PARÍS – Cuando alguien intenta combatir la corrupción, la corrupción se defiende. La periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia podría contárnoslo... si los socios de las personas a quienes estaba investigando no la hubieran asesinado. El abogado anticorrupción ruandés Gustave Makonene, a quien estrangularon y tiraron desde un automóvil, tampoco puede hablar; al igual que el activista brasileño Miguel D’Elia, a quien le dispararon varias veces en un campo de caña de azúcar cerca de su casa.
Los policías, ficales y funcionarios públicos también enfrentaron graves consecuencias por tratar de atacar a la corrupción. Uno de ellos es Ibrahim Magu, quien asumió como presidente interino de la principal agencia anticorrupción nigeriana, la Comisión contra Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por su sigla en inglés), en 2015. En 2017, unos pistoleros atacaron su casa y mataron a uno de los policías que la custodiaban. Pero no fueron las balas las que terminaron neutralizando a Magu sino una persecución judicial con fines políticos, que logró destituirlo de su cargo.
El año pasado —cuando supuestamente la EFCC investigaba acusaciones de corrupción contra el fiscal general Abubakar Malami— Magu fue arrestado y detenido por cargos de corrupción e insubordinación impulsados por el propio Malami. Aunque lo habían investigado por lo mismo tres años antes y desestimado los cargos, Magu fue suspendido de sus funciones hasta que se expidiera un grupo de investigación designado por el presidente Muhammadu Buhari.
PARÍS – Cuando alguien intenta combatir la corrupción, la corrupción se defiende. La periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia podría contárnoslo... si los socios de las personas a quienes estaba investigando no la hubieran asesinado. El abogado anticorrupción ruandés Gustave Makonene, a quien estrangularon y tiraron desde un automóvil, tampoco puede hablar; al igual que el activista brasileño Miguel D’Elia, a quien le dispararon varias veces en un campo de caña de azúcar cerca de su casa.
Los policías, ficales y funcionarios públicos también enfrentaron graves consecuencias por tratar de atacar a la corrupción. Uno de ellos es Ibrahim Magu, quien asumió como presidente interino de la principal agencia anticorrupción nigeriana, la Comisión contra Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por su sigla en inglés), en 2015. En 2017, unos pistoleros atacaron su casa y mataron a uno de los policías que la custodiaban. Pero no fueron las balas las que terminaron neutralizando a Magu sino una persecución judicial con fines políticos, que logró destituirlo de su cargo.
El año pasado —cuando supuestamente la EFCC investigaba acusaciones de corrupción contra el fiscal general Abubakar Malami— Magu fue arrestado y detenido por cargos de corrupción e insubordinación impulsados por el propio Malami. Aunque lo habían investigado por lo mismo tres años antes y desestimado los cargos, Magu fue suspendido de sus funciones hasta que se expidiera un grupo de investigación designado por el presidente Muhammadu Buhari.