LONDRES – El 9 de julio, el bloguero uzbeko Miraziz Bazarov publicó en Facebook una carta abierta al Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), donde destacaba la probabilidad de que el gobierno estuviera usando los fondos de asistencia para la COVID-19 de manera indebida. Se demostró que la acusación de Bazarov estaba justificada, pero pagó un precio por ella: el Servicio de Seguridad Estatal (SGB) lo llamó para interrogarlo.
Bazarov se dirigió al FMI y el ADB porque ellos —junto con el Banco Mundial— otorgaron casi mil millones de dólares en créditos para la batalla de Uzbekistán contra la COVID-19; pero Uzbekistán tiene una larga historia de corrupción, se ubica en el puesto 153 entre 180 países en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, principalmente porque su funcionarios usaron con frecuencia sus puestos para enriquecerse y silenciar a sus críticos.
Por eso Bazarov instó al FMI y al ADB a que no otorgaran más créditos a Uzbekistán hasta que el gobierno diseñara un mecanismo que permitiera al público seguir el uso de los fondos. De esa manera, los fondos se invertirían en el sistema sanitario uzbeko, al borde del colapso, y ayudarían a muchos ciudadanos que, como dijo Bazarov, habían quedado «sin ingresos y medios de subsistencia».
LONDRES – El 9 de julio, el bloguero uzbeko Miraziz Bazarov publicó en Facebook una carta abierta al Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), donde destacaba la probabilidad de que el gobierno estuviera usando los fondos de asistencia para la COVID-19 de manera indebida. Se demostró que la acusación de Bazarov estaba justificada, pero pagó un precio por ella: el Servicio de Seguridad Estatal (SGB) lo llamó para interrogarlo.
Bazarov se dirigió al FMI y el ADB porque ellos —junto con el Banco Mundial— otorgaron casi mil millones de dólares en créditos para la batalla de Uzbekistán contra la COVID-19; pero Uzbekistán tiene una larga historia de corrupción, se ubica en el puesto 153 entre 180 países en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, principalmente porque su funcionarios usaron con frecuencia sus puestos para enriquecerse y silenciar a sus críticos.
Por eso Bazarov instó al FMI y al ADB a que no otorgaran más créditos a Uzbekistán hasta que el gobierno diseñara un mecanismo que permitiera al público seguir el uso de los fondos. De esa manera, los fondos se invertirían en el sistema sanitario uzbeko, al borde del colapso, y ayudarían a muchos ciudadanos que, como dijo Bazarov, habían quedado «sin ingresos y medios de subsistencia».