NUEVA YORK – Los últimos dos años dejaron en evidencia las injusticias estructurales que subyacen a la economía mundial. Mientras la pandemia de COVID‑19 arrojó a una cifra estimada de entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema, los milmillonarios del mundo vieron aumentar su patrimonio más de un 25%. Y mientras los países del Norte Global han comenzado a administrar vacunas de refuerzo, los del Sur Global todavía no consiguen ni siquiera las primeras dosis para sus poblaciones.
Esta desigualdad espantosa está indisolublemente ligada al abuso tributario transfronterizo a gran escala, perpetrado por multinacionales y por individuos ricos. Negándose a pagar lo que les corresponde de impuestos, los actores más adinerados del mundo despojan a los países pobres de ingresos que necesitan con urgencia para tomar medidas contra la pandemia, por ejemplo conseguir vacunas y dar apoyo a la población vulnerable.
Los gobiernos del G20 afirman (muy satisfechos de sí mismos) que están haciendo frente al problema: hace poco acordaron instituir un porcentaje mínimo mundial del impuesto de sociedades, para poner fin a la «competencia impositiva» entre países que buscan atraer inversión extranjera. Pero el tipo impositivo acordado es sólo el 15% y apunta a una proporción ínfima de las ganancias de cien multinacionales. Esto para los países pobres es tan útil como un vaso de agua frente a un incendio forestal.
NUEVA YORK – Los últimos dos años dejaron en evidencia las injusticias estructurales que subyacen a la economía mundial. Mientras la pandemia de COVID‑19 arrojó a una cifra estimada de entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema, los milmillonarios del mundo vieron aumentar su patrimonio más de un 25%. Y mientras los países del Norte Global han comenzado a administrar vacunas de refuerzo, los del Sur Global todavía no consiguen ni siquiera las primeras dosis para sus poblaciones.
Esta desigualdad espantosa está indisolublemente ligada al abuso tributario transfronterizo a gran escala, perpetrado por multinacionales y por individuos ricos. Negándose a pagar lo que les corresponde de impuestos, los actores más adinerados del mundo despojan a los países pobres de ingresos que necesitan con urgencia para tomar medidas contra la pandemia, por ejemplo conseguir vacunas y dar apoyo a la población vulnerable.
Los gobiernos del G20 afirman (muy satisfechos de sí mismos) que están haciendo frente al problema: hace poco acordaron instituir un porcentaje mínimo mundial del impuesto de sociedades, para poner fin a la «competencia impositiva» entre países que buscan atraer inversión extranjera. Pero el tipo impositivo acordado es sólo el 15% y apunta a una proporción ínfima de las ganancias de cien multinacionales. Esto para los países pobres es tan útil como un vaso de agua frente a un incendio forestal.