TEL AVIV – Otro frente se ha abierto en el ascenso global del autoritarismo populista. Con sus esfuerzos por debilitar el poder judicial independiente de Israel, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y su corrupta coalición de fascistas mesiánicos y aliados ultraortodoxos están decididos a traducir su retórica antidemocrática en políticas autoritarias.
No nos equivoquemos: hace mucho que la democracia ha estado en peligro en Israel. La brutal ocupación de los territorios palestinos es fundamentalmente incompatible con los valores democráticos. Y el sistema israelí de pesos y contrapesos es débil: el país no se rige por una constitución formal ni un parlamento bicameral y, en ausencia de un veto presidencial, el Knesset (parlamento) está completamente controlado por el poder ejecutivo.
Pero las medidas que el nuevo gobierno de Netanyahu ha impulsado desde diciembre eliminarían el último contrapeso a su poder. En particular, la reforma judicial que ha propuesto aumentaría la influencia del gobierno en el nombramiento de los jueces y permitiría que una mayoría parlamentaria absoluta revirtiera las decisiones de la Corte Suprema que invaliden una ley.
TEL AVIV – Otro frente se ha abierto en el ascenso global del autoritarismo populista. Con sus esfuerzos por debilitar el poder judicial independiente de Israel, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y su corrupta coalición de fascistas mesiánicos y aliados ultraortodoxos están decididos a traducir su retórica antidemocrática en políticas autoritarias.
No nos equivoquemos: hace mucho que la democracia ha estado en peligro en Israel. La brutal ocupación de los territorios palestinos es fundamentalmente incompatible con los valores democráticos. Y el sistema israelí de pesos y contrapesos es débil: el país no se rige por una constitución formal ni un parlamento bicameral y, en ausencia de un veto presidencial, el Knesset (parlamento) está completamente controlado por el poder ejecutivo.
Pero las medidas que el nuevo gobierno de Netanyahu ha impulsado desde diciembre eliminarían el último contrapeso a su poder. En particular, la reforma judicial que ha propuesto aumentaría la influencia del gobierno en el nombramiento de los jueces y permitiría que una mayoría parlamentaria absoluta revirtiera las decisiones de la Corte Suprema que invaliden una ley.