SAN PABLO – Una batalla legal de décadas entre consumidores e instituciones financieras sobre el impacto de las políticas económicas de Brasil de los años 1980 y 1990 se está aproximando a su fin. En diciembre, abogados que representan a demandantes presentaron ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil un pedido de ratificación de un acuerdo alcanzado con los bancos.
Si el tribunal aprueba el trato, el acuerdo colocaría miles de millones de reales en los bolsillos de los ahorristas. Pero más que una retribución largamente esperada por alrededor de un millón de demandantes, la restitución ordenada por la corte también marcaría un fin oficial de la guerra aparentemente interminable de Brasil a la hiperinflación.
Durante fines de los años 1980 y principios de los años 1990, el gobierno brasileño luchó por estabilizar la economía y la moneda del país. En el pico de la crisis, la inflación anual alcanzó el 2.477%; a esa tasa, los precios de los alimentos y los enseres domésticos aumentaban diariamente. Una serie de políticas infructuosas habían acelerado la inflación en los contratos públicos y privados, afectando los salarios, los alquileres y los depósitos bancarios. Unas medidas sumamente polémicas -como una decisión en 1990 de incautar los depósitos- frenaron brevemente la inflación pero contribuyeron a una profunda recesión.
SAN PABLO – Una batalla legal de décadas entre consumidores e instituciones financieras sobre el impacto de las políticas económicas de Brasil de los años 1980 y 1990 se está aproximando a su fin. En diciembre, abogados que representan a demandantes presentaron ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil un pedido de ratificación de un acuerdo alcanzado con los bancos.
Si el tribunal aprueba el trato, el acuerdo colocaría miles de millones de reales en los bolsillos de los ahorristas. Pero más que una retribución largamente esperada por alrededor de un millón de demandantes, la restitución ordenada por la corte también marcaría un fin oficial de la guerra aparentemente interminable de Brasil a la hiperinflación.
Durante fines de los años 1980 y principios de los años 1990, el gobierno brasileño luchó por estabilizar la economía y la moneda del país. En el pico de la crisis, la inflación anual alcanzó el 2.477%; a esa tasa, los precios de los alimentos y los enseres domésticos aumentaban diariamente. Una serie de políticas infructuosas habían acelerado la inflación en los contratos públicos y privados, afectando los salarios, los alquileres y los depósitos bancarios. Unas medidas sumamente polémicas -como una decisión en 1990 de incautar los depósitos- frenaron brevemente la inflación pero contribuyeron a una profunda recesión.