)
–Se necesitan más recursos financieros para dar apoyo a las economías vulnerables, sacar a sus poblaciones de la pobreza y proteger el planeta.
–Para hacer frente a los desafíos globales actuales (desde alcanzar la emisión neta nula de gases de efecto invernadero hasta reducir la desigualdad) hay que aumentar la escala del uso de flujos de capital privado a las economías emergentes y en desarrollo.
Para respaldar las medidas concretas acordadas o propuestas en París el pasado junio y este mes en Nairobi, el mundo necesitará un fuerte estímulo financiero. Felizmente, ya hemos alcanzado la meta de cien mil millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG, la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional) o aportes equivalentes que se canalizarán hacia los países más vulnerables del mundo, sobre todo en África. Ahora estamos pidiendo compromisos adicionales. Los gobiernos que puedan ofrecer más mecanismos de recanalización de DEG deberían hacerlo y cumplir lo prometido lo antes posible.
Estamos muy cerca de poder alcanzar también este año la meta de cien mil millones de dólares en financiación para el clima. Seguiremos muy de cerca el avance hacia dicho objetivo, procurando que los países más vulnerables tengan acceso a la parte que les corresponde.
Pero tenemos que ser más eficientes en el uso de este capital. Cada dólar de financiación procedente de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) se tiene que complementar con al menos un dólar de financiación privada. Sobre esa base, esperamos que movilicen al menos otros cien mil millones de dólares de dinero privado cada año con destino a las economías emergentes y en desarrollo.
También esperamos un aumento general de doscientos mil millones de dólares en la capacidad de otorgamiento de préstamos de los BMD durante los próximos diez años, mediante la optimización de sus balances y la introducción de cambios que les permitan asumir más riesgos. Si las reformas a los BMD que se están analizando se ponen en práctica, es posible que necesiten más capital. Reafirmamos la importancia de llevar adelante grandes proyectos de infraestructura en África, y queremos continuar nuestra colaboración en esta área.
Tenemos que mejorar la agilidad y la previsibilidad del mecanismo para la coordinación de la reestructuración de deudas de países de bajos ingresos (el marco común del G20 para el tratamiento de deudas) y analizar su extensión a los países de ingresos medianos bajos. También tenemos que acelerar las suspensiones de deuda cuando sea necesario, por ejemplo para aumentar el margen fiscal de los países en situación de endeudamiento crítica.
El marco común ya ha sido aplicado en Chad y Zambia, y es posible y necesario usarlo en otros lugares. Es innegable que debemos ayudarnos mutuamente cuando un país enfrenta un desastre. Para ello se necesitan herramientas específicas que fortalezcan la resiliencia de los países, entre ellas la inclusión de una cláusula sobre crisis climáticas en los contratos de deuda.
No hay duda de que es una agenda ambiciosa, y para cumplirla, se necesita el trabajo conjunto de todos los actores e instituciones del área financiera. Una parte de este esfuerzo cooperativo debe incluir coordinar a los BMD y a los bancos de desarrollo públicos en la red global «Finanzas en Común». En cuanto a la transición energética, puede servir de ámbito de cooperación el Club del Clima, creado por el G7 con el objetivo de cumplir el Acuerdo de París.
Aun así, para poder cumplir nuestros compromisos en materia climática, habrá que encontrar nuevos mecanismos de tributación internacional con el liderazgo del G20. Para ello es necesario que los diversos gobiernos controlen los flujos financieros que eluden los sistemas tributarios legítimos.
Además de una mejora de la fiscalización tributaria, los países en desarrollo necesitarán alianzas justas que les permitan generar valor agregado mediante el procesamiento local de materias primas y minerales críticos, reforzando al mismo tiempo nuestro compromiso con el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias y alimentarias.
Otras medidas que pueden ser muy importantes para ayudar a los países más pobres del mundo son un reaprovisionamiento financiero ambicioso de la Asociación Internacional para el Desarrollo, profundizar el servicio del FMI para el crecimiento y la lucha contra la pobreza y aumentar la financiación destinada a otros instrumentos concesionarios del Banco Mundial y del FMI. En esto es evidente que incluir la vulnerabilidad climática en la misión del Banco Mundial y del FMI permitirá más inversiones en proyectos que ayuden a los países pobres a combatir el cambio climático. Además, debemos crear un nuevo instrumento financiero internacional para los bosques, destinado al pago de servicios de los ecosistemas. Y también hay que mitigar o reducir los riesgos de esas inversiones, en particular los de naturaleza cambiaria.
