PARÍS – De la granja a la mesa, la comunidad internacional se enfrenta a retos cada vez mayores para erradicar el hambre y la desnutrición. Y, sin embargo, pese a que algunas partes del mundo están evidentemente mejor dotadas que otras en términos de clima, suelo, agua y geografía, hay alimentos en abundancia para todos. Entonces, ¿por qué es la inseguridad alimentaria un problema para tantas personas en tantos países?
Lo que faltan son las condiciones adecuadas para que quienes lo necesitan tengan acceso a alimentos saludables y nutritivos. Los países excedentarios tienen que estar en posición de suministrar a los países deficitarios, y más aún ahora que el cambio climático está socavando las condiciones para la producción de alimentos en muchas partes del mundo.
En otras palabras, para conseguir que todos los hogares tengan acceso a la cantidad, calidad y variedad de alimentos nutritivos necesarios para llevar una vida saludable y satisfactoria es necesario que exista un comercio libre, predecible, no discriminatorio y justo. Lo que, a su vez, solo puede garantizarse a través de las normas mundiales acordadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC); unas normas que, hasta el momento, han permitido un aumento del 270 % en el comercio mundial de productos alimentarios y agrícolas desde 1996.
Desde luego, el sistema de comercio mundial no está exento de problemas, y algunos países no siempre respetan las reglas. Además, existen importantes deficiencias en materia de control de las restricciones a las exportaciones (cuyo objetivo sería reducir la incertidumbre en los países que dependen de las importaciones) y de las subvenciones y barreras comerciales que distorsionan el mercado. En 2017, estas últimas supusieron 330 000 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo. Es necesario actualizar las normas comerciales para reflejar los cambios que se han producido en los mercados y en las políticas desde que se creó la OMC en 1995, en especial, el aumento de la importancia de las economías emergentes.
Es imperativo que las reformas del comercio agrícola estén sobre la mesa. Estas reformas deben ser parte de una estrategia integrada más amplia que incluya otras políticas e inversiones nacionales (respaldadas, en caso necesario, por ayuda internacional). El objetivo debe ser garantizar que más personas puedan beneficiarse de las nuevas oportunidades que brinda la economía mundial y que aquellos que más lo necesitan cuenten con ayuda disponible.
Para aprovechar los beneficios del comercio de productos alimentarios y agrícolas, la comunidad internacional debe hacer tres cosas. En primer lugar, los gobiernos deben ayudar a los agricultores (en especial, a los agricultores familiares) a ser más eficientes. Esto implica invertir en infraestructuras (también digitales) y educación, aplicar un registro de tierras y derechos de propiedad y apoyar la investigación en los ámbitos de la conservación de recursos escasos, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia frente a los impactos. Cada uno de estos ingredientes es necesario para posibilitar que los agricultores consigan unos ingresos dignos. Pero podrían no ser suficientes; en muchos casos, los gobiernos también deberán diseñar programas de seguridad alimentaria, como son los sistemas de seguros sociales y las transferencias directas dirigidas a las personas con menos recursos.
La segunda tarea de los gobiernos es alejarse de las intervenciones en el sector agrícola que distorsionan los mercados y dañan el medio ambiente. Muchos gobiernos intentan mejorar los ingresos de los agricultores estableciendo unos precios elevados dentro del país y levantando barreras comerciales para impedir las importaciones. En último término, estas medidas aumentan los precios para los consumidores, agravan la presión sobre los recursos, socavan la biodiversidad y contribuyen al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por último, los gobiernos tienen que anclar estas reformas en normas internacionales, de forma que se genere confianza en que las medidas nacionales se mantendrán. Con independencia de la forma que adopten, estas normas internacionales deben estar redactadas de forma que fomenten y premien las políticas e inversiones nacionales adecuadas en agricultura.
El hecho de que las políticas agrícolas no hayan girado de forma más rápida hacia la dirección que acabamos de describir ha tenido un gran coste, para el propio sector y para la comunidad internacional. Pese a todo, las importantes medidas que los gobiernos han adoptado con vistas a prohibir las subvenciones a la exportación demuestran que todavía es posible avanzar.
De cara al futuro, la máxima prioridad debe ser abordar las cuestiones pendientes de resolver con todos los actores sentados a la mesa, dejando fuera los tabús. Los responsables de formular las políticas deben reconsiderar las ayudas nacionales, teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado y de las políticas. Además, se debe mejorar el acceso a los mercados y convencer a los países de que se comprometan con un régimen más estricto de cumplimiento de las cuestiones relacionadas con la competencia de las exportaciones y con las restricciones a las exportaciones.
Erradicar el hambre, acabar con la inseguridad alimentaria y asegurar la sostenibilidad son prioridades a escala mundial que necesitan una acción colectiva. Debemos fortalecer, y no debilitar, la cooperación internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OCDE continuarán apoyando los esfuerzos de la OMC para promover el comercio de productos alimentarios y agrícolas. Intensificaremos nuestros esfuerzos para ayudar a los países a adoptar las políticas que necesitan para conseguir un crecimiento inclusivo de la productividad y la seguridad alimentaria para todos.
