BRUSELAS – Desde que se presentó el Pacto Verde Europeo en 2019, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha estado promocionando como la nueva agenda de crecimiento económico de la Unión Europea; después de todo, aunque el objetivo central de la estrategia esté relacionado con el clima —reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la UE a cero para 2050—, procura conseguirlo mediante la modernización de la economía y la promoción de la innovación... pero no todos están convencidos.
En los últimos meses los conductores europeos se han quejado contra los planes de la UE de prohibir la producción y venta de automóviles con motores de combustión interna; los hogares se han resistido al abandono paulatino de las calderas a gas; y los agricultores se rebelaron contra normas ambientales que consideran autoritarias. Se acercan las elecciones del Parlamento Europeo y los partidos de extrema derecha están esforzándose por posicionarse como adalides oficiales de ese creciente descontento... y preparándose para usar el poder que obtengan para sabotear la agenda verde.
Algunos de los puntos de los manifestantes son válidos: la transformación radical que implica el Pacto Verde Europeo da lugar a planteos difíciles de resolver sobre quiénes debieran cargar con los costos de la acción climática, tanto entre países como a escala nacional. Si esos costos terminan afectando desproporcionadamente al trabajador común —ni que hablar de las comunidades más pobres y vulnerables— la transformación exacerbará la desigualdad y podría tener graves efectos colaterales sociales y políticos. Afortunadamente, es un resultado evitable con políticas climáticas correctamente diseñadas, que podrían además aumentar la equidad social.
Desde su creación, el Pacto Verde Europeo ha tenido en cuenta a la justicia climática: sus defensores siempre supieron que tendrían que ganarse el apoyo político de Polonia —que hace uso intensivo del carbón— y no han olvidado el levantamiento de los «chalecos amarillos» de 2018 en Francia, que tuvo lugar cuando el presidente Emmanuel Macron intentó aplicar un impuesto al carbono al transporte por carretera.
No es casualidad que la primera iniciativa insignia del Pacto Verde Europeo haya sido el Fondo de Transición Justa —que destinará EUR 20 000 millones (USD 21 600 millones) en 2021-27 a apoyar la «diversificación y reconversión económica» de los territorios más perjudicados por la transición verde—. Tampoco es casualidad que durante la creación del primer mercado de carbono para edificios y transporte por carretera la Comisión Europea creara el Fondo Social para el Clima, que supuestamente movilizará al menos EUR 86 700 millones entre 2026 y 2032 para compensar a los grupos más vulnerables por el aumento del precio de la energía.
Esas políticas reflejan los consejos de la literatura económica sobre los dividendos del carbono, pero son insuficientes para contrarrestar los profundos efectos distributivos de la política climática, especialmente cuando la descarbonización se acelera e incluye a sectores que afectan la vida diaria de la gente común, como los edificios y el transporte; por eso Europa también necesita un nuevo contrato social verde, centrado principalmente en esos sectores.
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Para ello, la UE debiera optimizar y simplificar los instrumentos de financiamiento existentes, para permitir un apoyo más decidido aún a la transformación de las regiones que usan carbón y emiten carbono de forma más intensiva; también debiera implementar medidas para garantizar que los países de la UE usen mejor, y de manera más dirigida, los ingresos del mercado de carbono para apoyar la adopción de alternativas verdes —desde vehículos eléctricos hasta sistemas de calefacción para los hogares—. Y debiera impulsar un «Pacto Verde Rural» que apoye a los pequeños agricultores y exija simultáneamente a la industria de los agroalimentos que transforme sus sistemas. Si bien esas actividades a escala de la UE no eliminarían las consecuencias distributivas de la política climática, serían de gran ayuda.
La UE debe convertir a la descarbonización en una verdadera oportunidad económica mediante el desarrollo de una política industrial verde sólida. Para ello lo primero y principal será revitalizar la «aburrida» agenda del mercado único de la UE para aprovechar el mayor activo del bloque —un enorme mercado compartido de bienes, servicios financieros, energía, trabajadores e ideas— para incentivar las nuevas inversiones en energías limpias.
También habrá que intervenir en sectores tecnológicos específicos, en vez de imitar a la amplia Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, la UE debiera aprovechar al máximo sus recursos limitados centrando su apoyo en aquellas áreas en las que ya cuenta con ventajas comparativas sólidas en las que basarse. Aunque algunas de las industrias existentes puedan necesitar asistencia durante la descarbonización, la meta principal debiera ser el apoyo a las innovaciones que impliquen avances significativos.
El Pacto Verde Europeo ha avanzado mucho en los cinco años que pasaron desde su creación, pero para cumplir sus metas climáticas de 2030 y reducir a cero las emisiones netas para 2050, la UE debe actuar ya mismo para asegurarse de capear los inevitables vientos políticos en contra que enfrentará. Un contrato social y una política industrial nuevos pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.
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In 2024, global geopolitics and national politics have undergone considerable upheaval, and the world economy has both significant weaknesses, including Europe and China, and notable bright spots, especially the US. In the coming year, the range of possible outcomes will broaden further.
offers his predictions for the new year while acknowledging that the range of possible outcomes is widening.
