ÁMSTERDAM – Puede que uno de los emprendimientos criminales más rentables del mundo sea inesperado. Se trata de delitos como la pesca y la tala ilegales, el tráfico de basura y el comercio de vida silvestre. Y el sector financiero está cosechando enormes beneficios de estos delitos contra la naturaleza de la cual dependemos.
Cuesta exagerar el daño ambiental que provocan estos crímenes. Al destruir ecosistemas y agotar recursos naturales, destruyen medios de sustento, socavan instituciones de gobierno e impiden nuestra capacidad de dar respuesta al cambio climático.
Como señala un nuevo informe de Finance for Biodiversity (F4B), estos delitos generan hasta $280 mil millones al año, reduciendo los ingresos tributarios en cerca de $30 mil millones al año y perjudicando principalmente a los países más pobres y con mayor riqueza medioambiental. A menudo sin saberlo, las instituciones financieras incentivan esta situación al invertir en empresas que se benefician de estos crímenes, En la práctica, lavan las utilidades de los delitos contra el medio ambiente a través de las ganancias obtenidas con esas inversiones.
Se supone que las reglas contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) evitan la transformación de las ganancias procedentes de las actividades ilegales en dinero limpio. Por ejemplo, las reglas más estrictas y la mejor implementación ocurridas en los últimos años han dificultado la financiación del terrorismo. Pero la información inadecuada y las insuficiencias tecnológicas obstaculizan esas iniciativas, haciendo que las entidades normativas tengan que hacer frente a enfoques cada vez más sofisticados para ocultar los orígenes de los fondos.
La aplicación de las reglas AML son particularmente débiles si se trata de delitos medioambientales. Es meritorio el que el Grupo de Tareas de Acción Financiera –la agencia intergubernamental a cargo del combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo- haya elevado su perfil en esta área. Pero las acciones de importancia han quedado relegadas principalmente al comercio ilegal de vida silvestre, una actividad criminal que, a pesar de afectar a miles de especies silvestres y millones de personas, es solo una pequeña parte del problema.
Pero, incluso si las reglas AML actuales fueran aplicadas a más delitos medioambientales, eso no bastaría. Como muestra el informe de F4B, los retornos de la inversión derivados de estos delitos también tendrían que someterse a esas reglas.
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Las instituciones financieras, incluidos los fondos de pensiones, no solo ofrecen canales a través de los cuales los perpetradores de delitos medioambientales lavan sus ganancias; también invierten en sectores que dependen de la naturaleza como los alimentos, los productos forestales y la infraestructura, cuya rentabilidad se puede aumentar a través de este tipo de delitos. Por ejemplo, la tala ilegal puede hacer que haya más terreno disponible para la producción agrícola, con lo que se reducen los costes, se aumenta la producción y se mejora la calidad. El resultado es mayores utilidades para las empresas y retornos más altos para sus inversionistas. Si bien técnicamente las inversiones pueden ser legales, parte de los retornos se derivan de actividades criminales, lo que implica que las ganancias ilícitas se deben regular de manera correspondiente.
En teoría, las instituciones financieras ya cuentan con un incentivo para no apoyar a empresas que se benefician de delitos medioambientales: se arriesgan a incurrir en multas o incluso la suspensión forzosa de algunas actividades, convirtiéndolas en una apuesta riesgosa para los inversionistas. Sin embargo, los riesgos son demasiado pequeños para tener un efecto disuasorio para los inversionistas; en la mayoría de los casos, las leyes ambientales se aplican débilmente y, cuando se imponen multas, por lo general estas son pequeñas.
Pero si los riesgos crediticios no disuaden a los inversionistas, sí podrían hacerlo los crecientes riesgos a su reputación. A medida que las campañas públicas impulsadas por el análisis de datos cada vez más sofisticados conectan los vínculos entre las inversiones y delitos medioambientales específicos, las instituciones financieras se volverán cada vez más vulnerables al rechazo público hacia sus inversiones destructivas.
Sirve de ayuda el que los nuevos requerimientos ambientales de diligencia debida –más en lo inmediato, sobre la deforestación- pronto entrarán en vigencia en jurisdicciones clave, incluidas la Unión Europea y el Reino Unido. En Brasil, país en que el nivel generalizado de crímenes ambientales tiene serias implicancias globales, el banco central ya está incorporando factores sociales, ambientales y climáticos a la normativa financiera.
A medida que aumenta la exposición de la información, también lo hacen las demandas judiciales de interés público, que ya están teniendo cierto éxito debido al largo historial de acciones legales contra compañías por complicidad en actividades ilegales dentro de sus cadenas de valor.