Para que los compromisos se trasladen a logros concretos, hemos instituido un comité de trabajo conjunto para el seguimiento de esta hoja de ruta, con inclusión de organizaciones internacionales y regionales, representantes nacionales y organismos de la sociedad civil.
La cumbre del G20 debe demostrar que la dirigencia internacional está realmente decidida a cumplir la Agenda de París para lograr el objetivo de «una Tierra, una familia, un futuro».
Este comentario también lleva las firmas de: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno de España y del Consejo de la UE); Hakainde Hichilema (presidente de Zambia); William Ruto (presidente de Kenia); Macky Sall (presidente de Senegal); Abiy Ahmed (primer ministro de Etiopía); Abdel Fattah al-Sisi (presidente de Egipto); Patrice Talon (presidente de Benín); y Mia Mottley (primera ministra de Barbados).
PARÍS – A fines de junio, una cumbre histórica de solidaridad internacional concluyó con la firma de la Agenda de París para las Personas y el Planeta. Hace un par de días, la dirigencia africana retomó y amplificó esta dinámica con la adopción, durante la primera Cumbre de África sobre el Clima en Kenia, de la «Declaración de Nairobi». La cumbre del G20, los días 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi, es el siguiente gran hito en la promoción de esta agenda, antes de la Cumbre 2023 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (18 y 19 de septiembre), la Cumbre del Futuro (septiembre de 2024) y la cuarta Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (2025).
La cumbre de París expuso nuestro objetivo: un mundo sin pobreza, en el que se preserve la salud del planeta y en el que los países vulnerables estén mejor preparados para enfrentar las crisis derivadas del cambio climático y de los conflictos. Para cumplir estos objetivos, tenemos que aprovechar todas las fuentes de financiación, incluidas las ayudas oficiales al desarrollo, los recursos nacionales y la inversión privada. Además, debemos permanecer unidos. Para evitar la fragmentación, hay que transformar la gobernanza de la arquitectura financiera internacional para hacerla más eficiente, más inclusiva, más equitativa y adecuada al mundo actual.
Tenemos grandes expectativas para la cumbre del G20 en Nueva Delhi, y en particular acompañamos las aspiraciones de nuestros socios africanos que se reunieron en Nairobi del 4 al 6 de septiembre para dar una respuesta unificada al desafío global del clima. El reconocimiento por parte del G20 de que la Unión Africana debe ser miembro pleno es un hecho histórico, y pedimos a todos nuestros socios que se nos unan en el aval a esta decisión. Estamos determinados a asegurar que las transformaciones que proponemos beneficien a todas las regiones y países en desarrollo vulnerables, con inclusión de América Latina y el Caribe.
Con este objetivo, hemos identificado cuatro principios que guiarán nuestras acciones futuras:
–Ningún país debería tener que elegir entre el combate a la pobreza y el combate por la protección y la preservación del planeta.
–Puesto que las necesidades de los países son diferentes, es posible que deban seguir sendas de transición distintas mientras todos buscamos cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima (2015). (Por eso estamos acelerando la creación de alianzas para una transición energética justa y paquetes nacionales para los bosques, el clima y la naturaleza.)
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–Se necesitan más recursos financieros para dar apoyo a las economías vulnerables, sacar a sus poblaciones de la pobreza y proteger el planeta.
–Para hacer frente a los desafíos globales actuales (desde alcanzar la emisión neta nula de gases de efecto invernadero hasta reducir la desigualdad) hay que aumentar la escala del uso de flujos de capital privado a las economías emergentes y en desarrollo.
Para respaldar las medidas concretas acordadas o propuestas en París el pasado junio y este mes en Nairobi, el mundo necesitará un fuerte estímulo financiero. Felizmente, ya hemos alcanzado la meta de cien mil millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG, la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional) o aportes equivalentes que se canalizarán hacia los países más vulnerables del mundo, sobre todo en África. Ahora estamos pidiendo compromisos adicionales. Los gobiernos que puedan ofrecer más mecanismos de recanalización de DEG deberían hacerlo y cumplir lo prometido lo antes posible.