BRUSELAS – Desde que se presentó el Pacto Verde Europeo en 2019, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha estado promocionando como la nueva agenda de crecimiento económico de la Unión Europea; después de todo, aunque el objetivo central de la estrategia esté relacionado con el clima —reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la UE a cero para 2050—, procura conseguirlo mediante la modernización de la economía y la promoción de la innovación... pero no todos están convencidos.
En los últimos meses los conductores europeos se han quejado contra los planes de la UE de prohibir la producción y venta de automóviles con motores de combustión interna; los hogares se han resistido al abandono paulatino de las calderas a gas; y los agricultores se rebelaron contra normas ambientales que consideran autoritarias. Se acercan las elecciones del Parlamento Europeo y los partidos de extrema derecha están esforzándose por posicionarse como adalides oficiales de ese creciente descontento... y preparándose para usar el poder que obtengan para sabotear la agenda verde.
Algunos de los puntos de los manifestantes son válidos: la transformación radical que implica el Pacto Verde Europeo da lugar a planteos difíciles de resolver sobre quiénes debieran cargar con los costos de la acción climática, tanto entre países como a escala nacional. Si esos costos terminan afectando desproporcionadamente al trabajador común —ni que hablar de las comunidades más pobres y vulnerables— la transformación exacerbará la desigualdad y podría tener graves efectos colaterales sociales y políticos. Afortunadamente, es un resultado evitable con políticas climáticas correctamente diseñadas, que podrían además aumentar la equidad social.
Desde su creación, el Pacto Verde Europeo ha tenido en cuenta a la justicia climática: sus defensores siempre supieron que tendrían que ganarse el apoyo político de Polonia —que hace uso intensivo del carbón— y no han olvidado el levantamiento de los «chalecos amarillos» de 2018 en Francia, que tuvo lugar cuando el presidente Emmanuel Macron intentó aplicar un impuesto al carbono al transporte por carretera.
No es casualidad que la primera iniciativa insignia del Pacto Verde Europeo haya sido el Fondo de Transición Justa —que destinará EUR 20 000 millones (USD 21 600 millones) en 2021-27 a apoyar la «diversificación y reconversión económica» de los territorios más perjudicados por la transición verde—. Tampoco es casualidad que durante la creación del primer mercado de carbono para edificios y transporte por carretera la Comisión Europea creara el Fondo Social para el Clima, que supuestamente movilizará al menos EUR 86 700 millones entre 2026 y 2032 para compensar a los grupos más vulnerables por el aumento del precio de la energía.
Esas políticas reflejan los consejos de la literatura económica sobre los dividendos del carbono, pero son insuficientes para contrarrestar los profundos efectos distributivos de la política climática, especialmente cuando la descarbonización se acelera e incluye a sectores que afectan la vida diaria de la gente común, como los edificios y el transporte; por eso Europa también necesita un nuevo contrato social verde, centrado principalmente en esos sectores.
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Para ello, la UE debiera optimizar y simplificar los instrumentos de financiamiento existentes, para permitir un apoyo más decidido aún a la transformación de las regiones que usan carbón y emiten carbono de forma más intensiva; también debiera implementar medidas para garantizar que los países de la UE usen mejor, y de manera más dirigida, los ingresos del mercado de carbono para apoyar la adopción de alternativas verdes —desde vehículos eléctricos hasta sistemas de calefacción para los hogares—. Y debiera impulsar un «Pacto Verde Rural» que apoye a los pequeños agricultores y exija simultáneamente a la industria de los agroalimentos que transforme sus sistemas. Si bien esas actividades a escala de la UE no eliminarían las consecuencias distributivas de la política climática, serían de gran ayuda.
La UE debe convertir a la descarbonización en una verdadera oportunidad económica mediante el desarrollo de una política industrial verde sólida. Para ello lo primero y principal será revitalizar la «aburrida» agenda del mercado único de la UE para aprovechar el mayor activo del bloque —un enorme mercado compartido de bienes, servicios financieros, energía, trabajadores e ideas— para incentivar las nuevas inversiones en energías limpias.
También habrá que intervenir en sectores tecnológicos específicos, en vez de imitar a la amplia Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, la UE debiera aprovechar al máximo sus recursos limitados centrando su apoyo en aquellas áreas en las que ya cuenta con ventajas comparativas sólidas en las que basarse. Aunque algunas de las industrias existentes puedan necesitar asistencia durante la descarbonización, la meta principal debiera ser el apoyo a las innovaciones que impliquen avances significativos.
El Pacto Verde Europeo ha avanzado mucho en los cinco años que pasaron desde su creación, pero para cumplir sus metas climáticas de 2030 y reducir a cero las emisiones netas para 2050, la UE debe actuar ya mismo para asegurarse de capear los inevitables vientos políticos en contra que enfrentará. Un contrato social y una política industrial nuevos pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Traducción al español por Ant-Translation.