Sin embargo, todo esto no niega la necesidad de que los gobiernos adopten una actitud más estricta, partiendo por una aplicación más amplia y dura de las reglas AML. Por desgracia, siguen existiendo importantes barreras para el avance en este tema, como la dificultad para discernir flujos financieros ilícitos vinculados a los crímenes ambientales, en particular cuando están mezclados con flujos financieros limpios.
Además, la aplicación de las reglas depende de entidades reguladoras nacionales que divergen mucho en cuanto a recursos y capacidades. A menudo enfrentan presiones para evitar que impongan una carga que haga menos atractivas a sus jurisdicciones ante las instituciones financieras o tengan consecuencias de corto plazo para las comunidades y sus medios de sustento.
La acción colectiva podría ayudar a superar estas barreras, pero invariablemente avanza con lentitud y produce resultados conservadores. Por eso F4B recomienda el desarrollo de mecanismos específicos, aprendiendo de quienes han entablado demandas para librar a las cadenas de suministro de males como la esclavitud y la corrupción. Por ejemplo, el Proceso Kimberley –una iniciativa internacional con muchos actores interesados que aumentó la transparencia en el sector de los diamantes- ha ayudado a reducir el comercio de los llamados “diamantes conflictivos”.
La comunidad financiera haría bien en adoptar un enfoque así. Al impulsar un proceso de múltiples partes que cumplan sus compromisos de eliminar de sus carteras los vínculos a delitos contra el medio ambiente, los actores financieros podrían reducir los riesgos de ser demandados y a que su reputación resulte perjudicada, y ayudar a asegurarse de que las normativas estén bien diseñadas. Puede que el apoyo, los beneficios y, en último término, la perpetuación de los delitos contra el medioambiente no sean intencionados. Pero cuando se trata de proteger a la gente y al planeta, lo que cuenta son los hechos.
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Iran’s mass ballistic missile and drone attack on Israel last week raised anew the specter of a widening Middle East war that draws in Iran and its proxies, as well as Western countries like the United States. The urgent need to defuse tensions – starting by ending Israel’s war in Gaza and pursuing a lasting political solution to the Israeli-Palestinian conflict – is obvious, but can it be done?
The most successful development stories almost always involve major shifts in the sources of economic growth, which in turn allow economies to reinvent themselves out of necessity or by design. In China, the interplay of mounting external pressures, lagging household consumption, and falling productivity will increasingly shape China’s policy choices in the years ahead.
explains why the Chinese authorities should switch to a consumption- and productivity-led growth model.
Designing a progressive anti-violence strategy that delivers the safety for which a huge share of Latin Americans crave is perhaps the most difficult challenge facing many of the region’s governments. But it is also the most important.
urge the region’s progressives to start treating security as an essential component of social protection.
ÁMSTERDAM – Puede que uno de los emprendimientos criminales más rentables del mundo sea inesperado. Se trata de delitos como la pesca y la tala ilegales, el tráfico de basura y el comercio de vida silvestre. Y el sector financiero está cosechando enormes beneficios de estos delitos contra la naturaleza de la cual dependemos.
Cuesta exagerar el daño ambiental que provocan estos crímenes. Al destruir ecosistemas y agotar recursos naturales, destruyen medios de sustento, socavan instituciones de gobierno e impiden nuestra capacidad de dar respuesta al cambio climático.
Como señala un nuevo informe de Finance for Biodiversity (F4B), estos delitos generan hasta $280 mil millones al año, reduciendo los ingresos tributarios en cerca de $30 mil millones al año y perjudicando principalmente a los países más pobres y con mayor riqueza medioambiental. A menudo sin saberlo, las instituciones financieras incentivan esta situación al invertir en empresas que se benefician de estos crímenes, En la práctica, lavan las utilidades de los delitos contra el medio ambiente a través de las ganancias obtenidas con esas inversiones.
Se supone que las reglas contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) evitan la transformación de las ganancias procedentes de las actividades ilegales en dinero limpio. Por ejemplo, las reglas más estrictas y la mejor implementación ocurridas en los últimos años han dificultado la financiación del terrorismo. Pero la información inadecuada y las insuficiencias tecnológicas obstaculizan esas iniciativas, haciendo que las entidades normativas tengan que hacer frente a enfoques cada vez más sofisticados para ocultar los orígenes de los fondos.
La aplicación de las reglas AML son particularmente débiles si se trata de delitos medioambientales. Es meritorio el que el Grupo de Tareas de Acción Financiera –la agencia intergubernamental a cargo del combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo- haya elevado su perfil en esta área. Pero las acciones de importancia han quedado relegadas principalmente al comercio ilegal de vida silvestre, una actividad criminal que, a pesar de afectar a miles de especies silvestres y millones de personas, es solo una pequeña parte del problema.