Estamos muy cerca de poder alcanzar también este año la meta de cien mil millones de dólares en financiación para el clima. Seguiremos muy de cerca el avance hacia dicho objetivo, procurando que los países más vulnerables tengan acceso a la parte que les corresponde.
Pero tenemos que ser más eficientes en el uso de este capital. Cada dólar de financiación procedente de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) se tiene que complementar con al menos un dólar de financiación privada. Sobre esa base, esperamos que movilicen al menos otros cien mil millones de dólares de dinero privado cada año con destino a las economías emergentes y en desarrollo.
También esperamos un aumento general de doscientos mil millones de dólares en la capacidad de otorgamiento de préstamos de los BMD durante los próximos diez años, mediante la optimización de sus balances y la introducción de cambios que les permitan asumir más riesgos. Si las reformas a los BMD que se están analizando se ponen en práctica, es posible que necesiten más capital. Reafirmamos la importancia de llevar adelante grandes proyectos de infraestructura en África, y queremos continuar nuestra colaboración en esta área.
Tenemos que mejorar la agilidad y la previsibilidad del mecanismo para la coordinación de la reestructuración de deudas de países de bajos ingresos (el marco común del G20 para el tratamiento de deudas) y analizar su extensión a los países de ingresos medianos bajos. También tenemos que acelerar las suspensiones de deuda cuando sea necesario, por ejemplo para aumentar el margen fiscal de los países en situación de endeudamiento crítica.
El marco común ya ha sido aplicado en Chad y Zambia, y es posible y necesario usarlo en otros lugares. Es innegable que debemos ayudarnos mutuamente cuando un país enfrenta un desastre. Para ello se necesitan herramientas específicas que fortalezcan la resiliencia de los países, entre ellas la inclusión de una cláusula sobre crisis climáticas en los contratos de deuda.
No hay duda de que es una agenda ambiciosa, y para cumplirla, se necesita el trabajo conjunto de todos los actores e instituciones del área financiera. Una parte de este esfuerzo cooperativo debe incluir coordinar a los BMD y a los bancos de desarrollo públicos en la red global «Finanzas en Común». En cuanto a la transición energética, puede servir de ámbito de cooperación el Club del Clima, creado por el G7 con el objetivo de cumplir el Acuerdo de París.
Aun así, para poder cumplir nuestros compromisos en materia climática, habrá que encontrar nuevos mecanismos de tributación internacional con el liderazgo del G20. Para ello es necesario que los diversos gobiernos controlen los flujos financieros que eluden los sistemas tributarios legítimos.
Además de una mejora de la fiscalización tributaria, los países en desarrollo necesitarán alianzas justas que les permitan generar valor agregado mediante el procesamiento local de materias primas y minerales críticos, reforzando al mismo tiempo nuestro compromiso con el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias y alimentarias.
Otras medidas que pueden ser muy importantes para ayudar a los países más pobres del mundo son un reaprovisionamiento financiero ambicioso de la Asociación Internacional para el Desarrollo, profundizar el servicio del FMI para el crecimiento y la lucha contra la pobreza y aumentar la financiación destinada a otros instrumentos concesionarios del Banco Mundial y del FMI. En esto es evidente que incluir la vulnerabilidad climática en la misión del Banco Mundial y del FMI permitirá más inversiones en proyectos que ayuden a los países pobres a combatir el cambio climático. Además, debemos crear un nuevo instrumento financiero internacional para los bosques, destinado al pago de servicios de los ecosistemas. Y también hay que mitigar o reducir los riesgos de esas inversiones, en particular los de naturaleza cambiaria.
Para que los compromisos se trasladen a logros concretos, hemos instituido un comité de trabajo conjunto para el seguimiento de esta hoja de ruta, con inclusión de organizaciones internacionales y regionales, representantes nacionales y organismos de la sociedad civil.
La cumbre del G20 debe demostrar que la dirigencia internacional está realmente decidida a cumplir la Agenda de París para lograr el objetivo de «una Tierra, una familia, un futuro».
Este comentario también lleva las firmas de: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno de España y del Consejo de la UE); Hakainde Hichilema (presidente de Zambia); William Ruto (presidente de Kenia); Macky Sall (presidente de Senegal); Abiy Ahmed (primer ministro de Etiopía); Abdel Fattah al-Sisi (presidente de Egipto); Patrice Talon (presidente de Benín); y Mia Mottley (primera ministra de Barbados).