marchiori1_Annika HammerschlagAnadolu Agency via Getty Images_street vendors Annika Hammerschlag/Anadolu Agency via Getty Images

Justicia para los vendedores ambulantes

WASHINGTON, DC – Hace poco ocurrió una oleada de expulsiones en el vibrante mercado Liberté 6 en Dakar, un eje comercial de cerca de un kilómetro y medio que ha servido a su comunidad por más de 20 años. Cientos de puestos de vendedores callejeros fueron aplanados para hacer espacio para una nueva estación de buses. Las autoridades dieron aviso previo y una indemnización para compensar por las pérdidas económicas, pero dieron respuesta al problema real: la falta de espacio para la compraventa.

La venta callejera es una actividad económica legítima que da sustento a millones de personas y representa una gran proporción del empleo urbano en muchas grandes ciudades del Sur Global.  Cerca de 59.000 comerciantes callejeros tienen sus puestos en Dakar, representando un 13,8% del empleo total, mientras que en el área metropolitana de Lima lo hacen unas 450.000 personas, un 8,8% del empleo total. Y es muy probable que estas cifras crezcan a medida que la economía vaya absorbiendo a muchos de quienes la pandemia del COVID-19 dejó en el desempleo.

Es un medio de sustento que precisa de un recurso por sobre todas las demás: acceso a un espacio público concurrido, fácil de recorrer a pie, bien conectado y barato. Sin embargo, en su lugar, las autoridades de gobierno desean “despejar” las ciudades, lo que significa sacar a estos comerciantes de las calles. En su opinión, los vendedores informales son una molestia: ensucian y desordenan calles, obstruyen la movilidad urbana y ocupan espacio precioso que se podría usar para proyectos de modernización o embellecimiento, o venderlos a constructoras bien financiadas para que los transformen en oasis de ocio para las élites urbanas.

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