Pero, incluso si las reglas AML actuales fueran aplicadas a más delitos medioambientales, eso no bastaría. Como muestra el informe de F4B, los retornos de la inversión derivados de estos delitos también tendrían que someterse a esas reglas.
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Las instituciones financieras, incluidos los fondos de pensiones, no solo ofrecen canales a través de los cuales los perpetradores de delitos medioambientales lavan sus ganancias; también invierten en sectores que dependen de la naturaleza como los alimentos, los productos forestales y la infraestructura, cuya rentabilidad se puede aumentar a través de este tipo de delitos. Por ejemplo, la tala ilegal puede hacer que haya más terreno disponible para la producción agrícola, con lo que se reducen los costes, se aumenta la producción y se mejora la calidad. El resultado es mayores utilidades para las empresas y retornos más altos para sus inversionistas. Si bien técnicamente las inversiones pueden ser legales, parte de los retornos se derivan de actividades criminales, lo que implica que las ganancias ilícitas se deben regular de manera correspondiente.
En teoría, las instituciones financieras ya cuentan con un incentivo para no apoyar a empresas que se benefician de delitos medioambientales: se arriesgan a incurrir en multas o incluso la suspensión forzosa de algunas actividades, convirtiéndolas en una apuesta riesgosa para los inversionistas. Sin embargo, los riesgos son demasiado pequeños para tener un efecto disuasorio para los inversionistas; en la mayoría de los casos, las leyes ambientales se aplican débilmente y, cuando se imponen multas, por lo general estas son pequeñas.
Pero si los riesgos crediticios no disuaden a los inversionistas, sí podrían hacerlo los crecientes riesgos a su reputación. A medida que las campañas públicas impulsadas por el análisis de datos cada vez más sofisticados conectan los vínculos entre las inversiones y delitos medioambientales específicos, las instituciones financieras se volverán cada vez más vulnerables al rechazo público hacia sus inversiones destructivas.
Sirve de ayuda el que los nuevos requerimientos ambientales de diligencia debida –más en lo inmediato, sobre la deforestación- pronto entrarán en vigencia en jurisdicciones clave, incluidas la Unión Europea y el Reino Unido. En Brasil, país en que el nivel generalizado de crímenes ambientales tiene serias implicancias globales, el banco central ya está incorporando factores sociales, ambientales y climáticos a la normativa financiera.
A medida que aumenta la exposición de la información, también lo hacen las demandas judiciales de interés público, que ya están teniendo cierto éxito debido al largo historial de acciones legales contra compañías por complicidad en actividades ilegales dentro de sus cadenas de valor.
Sin embargo, todo esto no niega la necesidad de que los gobiernos adopten una actitud más estricta, partiendo por una aplicación más amplia y dura de las reglas AML. Por desgracia, siguen existiendo importantes barreras para el avance en este tema, como la dificultad para discernir flujos financieros ilícitos vinculados a los crímenes ambientales, en particular cuando están mezclados con flujos financieros limpios.
Además, la aplicación de las reglas depende de entidades reguladoras nacionales que divergen mucho en cuanto a recursos y capacidades. A menudo enfrentan presiones para evitar que impongan una carga que haga menos atractivas a sus jurisdicciones ante las instituciones financieras o tengan consecuencias de corto plazo para las comunidades y sus medios de sustento.
La acción colectiva podría ayudar a superar estas barreras, pero invariablemente avanza con lentitud y produce resultados conservadores. Por eso F4B recomienda el desarrollo de mecanismos específicos, aprendiendo de quienes han entablado demandas para librar a las cadenas de suministro de males como la esclavitud y la corrupción. Por ejemplo, el Proceso Kimberley –una iniciativa internacional con muchos actores interesados que aumentó la transparencia en el sector de los diamantes- ha ayudado a reducir el comercio de los llamados “diamantes conflictivos”.
La comunidad financiera haría bien en adoptar un enfoque así. Al impulsar un proceso de múltiples partes que cumplan sus compromisos de eliminar de sus carteras los vínculos a delitos contra el medio ambiente, los actores financieros podrían reducir los riesgos de ser demandados y a que su reputación resulte perjudicada, y ayudar a asegurarse de que las normativas estén bien diseñadas. Puede que el apoyo, los beneficios y, en último término, la perpetuación de los delitos contra el medioambiente no sean intencionados. Pero cuando se trata de proteger a la gente y al planeta, lo que cuenta son los hechos.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen