PARÍS – Las normas fiscales y los procedimientos de compra pública de la Unión Europea son claramente inadecuados frente a la amenaza que plantea la invasión rusa de Ucrania. Si en la Segunda Guerra Mundial los Aliados hubieran estado sujetos a las mismas restricciones, no habrían podido comprar lanchas para el desembarco en Normandía en 1944, equipar el Ejército Francés Libre del general Charles de Gaulle o emitir bonos de guerra en forma oportuna. Las regulaciones de la UE le restan capacidad para mitigar los efectos de la guerra y protegerse de una amplia variedad de ataques híbridos, al tiempo que prolongan la agresión militar rusa contra Ucrania.
Por eso crecen los pedidos de algunos líderes europeos de que la UE adapte su economía a una situación de guerra. El presidente francés Emmanuel Macron, por ejemplo, ha convocado una coalición de países para dar más apoyo a Ucrania. Pero aunque se necesitan cambios con urgencia, hasta ahora los intentos en tal sentido se han limitado a la esfera militar, lo que deja a Ucrania y al bloque vulnerables en otros ámbitos.
Por ejemplo, es probable que para financiar y construir un nuevo interconector eléctrico con Ucrania (que con la intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética puede volverse cada vez más esencial) se utilicen los mismos procedimientos de antes de la guerra. Lo mismo que entonces, es posible que un proyecto que se podría completar en, digamos, un año, se prolongue varios años más por la presencia de trabas burocráticas.
Basta pensar que en el otoño boreal de 2022, cuando Rusia comenzó a destruir la capacidad de generación eléctrica de Ucrania, Rumania pidió a NextGenerationEU (el programa del bloque para medidas de recuperación pospandemia) fondos para un interconector eléctrico con Moldavia (que también había comenzado a experimentar apagones). Tras nueve meses de trabajo preliminar, la UE llegó a la conclusión obvia de que el proyecto no tenía mucho sentido desde un punto de vista económico. Pero aunque esa evaluación era correcta según los criterios de financiación de proyectos dentro de NextGenerationEU y desde el punto de vista de la rentabilidad, no tuvo en cuenta los riesgos más amplios que supone la brutal guerra de Rusia para la UE y los países candidatos al ingreso.
Cuestiones similares se plantean con otros tipos de gasto en infraestructura. Si hoy Polonia o Estonia necesitaran construir una ruta o un puente por motivos de seguridad (por ejemplo, para mejorar su capacidad de despliegue de recursos militares a lo largo de la frontera o hacia alguna aldea fronteriza remota) sería difícil acceder o acelerar el acceso a fondos de organismos financieros internacionales, del Fondo de Cohesión de la UE o de NextGenerationEU, por no hablar del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo o del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Pero lo que en tiempos normales puede no ser conveniente desde un punto de vista fiscal adquiere otro significado en una economía de guerra. De hecho, mejorar la capacidad de los países fronterizos de la UE para trasladar tropas y equipos defensivos sería un beneficio para todos los estados miembros.
La firmeza de la diplomacia europea no está siendo acompañada por una determinación similar en lo relativo a comprometer recursos. La situación es comparable a los primeros años de la crisis de deuda de la eurozona iniciada en 2009 (situación que se prolongó al menos hasta que en 2012 el entonces presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi pronunció su famosa promesa de que el BCE haría «lo que sea necesario» para salvar el euro). La UE todavía no se ha comprometido a hacer «lo que sea necesario» para evitar una victoria rusa. El contraste entre la decisión del bloque de destinar 750 000 millones de euros (798 000 millones de dólares) al fondo de recuperación pospandemia y sus dificultades para reunir aunque sea 100 000 millones de euros para apoyar el combate existencial de Ucrania en la guerra más larga que haya visto el continente desde 1945 evidencia la aversión europea a encarar proyectos comunes fuera de la esfera económica.
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La UE tiene que cambiar (y pronto) para mitigar la amenaza rusa a su seguridad. Eso implica proveer más ayuda a Ucrania, diseñar un plan de emergencia para incrementar la producción militar local y aprobar una ley como la que en 1950 sancionó Estados Unidos con el nombre de Ley de Producción para la Defensa (DPA por la sigla en inglés).
En primer lugar, la UE tiene que analizar la posibilidad de proveer apoyo a Ucrania mediante un programa de préstamo y arriendo similar al que usó Estados Unidos antes de su entrada oficial a la Segunda Guerra Mundial para entregar a los Aliados equipos militares, alimentos y otros recursos materiales. El programa permitió a Estados Unidos distribuir bienes por unos 50 000 millones de dólares (que hoy equivaldrían a unos 800 000 millones) con pago diferido.
La mayor parte de lo adeudado se devolvió mediante «acciones conjuntas» para la creación de un orden económico liberalizado; pero en algunos casos, hubo una devolución efectiva (el Reino Unido pagó en 2006 la última cuota de su préstamo). La UE podría financiar un programa de esta naturaleza emitiendo deuda conjunta, como hizo con el fondo de recuperación pospandemia. Bien puede decirse que la guerra en Ucrania es una amenaza mayor para el bloque que la COVID‑19.
