NUEVA YORK – La crisis por la COVID‑19 dejará a muchos actores, públicos y privados, cargados de deudas insostenibles. Todavía estamos en la fase «prekeynesiana» (shock de oferta con shock de demanda derivado) de lo que probablemente será una depresión global. Pero una vez superada la peor amenaza del virus, habrá una combinación de ahorro precautorio de los particulares y renuencia de las empresas a comprometer gastos en capital, lo que profundizará la caída de la demanda agregada: fase keynesiana. Es probable que la única herramienta capaz de cubrir la diferencia entre la producción potencial y la efectiva sea el estímulo fiscal financiado con déficit, y monetizado donde sea posible.
Por ser Estados Unidos el emisor de la principal moneda de reserva del mundo, el gobierno federal puede emitir deuda y monetizarla con menos restricciones que en otros países. La política económica adoptada hasta ahora en respuesta a la crisis (la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus, CARES) destina 2,3 billones de dólares a programas de complementación de ingresos, subsidios, préstamos, compras de activos y provisión de garantías. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley «sólo» aumentará el déficit federal en 1,7 billones de dólares durante la próxima década. La diferencia refleja los 454 000 millones de dólares reservados para financiar garantías de instrumentos crediticios de emergencia creados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el supuesto de que esas garantías nunca serán necesarias.
Ojalá fuera así. Hace poco la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (controlada por los demócratas) aprobó otro paquete fiscal por tres billones de dólares, y es probable que el Senado sancione alguna forma del proyecto, tras lo cual pueden venir más medidas de estímulo. Los legisladores se están dando cuenta de que incluso en Estados Unidos, muchos gobiernos de nivel estatal y local sólo podrán enfrentar la crisis apelando al endeudamiento y a garantías crediticias o transferencias directas desde el gobierno federal.
NUEVA YORK – La crisis por la COVID‑19 dejará a muchos actores, públicos y privados, cargados de deudas insostenibles. Todavía estamos en la fase «prekeynesiana» (shock de oferta con shock de demanda derivado) de lo que probablemente será una depresión global. Pero una vez superada la peor amenaza del virus, habrá una combinación de ahorro precautorio de los particulares y renuencia de las empresas a comprometer gastos en capital, lo que profundizará la caída de la demanda agregada: fase keynesiana. Es probable que la única herramienta capaz de cubrir la diferencia entre la producción potencial y la efectiva sea el estímulo fiscal financiado con déficit, y monetizado donde sea posible.
Por ser Estados Unidos el emisor de la principal moneda de reserva del mundo, el gobierno federal puede emitir deuda y monetizarla con menos restricciones que en otros países. La política económica adoptada hasta ahora en respuesta a la crisis (la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus, CARES) destina 2,3 billones de dólares a programas de complementación de ingresos, subsidios, préstamos, compras de activos y provisión de garantías. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley «sólo» aumentará el déficit federal en 1,7 billones de dólares durante la próxima década. La diferencia refleja los 454 000 millones de dólares reservados para financiar garantías de instrumentos crediticios de emergencia creados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el supuesto de que esas garantías nunca serán necesarias.
Ojalá fuera así. Hace poco la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (controlada por los demócratas) aprobó otro paquete fiscal por tres billones de dólares, y es probable que el Senado sancione alguna forma del proyecto, tras lo cual pueden venir más medidas de estímulo. Los legisladores se están dando cuenta de que incluso en Estados Unidos, muchos gobiernos de nivel estatal y local sólo podrán enfrentar la crisis apelando al endeudamiento y a garantías crediticias o transferencias directas desde el gobierno federal.