NEW HAVEN – El pasado mayo, en un proyecto de informe al Parlamento Europeo preparado por la eurodiputada Mady Delvaux de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se presentó la idea de un impuesto a los robots. El informe destaca que los robots pueden incrementar la desigualdad y señala una posible “necesidad de exigir a las empresas que informen acerca de en qué medida y proporción la robótica y la inteligencia artificial contribuyen a sus resultados económicos, a efectos de fiscalidad y del cálculo de las cotizaciones a la seguridad social”.
La propuesta de Delvaux generó un rechazo casi unánime, con la notable excepción de Bill Gates, que la avaló. Pero no hay que descartar la idea tan rápido. Sólo el año pasado, hemos visto una proliferación de dispositivos como Google Home y Amazon Echo Dot (Alexa), que sustituyen algunos aspectos de la asistencia doméstica. Asimismo, en Singapur empresas como Delphi y nuTonomy están incursionando en la provisión de taxis sin conductor. Y Doordash ha comenzado a sustituir a los repartidores de comidas a domicilio con vehículos autónomos en miniatura de Starship Technologies.
Si estas y otras innovaciones que reemplazan mano de obra tienen éxito, es indudable que las propuestas de cobrar impuestos a los robots serán cada vez más frecuentes, dada la problemática humana que supone la pérdida de empleo: las personas suelen identificarse íntimamente con su trabajo, para el que tal vez se prepararon por años. Los optimistas señalan que siempre aparecieron empleos nuevos para los desplazados por la tecnología; pero la velocidad de la revolución robótica hace dudar de que este proceso vaya a desarrollarse en forma tan fluida. Los defensores de un impuesto a los robots esperan que sirva para frenar el proceso al menos por un tiempo y generar recursos con los que financiar la adaptación (por ejemplo, programas de formación para los trabajadores desplazados).
NEW HAVEN – El pasado mayo, en un proyecto de informe al Parlamento Europeo preparado por la eurodiputada Mady Delvaux de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se presentó la idea de un impuesto a los robots. El informe destaca que los robots pueden incrementar la desigualdad y señala una posible “necesidad de exigir a las empresas que informen acerca de en qué medida y proporción la robótica y la inteligencia artificial contribuyen a sus resultados económicos, a efectos de fiscalidad y del cálculo de las cotizaciones a la seguridad social”.
La propuesta de Delvaux generó un rechazo casi unánime, con la notable excepción de Bill Gates, que la avaló. Pero no hay que descartar la idea tan rápido. Sólo el año pasado, hemos visto una proliferación de dispositivos como Google Home y Amazon Echo Dot (Alexa), que sustituyen algunos aspectos de la asistencia doméstica. Asimismo, en Singapur empresas como Delphi y nuTonomy están incursionando en la provisión de taxis sin conductor. Y Doordash ha comenzado a sustituir a los repartidores de comidas a domicilio con vehículos autónomos en miniatura de Starship Technologies.
Si estas y otras innovaciones que reemplazan mano de obra tienen éxito, es indudable que las propuestas de cobrar impuestos a los robots serán cada vez más frecuentes, dada la problemática humana que supone la pérdida de empleo: las personas suelen identificarse íntimamente con su trabajo, para el que tal vez se prepararon por años. Los optimistas señalan que siempre aparecieron empleos nuevos para los desplazados por la tecnología; pero la velocidad de la revolución robótica hace dudar de que este proceso vaya a desarrollarse en forma tan fluida. Los defensores de un impuesto a los robots esperan que sirva para frenar el proceso al menos por un tiempo y generar recursos con los que financiar la adaptación (por ejemplo, programas de formación para los trabajadores desplazados).