En segundo lugar, las autoridades europeas deben diseñar planes de contingencia para emergencias militares, incluida la conversión de fábricas civiles a plantas de producción para la defensa. No hay que olvidar que durante la Segunda Guerra Mundial, Ford comenzó a ensamblar bombarderos B‑24 y Chrysler se pasó a la fabricación de tanques.
Por último, una DPA europea ayudará a mitigar los efectos de una agresión híbrida de potencias hostiles contra la UE, incluidos ataques contra la infraestructura eléctrica, los suministros de gas y los equipos de telecomunicaciones. También creará un marco sólido para resolver escaseces en el ámbito de la seguridad y de las fuerzas armadas, con directrices para la aceleración de compras, la ampliación de centros industriales, la gestión de contratos, la introducción de controles al comercio internacional y la protección de las cadenas de suministro.
Este nuevo marco legislativo debería tomar como modelo la DPA estadounidense, que permite al presidente agilizar la provisión de materiales y servicios necesarios para la defensa nacional (en sentido amplio) mediante la regulación (e incluso la requisa) de industrias privadas. Por ejemplo, durante la crisis de la COVID‑19, se usó la DPA para obligar a las empresas a asignar máxima prioridad a los contratos con el sector público para la provisión de equipos y suministros médicos. Además de compras directas y compromisos de compra, la DPA autoriza el uso de otros incentivos financieros (por ejemplo préstamos y garantías) para reforzar la preparación local, incluida la financiación de actividades de investigación y desarrollo.
Una DPA europea creará un marco para la respuesta a amenazas híbridas (así como a un posible incremento de las convencionales) de parte de potencias hostiles y ayudará a acelerar los procesos de gasto y compra pública, sin dejar de mantener los controles y contrapesos institucionales. La aprobación de esa legislación, junto con un programa de préstamo y arriendo para Ucrania y planes de contingencia para emergencias militares, representará un compromiso creíble de la UE con su propia defensa y con su participación en la OTAN. Con una guerra declarada en su vecindario, ya es hora de que el bloque enfrente la realidad de que tiene que protegerse a sí mismo.
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South Korea's latest political crisis is further evidence that the 1987 constitution has outlived its usefulness. To facilitate better governance and bolster policy stability, the country must establish a new political framework that includes stronger checks on the president and fosters genuine power-sharing.
argues that breaking the cycle of political crises will require some fundamental reforms.
Among the major issues that will dominate attention in the next 12 months are the future of multilateralism, the ongoing wars in Ukraine and the Middle East, and the threats to global stability posed by geopolitical rivalries and Donald Trump’s second presidency. Advances in artificial intelligence, if regulated effectively, offer a glimmer of hope.
asked PS contributors to identify the national and global trends to look out for in the coming year.
PARÍS – Las normas fiscales y los procedimientos de compra pública de la Unión Europea son claramente inadecuados frente a la amenaza que plantea la invasión rusa de Ucrania. Si en la Segunda Guerra Mundial los Aliados hubieran estado sujetos a las mismas restricciones, no habrían podido comprar lanchas para el desembarco en Normandía en 1944, equipar el Ejército Francés Libre del general Charles de Gaulle o emitir bonos de guerra en forma oportuna. Las regulaciones de la UE le restan capacidad para mitigar los efectos de la guerra y protegerse de una amplia variedad de ataques híbridos, al tiempo que prolongan la agresión militar rusa contra Ucrania.
Por eso crecen los pedidos de algunos líderes europeos de que la UE adapte su economía a una situación de guerra. El presidente francés Emmanuel Macron, por ejemplo, ha convocado una coalición de países para dar más apoyo a Ucrania. Pero aunque se necesitan cambios con urgencia, hasta ahora los intentos en tal sentido se han limitado a la esfera militar, lo que deja a Ucrania y al bloque vulnerables en otros ámbitos.
Por ejemplo, es probable que para financiar y construir un nuevo interconector eléctrico con Ucrania (que con la intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética puede volverse cada vez más esencial) se utilicen los mismos procedimientos de antes de la guerra. Lo mismo que entonces, es posible que un proyecto que se podría completar en, digamos, un año, se prolongue varios años más por la presencia de trabas burocráticas.
Basta pensar que en el otoño boreal de 2022, cuando Rusia comenzó a destruir la capacidad de generación eléctrica de Ucrania, Rumania pidió a NextGenerationEU (el programa del bloque para medidas de recuperación pospandemia) fondos para un interconector eléctrico con Moldavia (que también había comenzado a experimentar apagones). Tras nueve meses de trabajo preliminar, la UE llegó a la conclusión obvia de que el proyecto no tenía mucho sentido desde un punto de vista económico. Pero aunque esa evaluación era correcta según los criterios de financiación de proyectos dentro de NextGenerationEU y desde el punto de vista de la rentabilidad, no tuvo en cuenta los riesgos más amplios que supone la brutal guerra de Rusia para la UE y los países candidatos al ingreso.