PARÍS – De la granja a la mesa, la comunidad internacional se enfrenta a retos cada vez mayores para erradicar el hambre y la desnutrición. Y, sin embargo, pese a que algunas partes del mundo están evidentemente mejor dotadas que otras en términos de clima, suelo, agua y geografía, hay alimentos en abundancia para todos. Entonces, ¿por qué es la inseguridad alimentaria un problema para tantas personas en tantos países?
Lo que faltan son las condiciones adecuadas para que quienes lo necesitan tengan acceso a alimentos saludables y nutritivos. Los países excedentarios tienen que estar en posición de suministrar a los países deficitarios, y más aún ahora que el cambio climático está socavando las condiciones para la producción de alimentos en muchas partes del mundo.
En otras palabras, para conseguir que todos los hogares tengan acceso a la cantidad, calidad y variedad de alimentos nutritivos necesarios para llevar una vida saludable y satisfactoria es necesario que exista un comercio libre, predecible, no discriminatorio y justo. Lo que, a su vez, solo puede garantizarse a través de las normas mundiales acordadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC); unas normas que, hasta el momento, han permitido un aumento del 270 % en el comercio mundial de productos alimentarios y agrícolas desde 1996.
Desde luego, el sistema de comercio mundial no está exento de problemas, y algunos países no siempre respetan las reglas. Además, existen importantes deficiencias en materia de control de las restricciones a las exportaciones (cuyo objetivo sería reducir la incertidumbre en los países que dependen de las importaciones) y de las subvenciones y barreras comerciales que distorsionan el mercado. En 2017, estas últimas supusieron 330 000 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo. Es necesario actualizar las normas comerciales para reflejar los cambios que se han producido en los mercados y en las políticas desde que se creó la OMC en 1995, en especial, el aumento de la importancia de las economías emergentes.
Es imperativo que las reformas del comercio agrícola estén sobre la mesa. Estas reformas deben ser parte de una estrategia integrada más amplia que incluya otras políticas e inversiones nacionales (respaldadas, en caso necesario, por ayuda internacional). El objetivo debe ser garantizar que más personas puedan beneficiarse de las nuevas oportunidades que brinda la economía mundial y que aquellos que más lo necesitan cuenten con ayuda disponible.
Para aprovechar los beneficios del comercio de productos alimentarios y agrícolas, la comunidad internacional debe hacer tres cosas. En primer lugar, los gobiernos deben ayudar a los agricultores (en especial, a los agricultores familiares) a ser más eficientes. Esto implica invertir en infraestructuras (también digitales) y educación, aplicar un registro de tierras y derechos de propiedad y apoyar la investigación en los ámbitos de la conservación de recursos escasos, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia frente a los impactos. Cada uno de estos ingredientes es necesario para posibilitar que los agricultores consigan unos ingresos dignos. Pero podrían no ser suficientes; en muchos casos, los gobiernos también deberán diseñar programas de seguridad alimentaria, como son los sistemas de seguros sociales y las transferencias directas dirigidas a las personas con menos recursos.
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La segunda tarea de los gobiernos es alejarse de las intervenciones en el sector agrícola que distorsionan los mercados y dañan el medio ambiente. Muchos gobiernos intentan mejorar los ingresos de los agricultores estableciendo unos precios elevados dentro del país y levantando barreras comerciales para impedir las importaciones. En último término, estas medidas aumentan los precios para los consumidores, agravan la presión sobre los recursos, socavan la biodiversidad y contribuyen al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por último, los gobiernos tienen que anclar estas reformas en normas internacionales, de forma que se genere confianza en que las medidas nacionales se mantendrán. Con independencia de la forma que adopten, estas normas internacionales deben estar redactadas de forma que fomenten y premien las políticas e inversiones nacionales adecuadas en agricultura.
El hecho de que las políticas agrícolas no hayan girado de forma más rápida hacia la dirección que acabamos de describir ha tenido un gran coste, para el propio sector y para la comunidad internacional. Pese a todo, las importantes medidas que los gobiernos han adoptado con vistas a prohibir las subvenciones a la exportación demuestran que todavía es posible avanzar.
De cara al futuro, la máxima prioridad debe ser abordar las cuestiones pendientes de resolver con todos los actores sentados a la mesa, dejando fuera los tabús. Los responsables de formular las políticas deben reconsiderar las ayudas nacionales, teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado y de las políticas. Además, se debe mejorar el acceso a los mercados y convencer a los países de que se comprometan con un régimen más estricto de cumplimiento de las cuestiones relacionadas con la competencia de las exportaciones y con las restricciones a las exportaciones.
Erradicar el hambre, acabar con la inseguridad alimentaria y asegurar la sostenibilidad son prioridades a escala mundial que necesitan una acción colectiva. Debemos fortalecer, y no debilitar, la cooperación internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OCDE continuarán apoyando los esfuerzos de la OMC para promover el comercio de productos alimentarios y agrícolas. Intensificaremos nuestros esfuerzos para ayudar a los países a adoptar las políticas que necesitan para conseguir un crecimiento inclusivo de la productividad y la seguridad alimentaria para todos.