NUEVA YORK – Argentina está a punto de firmar otro acuerdo de reserva de derechos de giro (ADG) con el Fondo Monetario Internacional, el número 22 desde que el país se uniera al FMI en 1956. Si bien no se han confirmado todavía los detalles, ya sabemos que será disfuncional porque no habrá una restructuración inmediata de la deuda externa del país.
La deuda externa argentina es insostenible. En vez de malgastar otros dos o tres años antes de caer en el próximo impago caótico de su deuda soberana, lo que será económica y socialmente destructivo, esta deuda debe ser sometida a una restructuración inmediata y ordenada. En ese proceso deberían incluirse los $40 mil millones que Argentina debe al FMI de su ADG Nº 21 (fallido). Y se debería suspender el estatus del FMI de acreedor preferente, que le otorga (y a otros bancos multilaterales) prioridad sobre otros prestatarios para el repago cuando un país pase por estrés financiero.
Después todo, la deuda está en los libros contables de Argentina porque el FMI decidió no exigir su restructuración significativa antes de acordar el ADG Nº 21. Este se inició en junio de 2018, bajo del gobierno del ex Presidente Mauricio Macri. Para octubre de 2018, el importe de lo adeudado ($50 mil millones) había aumentado a $57 mil millones, pero a agosto siguiente, el ADG había sido suspendido, y se pagaron $44,5 mil millones, el mayor desembolso de la historia del FMI. El inevitable impago de la deuda soberana (el noveno desde la independencia de Argentina) vino en mayo de 2020. Ante la ausencia de controles de capital, la principal “contribución” del préstamo del FMI fue posibilitar las fugas de capital.
NUEVA YORK – Argentina está a punto de firmar otro acuerdo de reserva de derechos de giro (ADG) con el Fondo Monetario Internacional, el número 22 desde que el país se uniera al FMI en 1956. Si bien no se han confirmado todavía los detalles, ya sabemos que será disfuncional porque no habrá una restructuración inmediata de la deuda externa del país.
La deuda externa argentina es insostenible. En vez de malgastar otros dos o tres años antes de caer en el próximo impago caótico de su deuda soberana, lo que será económica y socialmente destructivo, esta deuda debe ser sometida a una restructuración inmediata y ordenada. En ese proceso deberían incluirse los $40 mil millones que Argentina debe al FMI de su ADG Nº 21 (fallido). Y se debería suspender el estatus del FMI de acreedor preferente, que le otorga (y a otros bancos multilaterales) prioridad sobre otros prestatarios para el repago cuando un país pase por estrés financiero.
Después todo, la deuda está en los libros contables de Argentina porque el FMI decidió no exigir su restructuración significativa antes de acordar el ADG Nº 21. Este se inició en junio de 2018, bajo del gobierno del ex Presidente Mauricio Macri. Para octubre de 2018, el importe de lo adeudado ($50 mil millones) había aumentado a $57 mil millones, pero a agosto siguiente, el ADG había sido suspendido, y se pagaron $44,5 mil millones, el mayor desembolso de la historia del FMI. El inevitable impago de la deuda soberana (el noveno desde la independencia de Argentina) vino en mayo de 2020. Ante la ausencia de controles de capital, la principal “contribución” del préstamo del FMI fue posibilitar las fugas de capital.