Cuestiones similares se plantean con otros tipos de gasto en infraestructura. Si hoy Polonia o Estonia necesitaran construir una ruta o un puente por motivos de seguridad (por ejemplo, para mejorar su capacidad de despliegue de recursos militares a lo largo de la frontera o hacia alguna aldea fronteriza remota) sería difícil acceder o acelerar el acceso a fondos de organismos financieros internacionales, del Fondo de Cohesión de la UE o de NextGenerationEU, por no hablar del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo o del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Pero lo que en tiempos normales puede no ser conveniente desde un punto de vista fiscal adquiere otro significado en una economía de guerra. De hecho, mejorar la capacidad de los países fronterizos de la UE para trasladar tropas y equipos defensivos sería un beneficio para todos los estados miembros.
La firmeza de la diplomacia europea no está siendo acompañada por una determinación similar en lo relativo a comprometer recursos. La situación es comparable a los primeros años de la crisis de deuda de la eurozona iniciada en 2009 (situación que se prolongó al menos hasta que en 2012 el entonces presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi pronunció su famosa promesa de que el BCE haría «lo que sea necesario» para salvar el euro). La UE todavía no se ha comprometido a hacer «lo que sea necesario» para evitar una victoria rusa. El contraste entre la decisión del bloque de destinar 750 000 millones de euros (798 000 millones de dólares) al fondo de recuperación pospandemia y sus dificultades para reunir aunque sea 100 000 millones de euros para apoyar el combate existencial de Ucrania en la guerra más larga que haya visto el continente desde 1945 evidencia la aversión europea a encarar proyectos comunes fuera de la esfera económica.
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La UE tiene que cambiar (y pronto) para mitigar la amenaza rusa a su seguridad. Eso implica proveer más ayuda a Ucrania, diseñar un plan de emergencia para incrementar la producción militar local y aprobar una ley como la que en 1950 sancionó Estados Unidos con el nombre de Ley de Producción para la Defensa (DPA por la sigla en inglés).
En primer lugar, la UE tiene que analizar la posibilidad de proveer apoyo a Ucrania mediante un programa de préstamo y arriendo similar al que usó Estados Unidos antes de su entrada oficial a la Segunda Guerra Mundial para entregar a los Aliados equipos militares, alimentos y otros recursos materiales. El programa permitió a Estados Unidos distribuir bienes por unos 50 000 millones de dólares (que hoy equivaldrían a unos 800 000 millones) con pago diferido.
La mayor parte de lo adeudado se devolvió mediante «acciones conjuntas» para la creación de un orden económico liberalizado; pero en algunos casos, hubo una devolución efectiva (el Reino Unido pagó en 2006 la última cuota de su préstamo). La UE podría financiar un programa de esta naturaleza emitiendo deuda conjunta, como hizo con el fondo de recuperación pospandemia. Bien puede decirse que la guerra en Ucrania es una amenaza mayor para el bloque que la COVID‑19.
En segundo lugar, las autoridades europeas deben diseñar planes de contingencia para emergencias militares, incluida la conversión de fábricas civiles a plantas de producción para la defensa. No hay que olvidar que durante la Segunda Guerra Mundial, Ford comenzó a ensamblar bombarderos B‑24 y Chrysler se pasó a la fabricación de tanques.
Por último, una DPA europea ayudará a mitigar los efectos de una agresión híbrida de potencias hostiles contra la UE, incluidos ataques contra la infraestructura eléctrica, los suministros de gas y los equipos de telecomunicaciones. También creará un marco sólido para resolver escaseces en el ámbito de la seguridad y de las fuerzas armadas, con directrices para la aceleración de compras, la ampliación de centros industriales, la gestión de contratos, la introducción de controles al comercio internacional y la protección de las cadenas de suministro.
Este nuevo marco legislativo debería tomar como modelo la DPA estadounidense, que permite al presidente agilizar la provisión de materiales y servicios necesarios para la defensa nacional (en sentido amplio) mediante la regulación (e incluso la requisa) de industrias privadas. Por ejemplo, durante la crisis de la COVID‑19, se usó la DPA para obligar a las empresas a asignar máxima prioridad a los contratos con el sector público para la provisión de equipos y suministros médicos. Además de compras directas y compromisos de compra, la DPA autoriza el uso de otros incentivos financieros (por ejemplo préstamos y garantías) para reforzar la preparación local, incluida la financiación de actividades de investigación y desarrollo.
Una DPA europea creará un marco para la respuesta a amenazas híbridas (así como a un posible incremento de las convencionales) de parte de potencias hostiles y ayudará a acelerar los procesos de gasto y compra pública, sin dejar de mantener los controles y contrapesos institucionales. La aprobación de esa legislación, junto con un programa de préstamo y arriendo para Ucrania y planes de contingencia para emergencias militares, representará un compromiso creíble de la UE con su propia defensa y con su participación en la OTAN. Con una guerra declarada en su vecindario, ya es hora de que el bloque enfrente la realidad de que tiene que protegerse a sí mismo.
Traducción: Esteban Flamini